¿Por qué hay miles de víctimas del conflicto que aún no reciben indemnización del Estado?

Miles de habitantes del municipio de Tadó, Chocó, no han sido indemnizados como víctimas del conflicto armado, una de las medidas consignadas en la Ley 1448 de 2011, que tiene como objetivo reparar a las personas que han sufrido la guerra.

En cientos de casos las familias lo han perdido todo, ya que los constantes enfrentamientos y masacres de los grupos al margen de la ley los obligaron a desplazarse hacia otros municipios y departamentos dejando atrás todos sus bienes.

Una de las afectadas es Martha Mosquera, que la mañana del 16 de enero de 2002 salió junto a 200 familias de El Tapón, corregimiento de Tadó, pues quedaron en medio del fuego cruzado entre la guerrilla de las Farc y el Ejército Nacional, pues este último buscaba recuperar la zona.

Más de 20 años después, Martha, de 86 años y agobiada por diversas dolencias, aún no ha recibido una reparación económica como víctima del conflicto armado, por lo que solicita ayuda del Estado. “Si me muero hoy nada me han dado. Quiero que me hagan el favor, con Dios por delante, que me den mi indemnización”.

La directora territorial de la Unidad para las Víctimas Urabá-Darién, Sandra Alfaro, explicó que la indemnización es “un derecho y en la medida en que se garanticen los derechos se pueden transformar las vidas de las víctimas para que esas violencias no queden sin respuestas por parte del Estado”.

Esta medida fue dispuesta en la Ley 1448 de 2011 y busca reparar económicamente a las personas que han sufrido el conflicto armado interno de Colombia.

A pesar de que el Estado tiene una obligación con los afectados directos por la guerra, el 86 % de los habitantes de Tadó aún no han recibido ningún dinero, pues de las 8798 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas, RUV, y de las 7686 que son sujetos de atención, solo 1058 han recibido el dinero de acuerdo con los datos oficiales.

Entre los reclamos de los habitantes de municipio de Tadó se encuentra la falta de claridad por parte de los funcionarios sobre la documentación requerida para acceder al derecho, pues según ellos, el atraso se debe en gran medida a que no se les explican los procedimientos.

Una larga espera

Yirson Ledezma, personero municipal de Tadó, aseguró que muchas de las víctimas no han recibido la indemnización debido a “situaciones administrativas y falta de presupuesto de la Unidad para las Víctimas”.

“No hemos podido atender oportunamente a las víctimas del conflicto armado debido a que la política pública no cuenta con suficiente financiamiento y no se ven reflejadas las palabras verdad, justicia y no repetición. Esto solo quedó en el papel. Los proyectos de vida para los retornados no se ven reflejados, tampoco las reparaciones individuales ni colectivas”, añadió.

Además, según la entidad, son tres los factores que elevan el tiempo de espera: las condiciones particulares de cada víctima, el análisis del caso particular y la disponibilidad del presupuesto anual con la que cuente la Unidad; teniendo en cuenta los principios de gradualidad, progresividad y sostenibilidad fiscal establecidos en la Ley 1448 de 2011.

El valor de la indemnización también varía de acuerdo al hecho victimizante: desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, secuestro, tortura, lesiones personales que causaron incapacidad temporal o permanente, delitos sexuales y reclutamiento forzado. Los montos van desde los 13 hasta 52 millones de pesos.

Uno de los temas que preocupa a las víctimas es que “no hay un tiempo estimado que se pueda garantizar” para la entrega de las indemnizaciones, expresó la directora territorial de la Unidad para las Víctimas Urabá -Darién. “Los tiempos dependen de las prioridades y los techos presupuestales que tenga el Gobierno”, dijo.

Por ello, el tema presupuestal ha sido por años una limitación en el pago de la reparación económica a los afectados por la violencia, tanto así, que el presidente Gustavo Petro afirmó en medio de una plenaria del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia en abril de 2023, que con las condiciones actuales, el Estado tardaría 125 años en reparar a las víctimas.

“Los datos que tenemos, de acuerdo con la Unidad para las Víctimas, es que el valor de indemnización es de 301 billones de pesos. El presupuesto de este año para esa entidad es de 2.5 billones anuales. Simple matemática: 301 billones entre 2,5 billones nos da el tiempo total para indemnizar las víctimas de 125 años”, dijo el jefe de Estado.