Juicios políticos, la otra estrategia para debilitar a Maduro

Juicios políticos, la otra estrategia para debilitar a Maduro

Junio 02, 2019 - 07:55 a.m. Por:
Juan Francisco Alonso, corresponsal de El País
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro

Agencia EFE

La justicia tarda, pero llega. Así reza el refrán popular, pero en el caso venezolano parece haber mutado para agregar la coletilla y si no llega internamente, vendrá desde afuera.

A esta conclusión se llega tras ver cómo la semana pasada cuatro personas fueron detenidas en España por presuntamente legitimar capitales que habrían sido sustraídos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Entre ellos figura Alejo Morodo, hijo de Raúl Morodo, exembajador español en Caracas durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El caso engrosa la lista de 17 investigaciones o juicios existentes en seis países, entre los cuales figura Colombia, contra jerarcas y exjerarcas chavistas y también contra personas que se han beneficiado por sus contactos con ellos, lo cual parece ser otro elemento más en la estrategia para presionar desde el exterior a Nicolás Maduro para que deje el poder.

La organización Transparencia Venezuela, en su informe ‘Corrupción: Una historia con impacto internacional’, publicado a principios de mes, recopiló quince casos relacionados con enriquecimiento ilícito y narcotráfico, por el cual unas 70 personas estarían tras las rejas en EE. UU. o España o pesarían sobre ellas órdenes de detención internacional. El monto sustraído de las arcas públicas superaría los 13.000 millones de dólares.

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La investigación incluye procesos como el que terminó a finales de 2018 con la condena, a diez años de prisión, de Alejandro Andrade, extesorero de la Nación y exguardaespaldas del fallecido Hugo Chávez, quien se declaró culpable ante un tribunal de Florida de aceptar sobornos y comisiones a cambio de entregar miles de millones de dólares en bonos emitidos por la República a ciertos grupos, entre los cuales destaca el encabezado por el empresario Raúl Gorrín, quien en 2013 compró la televisora Globovisión, la única que hasta entonces mantenía una línea editorial abiertamente critica con el chavismo.

Otros casos son los abiertos en EE. UU. y Colombia contra el empresario Alex Saab, quien recibió jugosos contratos en los gobiernos de Chávez y de Maduro para suministrar alimentos y medicinas.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, el grupo de Saab habría inflado los montos, al presentar facturas alteradas, para así obtener más dólares, y esos fondos los habría desviado hacia distintas partes del mundo.

“Esa información nos ayuda a entender quiénes están involucrados, cuáles son esas personas, qué mecanismos de corrupción utilizaban y tratar de hallar sus vínculos con personas que aún tienen responsabilidades en el Estado venezolano”, explicó la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas.

A buscar afuera...

El número de procesos y de personas objeto de persecución es mayor si se incluye la denuncia que en noviembre de 2017 la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, presentó en la Corte Penal Internacional por violaciones a los Derechos Humanos.

En este caso, la otrora aliada del oficialismo señaló a Maduro, al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, y a otros altos oficiales de cometer delitos de lesa humanidad. Este proceso está en fase preparatoria.

Para De Freitas, que las autoridades judiciales de otros países actúen contra personas que habrían cometido delitos en Venezuela es otra demostración del control que el oficialismo ejerce sobre los jueces y fiscales.

“Presentar todos los casos sobre corruptos venezolanos nos permite probar que hay corrupción en el país, que está en el Alto Gobierno y que la justicia venezolana es cómplice porque los mantiene en la más absoluta impunidad, porque forma parte de esta trama de Gran Corrupción”, afirmó.

En similares términos se pronunció el constitucionalista Alí Daniels, quien se lamentó porque sean jueces extranjeros los que procesen a presuntos responsables de desfalcar al tesoro venezolano, porque con esto se ataca las consecuencias, pero no las causas de la corrupción.

“En el caso de Alejandro Andrade, por ejemplo, solo se vio la punta del iceberg, porque los sobornos son una parte del negocio. En este caso se dice que movilizó mil millones de dólares, entonces de cuánto era el negocio en total. A él se le enjuició por legitimación y no por corrupción, porque eso no le corresponde a EE. UU. sino al Estado venezolano. Tenemos una paradoja donde se sanciona a personas porque no pueden justificar el origen de sus bienes, pero no les se sanciona por cómo los obtuvieron o a quienes les permitieron obtenerlos”, reflexionó.

Para Daniels, quien es director de la organización Acceso a la Justicia, que monitorea la actuación de jueces y fiscales, el comportamiento de la justicia venezolana es vergonzoso y destaca el hecho de que sea el único país de la región donde el caso Odebrecht no ha terminado con nadie tras las rejas, pese a que sus directivos han admitido la entrega de millones a todas las orillas políticas.

“El tema de la corrupción en Venezuela pone a la gente del Gobierno y a la oposición en la misma posición. En el caso Odebrecht, por ejemplo, ha habido informaciones que aseguran que tanto el chavismo como la oposición recibieron dinero de esa compañía y en ese sentido la oposición ha guardado silencio en este tema que lo que hace es generar dudas en relación con sus reales intenciones de combatir la corrupción en el caso de que haya un cambio de régimen”, agregó.

¿Pero estos procesos tendrán alguna repercusión a lo interno? ¿Podrían ayudar a provocar un cambio político? Para el analista Luis Salamanca la respuesta es afirmativa.

“Los juicios, así como las sanciones, pueden abrir espacios para negociaciones y sobre todo socavar la alianza entre los militares y Maduro, porque estos son hoy el principal apoyo de Maduro. Estas medidas pueden forzar a ciertos funcionarios a negociar su entrega o disposición a colaborar con una eventual transición política ante el temor de terminar las rejas y/o de perder todo lo que se ha obtenido”, explicó.

Y puso como ejemplo el caso del exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, general Manuel Christopher Figuera, quien respaldó el movimiento militar encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el pasado 30 de abril.

Pese a que ha asegurado que sigue reconociendo al heredero del fallecido Chávez como su “comandante en Jefe”, Washington le levantó las sanciones al exjefe de los servicios secretos luego de los sucesos.

“Los juicios podrían provocar daños a la líneas de flotación del Gobierno, pues en la medida en que el Gobierno se desgaste y aumente el número de funcionarios sancionados o perseguidos, estos podrían pensar que es mejor cambiar de estrategia y negociar. Se podrían producir nuevas delaciones, las cuales por supuesto van a producir más enemistades dentro del chavismo, todo con tal de evitar la cárcel o que les quiten todo el dinero que han podido hacerse en estos años. Porque en la actualidad estamos en una situación que solo se puede describir como sálvese quien pueda”, remató el analista.

¿Por qué un funcionario o exfuncionario que esté en Venezuela debe temer a un tribunal extranjero? El caso del general (r) Hugo Carvajal es la respuesta. Diputado por el chavismo y exjefe de Inteligencia Militar durante más de una década, fue detenido días atrás en España por un proceso que tiene en EE. UU. por narcotráfico.

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