Chile anuncia expulsión de migrantes irregulares de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció desde Buenos Aires que su Gobierno comenzará en las próximas semanas un proceso gradual para expulsar a migrantes en condición irregular, con énfasis en ciudadanos provenientes de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador.

El mandatario chileno hizo estas declaraciones tras reunirse con su homólogo argentino, Javier Milei, en el marco de su primer viaje oficial al exterior. Allí señaló que su administración ya hizo un llamado a quienes ingresaron al país sin cumplir los requisitos legales para que abandonen el territorio de forma voluntaria.

“Hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir voluntariamente... si no lo hacen voluntariamente, esa posibilidad (de vivir en Chile) se va a cerrar definitivamente”, afirmó Kast.

Advertencia y proceso legal

Kast explicó que su Gobierno busca aplicar la ley sin generar alteraciones sociales, pero dejando claro que se enfrentarán las conductas que estén por fuera del marco legal, incluida la migración irregular. La estrategia apunta a que las personas sin documentos salgan del país y si desean regresar, inicien desde cero su solicitud formal de residencia.

Esta medida, según expertos, podría dejar en una situación de vulnerabilidad a miles de personas que no tendrían garantías de poder retornar.

El presidente chileno también mencionó la posibilidad de habilitar un “corredor humanitario” terrestre para facilitar la salida hacia países vecinos como Perú, Ecuador o Colombia. En el caso de Venezuela, dijo que espera que se restablezcan los vuelos hacia ese país para evitar la necesidad de ese corredor por vía terrestre.

Freno a regularización y nuevas leyes

Como primera decisión de su agenda migratoria, Kast ordenó detener el proceso de regularización de 182.000 migrantes que había impulsado el gobierno anterior de Gabriel Boric. Esta acción estaba entre sus principales promesas de campaña.

Además, anunció que presentará al Congreso dos proyectos de ley: uno para sancionar a quienes faciliten el ingreso irregular al país y otro para tipificar como delito la entrada ilegal a Chile.

Desde organizaciones chilenas advierten sobre el impacto que estas decisiones pueden tener. Los expertos señalan que cerca de 338.000 personas se encuentran en situación irregular y que, de ellas, 182.000 entregaron datos en el proceso de registro anterior.

Según estos organismos en Chile, los migrantes aportan cerca del 10% del Producto Interno Bruto chileno y la falta de regularización dejaría a miles de trabajadores sin acceso a derechos básicos.