Fiscalía allanó la sede del tribunal electoral de Guatemala

El tribunal electoral de Guatemala fue allanado este viernes por orden de la cuestionada fiscalía para requerir las actas del proceso electoral que llevó a la presidencia al socialdemócrata, Bernardo Arévalo, informaron fuentes oficiales.

“El operativo se desarrolla en seguimiento a las diligencias realizadas en la sede del COPE [Centro de Operaciones del Proceso Electoral] y tiene como fin recabar información para fortalecer la investigación”, indicó la Fiscalía en la red social X (antes Twitter).

El allanamiento fue rechazado por los magistrados del tribunal electoral, que lo calificaron como un acto intimidatorio para “poner en duda los resultados” de los comicios.

El pasado 12 de septiembre, la fiscalía allanó las instalaciones donde se resguardan las papeletas de votación de las elecciones del 25 junio y el balotaje presidencial del 20 de agosto en seguimiento a una denuncia de un ciudadano por supuestas anomalías en el proceso electoral.

Ese operativo y el de este viernes fueron dirigidos por el fiscal Rafael Curruchiche, quien ha orquestado múltiples actuaciones contra el tribunal electoral y el partido Semilla de Arévalo, hechos que han sido cuestionados en Guatemala y en el extranjero.

La fiscalía aclaró que el caso se encuentra en reserva, por lo que evitaron dar detalles de la investigación.

El añejo edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ubicado en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, fue rodeado por decenas de policías.

“Violación al sistema democrático”

Con este allanamiento, suman cuatro los operativos en sedes del TSE autorizados por un juez a pedido de la criticada Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que dirige Curruchiche.

El presidente electo Arévalo ha calificado las operaciones de Curruchiche como un “golpe de Estado” en curso para evitar que asuma el poder el 14 de enero, un señalamiento que rechaza la Fiscalía.

Los magistrados del TSE en un comunicado indicaron que los fiscales llegaron por las actas “originales” que contienen los resultados de la votación y lo calificaron como “una violación al sistema democrático guatemalteco”.

También condenaron “enérgicamente” el allanamiento e indicaron que el operativo “ha dejado al descubierto una serie de acciones intimidatorias destinadas a socavar la integridad de nuestra democracia y poner en duda los resultados electorales ya oficializados”.

“Rescate” de la democracia

El fiscal Curruchiche opinó lo contrario y declaró a periodistas que el trabajo de la FECI rescata “la democracia” y la “soberanía” que ha sido “violentada” por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y otros miembros de la comunidad internacional.

“La FECI trabaja con objetividad, imparcialidad y estas diligencias las consideramos como un rescate para la democracia, un rescate para la soberanía de este país que ha sido violentada por la OEA, la Unión Europea, por gobiernos extranjeros”, afirmó.

El allanamiento se desarrolla dos días después de que la Fiscalía a cargo de la fiscal general, Consuelo Porras, pidió levantar los fueros a los magistrados electorales para investigarlos por presuntas anomalías en la adquisición de un sistema informático que muestra los resultados preliminares de los comicios de junio y el balotaje de agosto.

“Instamos al binomio presidencial, a los 340 alcaldes, 160 diputados al Congreso de la República y 20 diputados al Parlamento Centroamericano, electos libre y democráticamente mediante el voto de la ciudadanía a que se unan a la defensa de la democracia”, agregó el TSE.

Estados Unidos tiene en una lista de personajes “corruptos” y “antidemocráticos” a Porras y Curruchiche, así como al juez Fredy Orellana, quien ha avalado los allanamientos al TSE y suspendió a Semilla por supuestas irregularidades en su conformación.

La suspensión, ordenada después de que Arévalo sorprendió al colarse a la segunda vuelta, fue pausada por la justicia electoral, pero cobrará vigencia en noviembre al cerrarse el ciclo electoral.

El presidente electo mantiene una batalla en las altas cortes para dejar sin efecto la suspensión de su partido y también ha exigido la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana.