¿Se respetará la tregua de 30 días entre Los Shottas y Los Espartanos en Buenaventura?

Dos de los grupos delincuenciales con mayor presencia en Buenaventura, Los Shottas y Los Espartanos, quienes se disputan el control del territorio, anunciaron el miércoles su voluntad de paz que incluye una tregua de 30 días.

De acuerdo con un comunicado del Alto Comisionado para la Paz, ambas estructuras se comprometieron a “disminuir el hurto, rechazar la extorsión y eliminar las fronteras invisibles”, pactos logrados a través del espacio de conversación sociojurídica que se instaló en la ciudad el pasado 18 de julio.

Este nuevo intento para frenar el conflicto en Buenaventura es un avance para reducir la violencia en todo el departamento del Valle, el cual está atravesando un grave periodo de inseguridad.

Aunque disminuir la criminalidad en el territorio es de vital importancia, el investigador y corresponsal de conflictos armados, Néstor Rosanía, explicó que este acuerdo es inestable debido a que el municipio sigue siendo el punto desde donde sale la droga de Colombia hacia el exterior, lo que dificulta que los procesos de paz prosperen.

“Mientras Colombia siga siendo el primer productor de cocaína a nivel mundial y el 70% de la misma salga por el Pacífico siempre va a haber un nuevo grupo que llegue para intentar controlar el mercado”, sostuvo.

Por su parte, el exuniformado y experto en seguridad, Héctor Herrera, mencionó que la imposibilidad de que los convenios entre las estructuras criminales y el Gobierno Nacional den fruto es que, muchas veces, los cabecillas no tienen el control total de las agrupaciones.

Sobre esto, Rosanía señaló que “estos acuerdos sirven para reconocer si las organizaciones tienen control sobre la base. Por ejemplo, al Clan del Golfo no le funcionó el cese al fuego porque demostró que no tenía mando sobre todos sus integrantes; de la misma manera, el ELN con el supuesto atentado al Fiscal podría mostrar que no tiene control total sobre sus bases”.

Asimismo, Herrera señaló que esas acciones pueden condicionar a que, aunque los líderes de las bandas tengan voluntad de realizar treguas, algunos integrantes no quieran hacerlo y desobedezcan el cese a hostilidades.

A pesar de estas posibles dificultades, ambos especialistas coinciden en que la voluntad de paz que han demostrado los grupos es un avance positivo y que ahora es el turno del Gobierno Nacional de hacer cumplir lo pactado.

“Es una esperanza de que por fin el Estado llegará con toda una infraestructura a la ciudad, porque está el puerto privado y con inversión extranjera, pero de espaldas a la comunidad y al desarrollo del pueblo”, enfatizó Rosanía.

Un respiro para Cali

Las dinámicas del conflicto en Buenaventura impactan directamente en los demás municipios del departamento, por lo que un pacto de no agresión entre dos de las estructuras delictivas más fuertes de esa ciudad puede aportar a la seguridad de Cali.

Sin embargo, al ser un acuerdo corto, si la administración actual no plantea estrategias y proyectos ejecutables, la violencia escalará nuevamente.

“Uno de los problemas a nivel nacional es que cada gobierno plantea proyectos y se construye una financiación, generalmente internacional, pero a la hora de la ejecución y mantenimiento estos planes se caen muy rápido y las comunidades dejan de creerle al Estado, convirtiéndose en círculo vicioso”, explicó Rosanía.

Herrera concluyó que este pacto es un precedente que podrá demostrar que sí es posible la paz en los territorios y que las organizaciones criminales de otras zonas del Valle podrían seguir ese ejemplo, tomando alternativas para mejorar la seguridad.