Fuertes medidas contra los inmigrantes ilegales en Florida, Estados Unidos, entraron en vigencia este sábado

En el estado de Florida entró en vigencia este sábado, 1 de julio, la que sería la norma más restrictiva para los inmigrantes indocumentados en todo el territorio de los Estados Unidos.

Se trata, en un primer vistazo general, de una serie de medidas que permitan la identificación de los extranjeros que se encuentren en esa condición en este territorio, los cuales después serán llevados a otros estados del país norteamericano o se trasladarán a sus países de origen.

Para esto no se escatimará en recursos, habrá una erogación de $ 12 millones de dólares del presupuesto del estado, ubicado en la costa suroriental del país norteamericano.

“Florida no será un estado santuario que permita que los extranjeros ilegales usurpen nuestras leyes. Las identificaciones emitidas por jurisdicciones santuario se invalidarán en el estado de Florida y el uso de una identificación falsa para obtener empleo ahora se considerará un delito grave”, manifestó Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, durante el pasado mes de mayo pasado, cuando fue firmada la ley.

Una de las medidas supone que incluso cuando un inmigrante sin papeles se encuentre requiriendo servicios médicos u hospitalarios, estas entidades tendrán que verificar el estatus migratorio de los pacientes en los registros de admisión y anunciar a las autoridades la anomalía.

Las licencias de conducción que sean entregadas por otros estados más laxos a los extranjeros sin documentos no serán válidas para transportarse en Florida. Asimismo, las empresas que contraten a individuos en esta condición también tendrán que pensársela dos veces a partir de ahora.

Emplear, contratar o referenciar a inmigrantes en situación irregular tanto en el ámbito público como privado puede significar una sanción de hasta $ 1000 dólares al día para estas empresas, las cuales tendrán, por obligación, que utilizar el sistema E-Verify para verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, en los casos en los que el personal exceda las 25 personas.

Incluso en los casos en los que los inmigrantes irregulares quieran pasar desapercibidos, sin llamar mucho la atención, se recurrirá a intentar hallarlos, y las personas que ayuden a ocultar, albergar o proteger a estos individuos también serán fuertemente multados.

Tan fuerte es la medida que, de acuerdo con estudios del Instituto de Políticas Migratorias de Florida, puede afectar a cerca de un millón de inmigrantes indocumentados, quienes se verán en una situación muy preocupante y, en el mejor de los casos, tendrán que mudarse a otros estados no tan restrictivos, pero tal vez con mayores dificultades en el campo de la cultura y el idioma.

Se estima que alrededor del 24 % de los ciudadanos indocumentados en Florida trabaja en la construcción, mientras que un 17 % lo hace en labores agrícolas. Otro 15 % tienen empleo en hostelería y servicios y un 9 % adicional se dedica al comercio minorista.

Reino Unido hace “cuentas” para expulsar a migrantes a Ruanda

El controvertido plan británico consistente en enviar a Ruanda --país africano a 6.500 km de Londres-- a los solicitantes de asilo rechazados costaría unas 169.000 libras (210.000 dólares) por persona, según una evaluación de impacto publicada el martes por el gobierno.

El ejecutivo conservador de Rishi Sunak afirma que aún así ahorraría gracias al recorte en ayudas a los asilados.

Como sus predecesores Liz Truss y Boris Johnson, Sunak --nieto de inmigrantes indios-- considera una prioridad reducir la inmigración al Reino Unido, una de las grandes promesas del Brexit.

Su gobierno quiere ilegalizar las solicitudes de asilo de quienes lleguen de forma irregular al país y enviar a esas personas a terceros países “seguros”, como Ruanda.

Una evaluación de impacto publicada el martes por el ministerio del Interior señala que el coste inicial de trasladar a una persona a un tercer país sería de unas 169.000 libras, incluidos el pago de 105.000 libras a dicho país, los billetes de avión y los gastos administrativos.

Pero predice un ahorro en ayudas durante cuatro años de 106.000 libras por cada solicitante de asilo trasladado, que podría ascender a 165.000 libras si los costes de alojamiento crecen al ritmo que se viene observando desde 2019.