Solucionar la crisis carcelaria le costaría al país cerca de $4 billones

Así lo informó el Ministro de Justicia quien aclaró que las soluciones parciales que están en marcha apenas solucionarán el 30 por ciento del hacinamiento.

Si el Estado colombiano quisiera solucionar de raíz el problema del hacinamiento carcelario, que hoy supera el 53% a nivel nacional, tendría que disponer de cuatro billones de pesos, es decir el recaudo mal contado de dos reformas tributarias. Se trata de una problemática tan “inveterada”, como dice el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, que las soluciones parciales que están en marcha apenas solucionarán el 30 por ciento del hacinamiento en el país, con una inversión que supera el billón 200 mil millones de pesos. En todos los establecimientos carcelarios colombianos sumados hay en este momento casi 130 mil internos, cuando los cupos apenas llegan a 65 mil, es decir el faltante es de más de 60 mil. Obviamente, hay cárceles con niveles de hacinamiento más que críticos: Riohacha con 474%; Santa Marta 353%, o Magangué con 320%, por mencionar solo algunas. Es claro, también, que el Gobierno Nacional ha venido trabajando en diversas estrategias para tratar de superar la situación. Una fue la reforma al Código Penitenciario y Carcelario (Ley 1709 de 2013) que ha permitido la excarcelación de unos cuatro mil internos, aunque la idea es llegar a 10 mil. Otra es la adecuación de algunas prisiones y la construcción de más pabellones en cárceles ya existentes. Entre el año pasado y este se espera adecuar entre cinco mil y seis mil cupos para que los internos vivan en condiciones más dignas. "A mediano plazo, hicimos un convenio con el Ejército para desarrollar diez proyectos de los cuales ya hay dos en construcción: Guaduas y Tierralta (Córdoba); ahí tendremos más o menos 1.500 cupos adicionales. Esos dos proyectos nos cuestan alrededor de 45 mil millones de pesos”, explica Harold Linares, director de Infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. El funcionario agrega que cárceles nuevas propiamente dichas son cuatro, que aportarían unos 7500 cupos: Pereira, Fundación (Magdalena), Riohacha, y Valledupar. Sin embargo, Linares, al igual que otros expertos, considera que el problema de la crisis carcelaria no se resuelve solo con más infraestructura. Política criminal La semana pasada, los 51 sindicatos del Inpec iniciaron la ‘Operación reglamento’ en todo el país para no recibir más internos en aquellos establecimientos donde se supere el 20 % de hacinamiento. Solo en las Unidades de reacción Inmediata (URI) de Bogotá el hacinamiento supera el 230 %. Esta parálisis afectó más de 400 audiencias públicas y amenazó con la excarcelación de cientos de presos por vencimiento de términos. Pero, ¿por qué se llegó a esta situación en el país? Las explicaciones son varias. “Este problema es consecuencia de una política criminal incoherente, coyuntural y reactiva, que con mucha frecuencia incrementa las conductas delictivas con privación de la libertad, aumenta las penas de prisión, abusa de la privación de la libertad como medidas de aseguramiento por parte de los operadores de la justicia penal, restringe la posibilidad de acceso a los subrogados penales y beneficios administrativos, entre otros efectos”, dijo el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. El Defensor del Pueblo afirmó que el hacinamiento afecta los derechos humanos de la población reclusa porque atenta contra su dignidad, estimula la corrupción y violencia, obstaculiza el proceso de reinserción social y resocialización y disminuyen las oportunidades de trabajo, educación y recreación. Eso sin contar con que “la sobrepoblación carcelaria dificulta la capacidad de control y la gobernabilidad por parte de las autoridades carcelarias y la obligación del Estado de garantizar la vida e integridad física de las personas privadas de la libertad”, según Otálora Gómez. La Defensoría ha visitado en los últimos 20 meses 36 centros penitenciarios y carcelarios en todo el país, ha pedido el inicio de investigaciones por diferentes irregularidades y vía tutela ha conseguido mejorar las condiciones de vida en varios de estos lugares. Y aunque el Defensor reconoce que la Ley 1709 ha ayudado “en algo”, “en lo que respecta a los procesados o imputados, en lugar de disminuir se ha venido registrando un incremento debido a la proliferación de medidas de aseguramiento”. Es decir –concluye Otálora Gómez- “que, sin lugar a dudas, se requiere una reforma estructural del Código Penal y de Procedimiento Penal que se armonice con el nuevo Código Penitenciario y Carcelario”. Para este informe se intentó contactar al director del Inpec, general Saúl Torres Mojica, para conocer sus puntos de vista, pero no fue posible.