Procuraduría abre juicio contra ocho funcionarios del Inpec por fiesta en la cárcel La Picota

La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra el exdirector encargado de la cárcel La Picota y siete funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), por su presunta responsabilidad en una serie de irregularidades cometidas dentro del pabellón de alta seguridad de extraditables.

De acuerdo con el informe, en este espacio penitenciario se permitió el ingreso masivo de elementos prohibidos y la realización de grandes eventos musicales durante la celebración de las festividades de la Virgen de las Mercedes en septiembre de 2022.

El Ministerio Público detalló que los hechos ocurrieron específicamente entre el 19 y el 26 de septiembre de aquel año, periodo en el que los funcionarios investigados presuntamente facilitaron el acceso de artículos ilícitos y permitieron la ejecución de espectáculos en vivo con “reconocidos cantantes vallenatos” sin contar con ningún tipo de aval oficial para dicha logística.

Investigaciones de medios como la revista Semana y la filtración de videos grabados por los propios reclusos dejaron en evidencia una celebración descontrolada de varios días que incluyó botellas de licor importado, mesas de apuestas y la presentación en vivo de reconocidos artistas de la música vallenata como Ana del Castillo, el ‘Mono’ Zabaleta y ‘Churo’ Díaz ante capos del narcotráfico solicitados en extradición.

El ente de control precisó que la decisión disciplinaria cobija a Carlos Hernán Camacho, quien fungía como director encargado del complejo carcelario en esa época, junto al capitán de prisiones Luis Francisco Gómez Benítez y seis dragoneantes encargados de los controles de custodia, identificados en el expediente como Blademir Sambony Suárez, Luis Francisco Ortegón Ortegón, Oscar Jiménez Idárraga, Diego Alejandro Segura Fandiño, Jonathan Suárez Cortés y Ediuth Alexander González.

La investigación reveló que los uniformados habrían habilitado la entrada de “bebidas alcohólicas, cigarrillos, equipos de sonido y de comunicación”, sumado al ingreso de “dinero en efectivo, sustancias alucinógenas, la realización de conciertos y de juegos de azar dentro del establecimiento penitenciario”.

El organismo disciplinario explicó que estas acciones representaron una falta gravísima para la administración carcelaria, ya que constituyeron “una grave vulneración de los protocolos de seguridad y del reglamento del régimen penitenciario”, agravada por el hecho de ocurrir en un área del penal exclusivamente “destinada a internos de alta seguridad y con estrictas restricciones de control”.

Al evaluar la responsabilidad de los implicados, la Procuraduría concluyó que los ocho funcionarios habrían omitido flagrantemente sus responsabilidades operativas y quebrantado las “normas que regulan el control de elementos permitidos y prohibidos” establecidas en el Código General Disciplinario y en los propios manuales de la institución.

Finalmente, el ente de control señaló que el rigor en “la vigilancia del sistema penitenciario es fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley”, y subrayó de manera contundente que este tipo de escándalos socavan directamente “la seguridad institucional y la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado”.