Sanción contra el exsecretariado de las Farc llega a la Corte Penal Internacional tras decisión de la JEP; ¿por qué?

En medio de la incertidumbre que afronta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la propuesta que impulsó Abelardo de la Espriella en su campaña de eliminar el Alto Tribunal, la institución continúa operando y recientemente sancionó a siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc.

Luego de examinar 52 cuestionamientos por parte de las víctimas, sus organizaciones y el Ministerio Público y 17 por parte de los comparecientes, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz confirmó la condena que la primera instancia de ese organismo impuso contra siete exintegrantes de ese grupo por los delitos de toma de rehenes y homicidio.

La decisión cobija a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda.

La entidad encontró que son responsables de los crímenes de guerra cometidos por el grupo ilegal bajo su mando. Cinco de los siete condenados también son culpables por no haber evitado la comisión de torturas, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

En ese sentido, el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Sección de Apelación de la JEP, explicó que una vez las sanciones adquieren firmeza, el Estado tiene la obligación de garantizar los recursos y las condiciones necesarias para que estas puedan ejecutarse de manera efectiva.

“La efectividad de la sanción propia impone al Gobierno nacional y a sus entidades el deber de apropiar los recursos presupuestales necesarios y garantizar operativamente la ejecución de los proyectos restaurativos determinados, las sanciones propias”, señaló Cifuentes Muñoz.

Además, el funcionario hizo un comparativo entre las sentencias que se emiten en la justicia transicional y las que realiza la justicia ordinaria para el cumplimiento de los fallos.

“De la misma forma que la justicia penal ordinaria demanda del Gobierno la creación, gestión y puesta a disposición de cupos carcelarios, en la justicia transicional el Gobierno debe disponer lo necesario para que los responsables de crímenes graves desarrollen los trabajos y tareas en favor de las víctimas”, añadió.

El magistrado advirtió que, si estas sanciones no se ejecutan, podrían verse afectados los derechos de las personas que están en este proceso: “De lo contrario, la sanción deja de ser efectiva y se vulneran los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, y el Estado deja impunes crímenes de guerra y lesa humanidad, con lo que además se compromete su responsabilidad internacional”.

Adicional al fallo relacionado con el exsecretariado de las Farc, la JEP también remitió a la CPI la sentencia que confirmó las sanciones contra doce exintegrantes del Batallón La Popa por ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005.

“Estas dos sentencias se comunican tanto al presidente como al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), justamente con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones y deberes que se derivan para el Estado colombiano de enjuiciar, sancionar y buscar la ejecución de las sentencias contra los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, y sobre el particular existen compromisos que efectivamente deberán ser cumplidos por el Gobierno frente a estas instancias internacionales”, puntualizó.

*Con información de Colprensa.