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Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, ya cumple detención domiciliaria por investigación de presunta corrupción
El exfuncionario fue señalado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado por cuantía.
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5 de oct de 2026, 12:30 a. m.
Actualizado el 5 de oct de 2026, 12:30 a. m.
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Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, comenzó a cumplir este domingo 4 de octubre la medida de aseguramiento domiciliaria que le fue impuesta por un juez de control de garantías, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Antes de llegar al lugar donde permanecerá privado de la libertad, Quintero fue trasladado a la cárcel Bellavista, donde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, realizó el procedimiento de reseña, que incluyó la toma de huellas y fotografías, oficializando su medida carcelaria.
Así, una vez cumplido este trámite, fue llevado nuevamente a su domicilio para continuar allí con la detención ordenada por la justicia.
Cabe decir que la decisión fue adoptada el pasado viernes 2 de octubre por el juez 27 penal municipal con función de control de garantías de Medellín.
Sin embargo, aunque la Fiscalía había solicitado que Quintero fuera enviado a un establecimiento carcelario, el despacho judicial determinó que la medida podía cumplirse en su vivienda.

Los delitos por los que se le imputan estarían relacionados con seis contratos suscritos durante la pandemia entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Estos negocios habrían tenido un valor cercano a los $17.656 millones y dentro del supuesto esquema investigado se habría producido una apropiación de recursos públicos por unos $2.481 millones.
Así, y tras establecerse su presunta responsabilidad, la Fiscalía imputó a Miguel Quintero por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado por cuantía.
No obstante, el procesado no aceptó los cargos y ha sostenido su inocencia.
Cabe decir que la investigación deberá continuar en las siguientes etapas judiciales para establecer las responsabilidades individuales de quienes están vinculados al expediente.
Según la Fiscalía, el hombre habría recibido un porcentaje de los recursos que presuntamente fueron desviados, los $2.481 millones. Es decir, cerca de $1.654 millones que habrían quedado destinados a beneficio propio y $827 millones para favorecer a terceros.

Ahora bien, pese a estas investigaciones, la medida de aseguramiento todavía podría cambiar para Quintero, pues se estaría buscando apelar la decisión de enviar a Quintero a su casa, lo que estaría pendiente en una segunda instancia; de ser así, se ordenaría su reclusión en un centro carcelario. La audiencia para sustentar las apelaciones está prevista para este lunes 5 de octubre.

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