¿Es posible que Nicolás Maduro sea condenado a muerte en Estados Unidos? Esto dice la ley

La posibilidad de que Nicolás Maduro pudiera ser condenado a muerte en Estados Unidos dependería de los cargos que se formulen en su contra y de las condiciones previstas en la legislación federal. Aunque el abogado Kelvis Zambrano planteó ese escenario durante una entrevista en La FM Fin de Semana, la ley establece requisitos específicos para imponer la pena capital por tortura y excluye expresamente esa sanción para el delito de conspiración.

La información, divulgada el 8 de octubre de 2026, señala una presunta conspiración para cometer tortura que se sumaría a los señalamientos relacionados con narcotráfico y armas contra el mandatario venezolano. No obstante, el alcance de esta acusación y su eventual incorporación a un proceso penal deberán establecerse a partir de los documentos oficiales de la justicia estadounidense.

Durante la entrevista radial, Kelvis Zambrano, abogado constitucionalista, especialista en derechos humanos y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, analizó las posibles implicaciones jurídicas del caso y explicó bajo qué condiciones Estados Unidos podría investigar y juzgar presuntos actos de tortura cometidos fuera de su territorio.

El jurista aseguró en ese espacio radial que participó en una solicitud elevada al Departamento de Justicia para que se investigaran presuntos actos de tortura. Según relató, activistas y organizaciones entregaron información sobre estructuras institucionales que, supuestamente, habrían facilitado abusos contra detenidos y opositores.

Zambrano explicó que el Estatuto Federal contra la Tortura, incorporado al Título 18 del Código de Estados Unidos, prevé jurisdicción sobre conductas cometidas fuera del país bajo condiciones específicas. Entre ellas figuran la nacionalidad estadounidense del presunto responsable o su presencia en territorio estadounidense. “La legislación de los Estados Unidos permite que personas que han cometido actos de tortura fuera de su territorio puedan ser condenadas”, sostuvo el abogado.

El punto más sensible de la discusión fue la eventual pena. Durante la entrevista, Zambrano planteó que podía contemplarse una condena capital. Sin embargo, el artículo 2340A establece que la pena de muerte por tortura extraterritorial solo procede cuando la conducta causa el fallecimiento de una persona. La norma excluye expresamente esa sanción para la conspiración, aunque mantiene otras penas. Por tanto, el cargo de conspiración, por sí solo, no permite concluir que Maduro enfrente una sentencia de muerte.

El abogado afirmó que los documentos reunidos fueron remitidos al fiscal encargado del asunto en Nueva York. “Todo esto fue entregado al fiscal que lleva el caso para sustentar el acto de acusación”, dijo, antes de señalar que, a su juicio, existe una posibilidad real de condena. Esa valoración, no obstante, dependerá de que una corte admita las pruebas, establezca su pertinencia y determine si los hechos encajan en los tipos penales imputados por la Fiscalía.

Respecto de los posibles ejecutores materiales y otros funcionarios, Zambrano sostuvo que las autoridades podrían ampliar las pesquisas si aparecen elementos que acrediten su participación. Pero subrayó una limitación decisiva: Estados Unidos no ejerce una jurisdicción universal automática. Para procesar actos de tortura ocurridos en el extranjero, la ley exige, entre otros supuestos, que el investigado sea estadounidense o esté físicamente en territorio norteamericano. La regla condiciona cualquier investigación contra personas que permanezcan fuera de ese país.

El análisis jurídico expuesto en La FM también diferenció este caso de la investigación abierta en la Corte Penal Internacional. La CPI examina posibles crímenes de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma y debe acreditar un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil, además de las responsabilidades individuales. En contraste, la justicia federal estadounidense aplicaría sus propios delitos, requisitos de competencia y reglas probatorias. “Se trata de dos procesos diferentes”, resumió el especialista.

Por ahora, ninguna acusación equivale a una declaración de culpabilidad. El desenlace dependerá de los cargos formalmente presentados, de la evidencia que sobreviva al control judicial y de las garantías de defensa. La atención estará puesta en los documentos oficiales, las eventuales órdenes de captura y las decisiones que adopten los tribunales competentes. También estará en la verificación independiente de los hechos formalmente denunciados.