Roy Barreras afirmó que la ONU se extralimitó en sus funciones respecto al Catatumbo

Roy Barreras afirmó que la ONU se extralimitó en sus funciones respecto al Catatumbo

Julio 12, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Roy Barreras afirmó que la ONU se extralimitó en sus funciones respecto al Catatumbo

El expresidente del Congreso y miembro de la Dirección Nacional del Partido de la U, Roy Barreras.

Según el Presidente del Congreso, el representante para Colombia de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos Todd Howland no solamente intervino como juez no calificado frente a los hechos del Catatumbo; sino que además dio declaraciones claramente políticas y recomendaciones de Gobierno que no corresponden con su papel al frente de esa oficina.

El presidente del Congreso rechazó enérgicamente el pronunciamiento de la ONU en el que denuncia excesos de la Fuerza Pública en la región del Catatumbo. Según Barreras, esta es una extralimitación en sus funciones. “El día miércoles el representante para Colombia de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos Todd Howland no solamente intervino como juez no calificado frente a los hechos del Catatumbo; sino que además el jueves empezó a dar declaraciones claramente políticas y recomendaciones de Gobierno que no corresponden con su papel al frente de esa oficina”, dijo Barreras. Según el parlamentario, el representante de la ONU se precipitó de manera irresponsable al definir culpabilidades en un proceso de investigación que está y debe estar en manos de la Fiscalía colombiana, “a propósito de los lamentables hechos violentos originados en el Catatumbo, en los que no solamente murieron 4 campesinos sino que ha habido más de 40 policías heridos en disturbios y presencia de elementos explosivos y de otra naturaleza que han contaminado ese movimiento de protesta social y cuyos responsables deben ser judicializados por las autoridades competentes”. Según Barreras, Howland “ha golpeado con el garrote del prejuicio a toda la Fuerza Pública colombiana legítima, pero en cambio ha tratado con el guante blanco de la justificación social a los responsables de las vías de hecho que han generado bloqueos y otros actos violentos en la zona del Catatumbo”. Barreras afirmó que así como el señor Howland ha tenido el cuidado en estigmatizar la protesta social, “invitando a que no se generalice acusando a todo el campesinado de los actos violentos aislados, debería tener el mismo cuidado de no generalizar y prejuzgar frente a la actuación de la Fuerza Pública”. El presidente del Congreso recordó que la legitimidad de esta oficina de Naciones Unidas en todo el mundo está determinada por su neutralidad, su respeto a las instituciones y a que se mantenga en los límites misionales de su carrera. “El día de ayer el señor Howland además empezó a hacer propuestas políticas y de Gobierno al opinar lo que su criterio deber hacer frente a su similar colombiano, para resolver los temas agrarios o de pobreza. Ese no es su papel, él no es juez ni puede ejercer de dirigente político”, concluyó. Cabe recordar que Howland expresó a través de un comunicado la preocupación de la oficina por “la grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en la región del Catatumbo. Pese a su riqueza natural, el Catatumbo presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas. La población allí asentada reclama al Estado, desde hace varias décadas, el respeto y la garantía de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud, a la educación, a la electrificación, al agua potable, al alcantarillado, a vías y acceso al trabajo digno”. De igual forma, dijo que en la zona se pudo constatar que “en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que habría provocado la muerte de cuatro campesinos, los señores: Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios. La Oficina exhorta a la Fiscalía a que investigue la presunta violación del derecho a la vida de estas cuatro personas”.

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