Víctimas en todo el país claman para que el Estado lleve a cabo la reparación

Durante la conmemoración del Día de las Víctimas del Conflicto Armado, la mayor denuncia hecha por quienes han sufrido la violencia ejercida por grupos armados es la poca eficacia de la reparación.

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas, la Alcaldía Mayor de Bogotá organizó un foro en el que las víctimas de diferentes partes del país escucharon las experiencias de representantes internacionales sobre la paz y la reconciliación. La primera intervención en el evento estuvo a cargo de la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, Paula Gaviria, quien afirmó que “a pesar de la lentitud con que avanzan los procesos de reparación, el solo hecho de que por primera vez el Estado haya reconocido que muchos grupos sociales, políticos y comunitarios fueron violentados y deben ser reparados, es un avance significativo”. Lea aquí: Solo el 1,7 % de solicitudes de restitución de tierras ha sido fallado en Colombia En representación de las víctimas habló Virgelina Chará, una líder afrocolombiana de víctimas del desplazamiento en el Cauca, quien afirmó que “hoy no se necesita crear más normas, lo que se necesita es que se cumplan las que ya existen”. Ella, que lleva casi dos décadas luchando por los derechos de las mujeres afrocolombianas desplazadas en el suroccidente del país, emitió fuertes críticas al proceso de restitución de tierras que “avanza lento porque el Gobierno pone a decidir a los militares dónde se hace la restitución”. La líder de víctimas también se queja por la mala o ausencia total de información en las regiones “para que quienes fueron despojados puedan presentar sus reclamaciones”, a lo cual agregó la lentitud en los juzgados de restitución de tierras. Por estas razones, la comunidad que ella representa propone que “las tierras que no tengan otros demandantes se puedan restituir por vía administrativa”, sin acudir a los jueces de restitución. Para ella, durante una negociación como la colombiana, en que la reparación se realiza en medio del conflicto armado, “es necesario agilizar las cosas, para que las tierras no vuelvan a caer en manos de los actores armados”. Los refugiados también son víctimas que deben ser reparados En el foro, que se llevó a cabo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, participó la ecuatoriana Karina Sarmiento quien dirige la sede de la organización Assylum Access en ese país. Ella habló sobre su experiencia con las comunidades a las cuales la violencia colombiana ha impulsado a emigrar hacia ese país. De acuerdo con Sarmiento, “a pesar de que cada día más colombianos pasan la frontera para alejarse de la violencia colombiana, hasta ahora solo hay 55 mil refugiados reconocidos legalmente por las autoridades de Ecuador”. La labor de ella y varios funcionarios y voluntarios de la fundación Assylum Access en ese país es la de apoyar a los refugiados para que legalicen su estatus. Según Sarmiento, a nivel internacional existen dos definiciones de la palabra ‘refugiado’. La primera se implementó en 1951, luego de la Segunda Guerra Mundial, en la que se definió a estas personas como “alguien que ha sido desplazada de su propio país, por la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política”. Esta convención fue firmada por los países de América Latina en 1967. La segunda definición extiende el significado legal de la palabra y fue firmada en la ciudad de Cartagena (Bolívar) en 1984. Allí se dice que “refugiada es la persona que ha huido de su país porque ve amenazada su vida, su seguridad o libertad, debido a situaciones de violencia”. Esta convención fue firmada por casi todos los países del mundo, incluyendo a Ecuador. A pesar de esto, Karina Sarmiento cuenta que la firma de la Convención de Cartagena por parte de Ecuador fue anulada por el presidente Rafael Correa en 2012, por lo que ahora es mucho más difícil para los colombianos en ese país legalizar su situación. Sarmiento explica que “cuando una persona se declara oficialmente refugiada en un país, puede acceder a todos los derechos ciudadanos de ese país”. Según ella, los refugiados tienen el derecho a la salud, a la educación, al acceso al trabajo y “los Estados que acogen a los refugiados adquieren al compromiso de hacer respetar esos derechos”. Ella da cuenta de cómo la derogación de la Convención de Cartagena en Ecuador ha afectado la vida de los colombianos en ese país, quienes son discriminados por su origen. “A los colombianos los rechazan, los tratan de delincuentes, de narcotraficantes, de guerrilleros y les cierran todas las oportunidades, llegando a negarles hasta sus derechos más básicos como la atención de urgencias hospitalarias”, aseguró Sarmiento. Ella cuenta que gracias a esto, muchas víctimas que llegan a ese país “han sido revictimizadas” tanto por el Estado ecuatoriano que les niega muchos accesos, como por algunos ciudadanos de ese país que también los rechazan y, en ocasiones, atentan contra la dignidad de ellos. Lo que la fundación en la que ella trabaja busca es que, a través de redes de apoyo, los refugiados colombianos en ese país se vayan ganando su espacio en la sociedad ecuatoriana, “mostrándose diferentes a los delincuentes que cruzan la frontera colombiana para hacerle daño a los ciudadanos de ese país”. Con esto también busca que el Gobierno ecuatoriano regrese a la Convención de Cartagena y que “también haga la diferencia entre los colombianos que van a allá a delinquir y quienes lo hacen porque no tienen otra opción”.