Siete millones de tutelas se han radicado en la Corte Constitucional

En el año 2015, Campo Elías López Morón logró que una comunidad afrodescendiente ubicada en La Guajira tuviera mejores condiciones de vida. Por medio de una acción de tutela instaurada en la Corte Constitucional, este abogado logró que el alto tribunal les protegiera su derecho a la vida, la salud, un ambiente sano e intimidad, al ordenarle a una compañía minera vecina que no afectara con sus actividades el bienestar de estas personas.

López Morón es una de las siete millones de personas que al día de hoy han instaurado este recurso ante las autoridades judiciales para que no se vulneraran sus derechos fundamentales y su tutela es una de las que más recuerda el hoy presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, quien asegura que este mecanismo, el cual rige desde hace 27 años, es la garantía de que a los colombianos no se les vulnere sus derechos y de que exista un acercamiento entre el ciudadano y la justicia.

No obstante, el togado aclara que si bien fueron recibidas las siete millones de solicitudes, de estas fueron admitidas y estudiadas un bajo porcentaje. Por ejemplo, durante 2017 los colombianos radicaron un total de 607.500 tutelas, de las cuáles tan solo el 0.25% fueron admitidas.

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Linares explica que si bien se busca dar solución a todos los requerimientos de los colombianos, en la Corte Constitucional, la última instancia en materia de tutelas y cuyos fallos han sentado históricas jurisprudencias frente a diferentes temas, cada mes dos magistrados son los encargados de entrar a ‘Sala de Revisión’ y verificar cuáles son los documentos que pasarán a los despachos de los togados para ser estudiados y fallados.

“Tal sala se rige por dos parámetros, son subjetivos u objetivos. La primera clasificación es si aquellos que interponen la tutela son un grupo vulnerable, población indígena o minorías. Y en el segundo carácter, revisamos si son temas novedosos y sobre el cual la Corte no ha dado algún concepto”, dijo Linares.

En este caso, el Presidente de la Corporación señala que no todos los casos son estudiados por la Corte debido a que en muchas ocasiones los ciudadanos abusan de dicho mecanismo, por lo que asegura que son los jueces quienes deben seguir los precedentes del alto tribunal, además de “tener mucho sentido común al momento de otorgar una tutela porque es importante que las decisiones se puedan cumplir de manera efectiva, ya que de nada le sirve al ciudadano tener una sentencia que no se pueda llevar a la práctica”.

De acuerdo con el Presidente de la Corporación, las acciones de tutela son más utilizadas en lugares del país donde el ciudadano tiene acceso a entes de justicia con mayor facilidad, como las ciudades principales, sin embargo, aclara que “la tutela no es la panacea para resolver todos los problemas que uno tiene en la vida”.

Y aunque Linares celebra que la tutela haya llegado a tal número de radicados durante estos 27 años, no desconoce que las entidades están fallando. “También es un indicador de la problemática que tiene Colombia en distintas áreas como lo son la salud, el derecho de petición, la seguridad social y el debido proceso, entre otras. Eso lo que muestra es que las autoridades públicas no le responden a los ciudadanos sus derechos de petición”.

Una vez el mandato de Iván Duque empezó a regir se habló de una reforma a la justicia. En este caso, no solo el Gobierno Nacional consideró hacer cambios, también se ha conocido el proyecto ya radicado del partido político Cambio Radical.

En ambas iniciativas se ha planteado hacer una renovación en la acción de tutela. Desde el Gobierno, anunciaron que se deben “crear jueces y magistrados que se especialicen en resolver tutelas. Antes de que dicten sentencia, los jueces y magistrados tendrán que evaluar si su decisión vulnera algún derecho fundamental de alguno de los sujetos procesales”.
En el caso específico del proyecto de Cambio Radical, señalaron los miembros del partido político, que se deben prohibir las ‘tutelatones’ para que los jueces se concentren en las verdaderas violaciones de derechos humanos.

“Uno de los mayores atentados contra la acción de tutela ha sido su manipulación política para beneficiar a determinadas personas que colocan a miles de ciudadanos a interponer acciones de tutela para aumentar sus posibilidades de una decisión favorable”, dijeron en su proyecto de ley.

En ese caso, el abogado constitucionalista Rubén Darío Henao considera que los proyectos presentados durante los últimos días, “están dirigidos a tratar de cortar o recortar poderes a la acción de tutela. La acción de tutela es tal vez, el instituto más importante de la Constitución de 1991 porque acercó el Estado de Derecho al ciudadano de a pie”.

A la voz del constitucionalista se une la del expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, quien asegura que si la acción de tutela desaparece, “se haría nugatoria la posibilidad de que las personas pudieran reclamar mediante un procedimiento ágil y eficaz la violación de sus derechos fundamentales. En ese caso, regresaríamos a una situación como la anterior a la Constitución de 1991, en la que se proclaman los derechos, pero no establece un medio expedito ágil y efectivo para hacerlos realidad, sería un retroceso en la evolución de los derechos en Colombia”.

Por otro lado, Eduardo Cifuentes, presidente de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), coincide en que la acción de tutela es el mecanismo más efectivo para buscar la protección de los derechos, sin embargo, aseguró que los siete millones de radicados alcanzados la semana pasada, pone de presente un espacio muy preocupante de violación y vulneración de los derechos.

“Si las personas acuden a la tutela para poner una garantía frente a una transgresión de los derechos fundamentales, por lo menos eso es un indicio de que igualmente y de manera lamentable tenemos que registrar una masiva violación de derechos fundamentales”, dice.

Desde la arista académica, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, Manuel Fernando Quinche, opina que la acción de tutela se encuentra en “un ambiente de regresión promovido por los propios magistrados de la Corte Constitucional, que han introducido reglas que han disminuido los estándares de protección de la gente”.

De acuerdo con la Corte Constitucional, Bogotá y Medellín representan el 31.2 % del total de tutelas radicadas. Durante el 2017, en la capital del país se registraron 100.334 y en Medellín, 89.180.

Mientras que Cali, que aparece en el tercer lugar, tuvo registro de 32.984 acciones radicadas. Como cuarto lugar está Bucaramanga con 19.414 registros y Barranquilla aparece en un quinto puesto con 17.787 tutelas.

Otro dato relevante es que el 50.8 % de las 607.500 tutelas instauradas el año pasado, es decir 308.900, fueron interpuestas por mujeres. Los hombres, por su parte, presentaron 287.062, mientras que la comunidad Lgbti interpusó 172 acciones.

Dos veedores ciudadanos, Luz Betty Jiménez de Borrero y Pablo Borrero, dicen que el proyecto que se quiere presentar sobre la tutela, de ser aprobado, iría en contra del ordenamiento constitucional.

De la misma manera, los veedores aseguran que de esta manera no solo se ponen en riesgo los derechos sustanciales y procesales de las personas, sino que se estaría violando el principio de legalidad tan caro a la democracia.