Gobierno de EE. UU. castigará a quienes salgan enfermos a la calle: esta es la medida oficial

En el estado de Washington, en Estados Unidos, existe una norma que contempla sanciones para las personas que, estando enfermas, se exponen en espacios públicos sin adoptar medidas para evitar el contagio a otros.

La disposición está contenida en el código revisado de Washington, que es el documento oficial de las leyes estatales permanentes vigentes en ese territorio, organizadas por temas y aprobadas por la legislatura estatal con la firma del gobernador.

De acuerdo con el artículo 70.54.050 de este código: “Toda persona que se exponga voluntariamente a otra persona, o a cualquier animal afectado por alguna enfermedad contagiosa o infecciosa, en cualquier lugar público o vía pública, excepto cuando sea necesario su traslado de una manera que no sea peligrosa para la salud pública; y toda persona afectada que exponga a otra persona a ello sin su conocimiento, será culpable de un delito menor”.

Además, el mismo código precisa: “Comete un delito menor quien, de forma voluntaria, se exponga en un lugar público de manera que pueda contagiar a otras personas una enfermedad infecciosa, salvo que se trate de un traslado necesario hecho sin poner en riesgo a la población. También comete un delito menor la persona que tiene la enfermedad y expone a otros sin que estos lo sepan”.

Esto significa que cualquier persona que sepa que padece una enfermedad infecciosa y aun así se exponga en lugares públicos, poniendo en riesgo a otros, podría ser sancionada. La norma no se limita a escenarios multitudinarios, sino que también podría aplicar en situaciones con pocas personas, e incluso en el ámbito privado, como invitar a alguien a su casa sin advertirle del riesgo de contagio.

La ley no fija una pena específica para esta conducta, por lo que entra a regirse por las reglas generales del sistema penal estatal. Según la sección 14 del capítulo 1 del Código Criminal de Washington, quien sea condenado puede enfrentar una pena de hasta 90 días de cárcel en una prisión del condado o una multa de hasta 250 dólares.

Aunque esos son los máximos contemplados, este tipo de sanciones no suele aplicarse de forma masiva y se reserva para casos puntuales relacionados con enfermedades de mayor gravedad o cuando se demuestra que hubo omisión deliberada de informar a otras personas sobre el riesgo de contagio.

Esta iniciativa existe desde 1909 y volvió a ser objeto de comentarios durante la pandemia de COVID-19, cuando algunos la relacionaron con los casos de contagio deliberado de enfermedades.