Cali: El gigante dormido de la contratación que despierta con el fallo de la Corte

Por: Juan David Duque Botero, CEO, Nación Compra Pública Digital / jduque@duquebotero.com

En la Alcaldía de Cali, la tecnología se ha comprado históricamente como si cada secretaría fuera una isla. Esta fragmentación hace que el Distrito pierda poder de negociación y pague precios de “minorista”. Sin embargo, la reciente Sentencia C-138 de 2025 de la Corte Constitucional ha trazado una hoja de ruta clara: Cali puede —y debe— revolucionar su gasto público, siempre que respete el delicado equilibrio de la autonomía territorial.

El fallo: Libertad con responsabilidad

La Corte ha ratificado que ciudades como Cali tienen la potestad de organizar sus propios Acuerdos Marco de Precios (AMP) cuando las soluciones nacionales no se ajusten a la realidad local. No obstante, el fallo introduce una precisión vital: cualquier reglamento que module la obligatoriedad de estos acuerdos debe respetar los límites de la autonomía constitucional, protegiendo las funciones esenciales y las competencias propias de cada entidad.

¿Qué significa esto para Cali? Que la centralización no puede ser la excusa burocrática, sino una plataforma de servicios. El Distrito tiene el respaldo para organizarse y comprar en bloque, pero garantizando que cada secretaría mantenga su capacidad técnica para definir qué herramientas necesita para cumplir su misión.

El poder de la “compra agregada”

El reto es pasar de la atomización a la agregación de demanda estratégica. No es lo mismo comprar 100 computadores para una oficina que negociar 10.000 para todo el Distrito. Bajo un modelo de gasto consolidado, proyectado en $85.000 millones para el sector TI, los beneficios son tangibles:

• Precios de mayorista: Al consolidar la demanda, la ciudad exige descuentos de gran escala que hoy se diluyen en contratos pequeños.
• Ahorro de $11.800 millones anuales: Recursos que podrían transformarse en 15.000 computadores nuevos para escuelas o en el fortalecimiento de la Red de Salud Pública.
• Agilidad jurídica: Al estandarizar procesos, se reducen las licitaciones repetitivas, permitiendo que las secretarías se enfoquen en su gestión y no en la carpintería legal de cada compra.

El reto: Coordinación sin imposición

Para que este modelo prospere bajo el estándar de la Corte, Cali necesita una inteligencia institucional operativa. El desafío es crear una “tienda virtual” interna que funcione por incentivos y eficiencia, no por simple imposición administrativa. El éxito radicará en demostrar que comprar a través del Acuerdo Marco Distrital es más rápido, económico y transparente que hacerlo por cuenta propia.

Conclusión

La Sentencia C-138 de 2025 es un llamado al orden administrativo. Cali tiene la oportunidad de dejar de ser un conjunto de entidades dispersas para convertirse en un comprador estratégico que respeta la especialidad de sus secretarías mientras optimiza cada peso del contribuyente.

El balón está en la cancha de la administración: es el momento de demostrar que la autonomía territorial no es una excusa para el gasto ineficiente, sino la herramienta para que el dinero de los caleños rinda más.