Propuesta de justicia restaurativa del Gobierno sigue generando debate en Colombia

El ministro de justicia, Néstor Osuna, planteó la posibilidad de crear una ‘justicia restaurativa’ en el país, proyecto que todavía no está radicado por el Ministerio frente a la legislatura y que abrió el debate porque una de sus propuestas es que presos condenados puedan salir a trabajar durante el día y retornar a sus celdas en horas de la noche.

“La persona podría salir a trabajar a la calle, por supuesto un trabajo vigilado por el Estado, previamente previsto, con una empresa que lo contrata, y vuelve a la cárcel a pasar la noche y los fines de semana”, afirmó el ministro Néstor Osuna en Noticias RCN.

La finalidad del proyecto es instaurar en el país una justicia restaurativa para la resocialización de los condenados, además de descongestionar los centros penitenciarios que, a noviembre del 2022, presentaban un hacinamiento de 20 %, es decir, más de 21 mil personas encarceladas.
El artículo 148 del borrador del proyecto de ley que busca una justicia restaurativa dice: “Al condenado se le podrá conceder la libertad preparatoria para realizar actividades comunitarias, de reparación o trabajar en fábricas, empresas o con personas naturales y siempre que estas colaboren con normas de control establecidas”.

El borrador establece que los reclusos condenados por delitos como hurto o lesiones personales podrían salir de los centros penitenciarios en horas de la mañana, incluso los fines de semana, y deberían retornar a sus celdas en horas de la noche.

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Además, el artículo indica que el interno que quiera acceder a este beneficio tiene que cumplir más del 40 % de la pena efectiva.

“Antes de concederse la libertad preparatoria el Consejo de Evaluación y Tratamiento estudiará cuidadosamente al condenado, cerciorándose de su buena conducta en los años recientes, de su consagración al trabajo y al estudio y de su claro mejoramiento en el proceso de su readaptación social”, establece el documento.

El beneficio podría extenderse incluso a los detenidos por delitos de lesa humanidad (homicidio, tortura, violación, entre otros). Sin embargo, este beneficio no aplicaría para los abusadores sexuales de menores.

“Para otros delitos graves sería procedente una vez se haya cumplido el
60 % de la pena y para los delitos menos graves cuando se haya cumplido el 50 % de la condena”, explicó a Caracol Radio el ministro Néstor Osuna.
Los reclusos que se vean beneficiados con estas medidas tendrían que realizar actividades comunitarias, sus trabajos asignados serán en previo acuerdo con el empleador y contarán con vigilancia por parte de Estado para evitar posibles fugas.

El borrador del proyecto anunciado por Osuna se encuentra en etapa de rediseño y sería presentado al Congreso en la próxima legislatura, programada para el mes de marzo.

La propuesta del Ministro de Justicia ha generado debate por los riesgos que podría presentar para la ciudadanía, además de las dudas ante la capacidad del Estado para garantizar la vigilancia de los reclusos en lo que podría ser ‘su horario laboral’. En dialogo con El País, expertos e integrantes de la rama judicial, entregaron su opinión respecto al borrador del proyecto de ley.

Hermens Darío Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, catalogó la propuesta del Ministro como un “despropósito constitucional”, pues para Lara lo que establece el borrador del articulo no tiene presentación porque estaría en contra del estado de derecho privilegiar a criminales de alta categoría.

“Por el contrario en un estado de derecho, cualquier clase de delito de lesa humanidad no permite más que la reclusión intramural absoluta y completa durante todo el tiempo”, explicó el Magistrado
Además, Lara criticó que “los más altos delincuentes que atacan directamente a la sociedad, puedan ir a trabajar en el día y luego descansar en los centros penitenciarios en la noche, no es soportado bajo ninguna teoría de carácter penal, ninguna posición lo avala, a excepción que lo que se busque con esta propuesta sea beneficiar a grupos o amigos aliados a intereses propios o ideologías políticas”.

Para el militar retirado y exsecretario de seguridad de Cali, Carlos Soler, este borrador de proyecto es una respuesta al problema de hacinamiento que se presenta, no solo en los centros penitenciarios del país, sino al de las estaciones de Policía ante la incapacidad del Estado para construir más centros carcelarios y la instauración del código de seguridad ciudadana.

“Leyes como el código de seguridad ciudadana, el cual es muy necesario, pero que a su vez generó que se aumentaran las penas, que no se permitiera la casa por cárcel en algunos delitos y endureció algunas otras condenas, generó que se esté reventando el sistema carcelario, se siguen violando derechos humanos en las cárceles y el Gobierno, sin dinero para construir más centros penitenciarios, busca poder poner en práctica un modelo en el cual la pena sea la resocialización”.

Según Soler, esta resocialización tiene dos componentes: “El que se pague el daño social es el 50%, o sea, para la sociedad, si alguien cometió un homicidio deber estar preso. Pero esto es solo la mitad, la otra parte de la pena, de acuerdo a la teoría de la resocialización, es que si una persona entra a una cárcel por una conducta desviada, no solamente la sociedad vea que eso tiene una consecuencia, sino que el delincuente entienda que eso se resocializa a través del trabajo, dignificándose, aprendiendo y saliendo con el conocimiento de un arte para poder laborar. Debe salir resocializado y entender que lo que hizo está mal”.

Para el experto en seguridad Juan Gómez, la propuesta del Ministro no se trataría de una simple reforma al Código Penal, sino a un cambio importante en la política pública carcelaria, lo que puede influir en la seguridad ciudadana. Además, cuestionó las capacidades del Estado para ejercer control de los reclusos y evitar fugas.

“Uno de los elementos a considerar es si el Estado y el Inpec está en la capacidad de tener el control de los reclusos que obtendrían la denominada ‘libertad preparatoria’. La estadística de presos fugados en Colombia nos muestra claramente las pocas capacidades institucionales para realizar un monitoreo permanente. En el año 2022 y de acuerdo con el Inpec, se fugaron 1149 presos, 821 tenían casa por cárcel, 97 se fugaron aprovechando el permiso de salida de las 72 horas, y otros más escaparon tras ingresar a centros hospitalarios, lo que deja claro que esta propuesta de Osuna tienen más problemas que beneficios”, afirmó Gómez.