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El pueblo Awá ha denunciado distintas amenazas. | Foto: Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic

NARIÑO

Secretaria del cabildo indígena Awá fue asesinada en Nariño

Lilia Patricia García, de 43 años de edad, fue asesinada en cercanías a la quebrada Guaguí por un hombre encapuchado. El pueblo Awá exigió al Gobierno Nacional más garantías.

17 de octubre de 2019 Por: Colprensa

Este jueves se confirmó el asesinato de Lilia Patricia García, de 43 años de edad, habitante del territorio ancestral de Watsalpí, quien se desempeñaba como secretaria del Cabildo del Resguardo Indígena Awá.

El caso se presentó el pasado 13 de octubre en cercanías a la quebrada Guaguí, parte del corregimiento de Buenavista en Barbacoas, piedemonte costero nariñense.

Según la denuncia realizada por la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Lilia fue herida por un hombre encapuchado que le disparó por la espalda en una sola ocasión, mientras se desplazaba por el camino que conduce desde la carretera principal del corregimiento de Buenavista, del municipio de Barbacoas, hacia la institución educativa llamada Los Telembies, lugar en donde estudian niños y niñas que se encuentran en situación de desplazamiento.

García se desempeñaba como secretaria del Cabildo Indígena Awá de Watsalpí, según se dio a conocer por parte de la unidad, desde hace más de ocho años solicitaba a entidades como el Incoder, la constitución legal del Resguardo Indígena, sin que existieran avances significativos en el proceso.

“Para la familia García el asesinato de Lilia es una demostración de la persecución de la que han sido víctimas, pues el 25 de junio de 2015 fue asesinado su hijo de 15 años de edad, quien fue reclutado a la fuerza por el grupo de ‘Los Rastrojos’, después de estar a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, entidad que no garantizó su protección”, dijeron en un comunicado.

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Lilia García era madre de seis hijos, entre ellos cuatro menores de edad. “La Unidad hace responsable al Gobierno Nacional de todos los hechos victimizantes que han ocurrido en el territorio, debido a la ausencia de garantías en seguridad, protección, salud, educación, alimentación y las continuas amenazas de grupos armados que hacen presencia en la zona como el Frente Oliver Sinisterra”.

Consejo de seguridad

El miércoles se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en la población de Chachagüí, a 30 minutos de Pasto, donde la Gobernación de Nariño, a través del Ministerio de Defensa y la cúpula militar, reportó ante el Gobierno Nacional las preocupaciones que en materia de orden público existen en las zonas de cordillera, pacífico y la vía Panamericana, en límites con el departamento del Cauca. La intención es que se tomen medidas urgentes y se consolide la seguridad ciudadana en la recta final de este año.

“Después del compromiso asumido por el señor presidente en su visita a Pasto, se realiza este consejo de seguridad. Habíamos expuesto desde el Gobierno Departamental la necesidad de hacer una intervención y una evaluación de lo que viene sucediendo en el Municipio de Samaniego y la Cordillera, y hoy recibimos con muy buena intensión la noticia del ministro sobre la presencia de la fuerza pública en esas zonas, donde se adelantarán operativos para contrarrestar y garantizar el orden público”, dijo el secretario de Gobierno de Nariño, Mario Viteri Palacios.

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De igual manera, se pidió poner atención a los desplazamientos masivos que se han venido registrando en algunas zonas de la costa pacífica, y la seguridad en la vía Pasto-Popayán, especialmente en el sector de Remolino.

“Hemos conminado al Gobierno del departamento del Cauca para hacer un consejo de seguridad interdepartamental y le hemos pedido al ministro de Defensa que se tome medidas, como las que se han tomado en años anteriores, donde se fortalece el acompañamiento de la fuerza pública en caravanas vigiladas, pero sobre todo restablecer la estrategia de la patrulla móvil Meteoro, que dio muy buenos resultados, frente a la vigilancia de este sector de carretera”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, comentó que están “comprometidos con la observancia de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, con las leyes, la constitución y hemos venido trabajando de manera articulada con la Defensoría del Pueblo y una de las preocupaciones grandes era la alerta temprana número 32 sobre el municipio de Samaniego, la cual hemos tenido posibilidades de discutir con todos los actores que aquí están presentes”.

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