Procuraduría sanciona al Alcalde de Ginebra, Valle del Cauca, por no cumplir fallo judicial

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 10 meses para ejercer cargos públicos al alcalde de Ginebra, Valle del Cauca, Jesús Fernando Martínez Cardona (2024-2027), por incumplir una sentencia judicial de segunda instancia que ordenaba el reintegro de un funcionario.

De acuerdo con el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Buga, el mandatario omitió dar cumplimiento a la orden judicial que disponía restablecer los derechos laborales del servidor afectado, quien debía ser reincorporado al cargo que ocupaba al momento de su retiro o a uno similar o equivalente.

Según el ente de control, la omisión se habría prolongado desde la posesión de Martínez Cardona, el 1 de enero de 2024, y al menos hasta el 7 de enero de 2026.

Por los mismos hechos, la Procuraduría también sancionó al exalcalde Álvaro Alfonso Domínguez Villamil (2020–2023), con suspensión e inhabilidad por 12 meses.

En su caso, la entidad concluyó que durante su administración tampoco se ejecutó lo ordenado por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Guadalajara de Buga.

El origen de la sanción disciplinaria se remonta al incumplimiento de una sentencia ejecutoriada emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que ordenaba el reintegro del señor ElKing Domínguez, así como el pago de 24 meses de salario por concepto de despido injusto.

Según lo establecido en el proceso, ni la Administración anterior ni la actual dieron cumplimiento efectivo al fallo judicial, situación que dio lugar a la actuación del Ministerio Público.

Para la Procuraduría, tanto Martínez Cardona como Domínguez Villamil vulneraron los principios de moralidad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. En consecuencia, la conducta fue calificada de manera definitiva como falta grave cometida a título de culpa gravísima.

Cabe señalar que la decisión adoptada por el órgano de control es susceptible de recurso de apelación, por lo que aún no se encuentra en firme hasta tanto se resuelva la segunda instancia.

Hasta el momento, ni el mandatario sancionado ni la Administración Municipal se han pronunciado públicamente sobre la decisión disciplinaria, ni han precisado quién asumiría la dirección del municipio en caso de que la inhabilidad quede en firme.

Se espera que a lo largo del día se conozcan las declaraciones oficiales que aclaren la postura del alcalde frente al fallo y los pasos jurídicos que se adoptarán ante la instancia de apelación.