Los retos frente a las bandas criminales en el posconflicto

Escuchar este artículo

Los retos frente a las bandas criminales en el posconflicto

Febrero 08, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Los retos frente a las bandas criminales en el posconflicto

Las bandas criminales nacieron tras la desmovilización de 31.000 miembros de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006, bajo el gobierno de Álvaro Uribe.

Analistas coinciden en que una mala administración de la paz puede agravar la criminalidad.

Desde el surgimiento de las bandas criminales en el país, tras la desmovilización de los grupos de Autodefensa, ha sido un reto constante para el Gobierno luchar en contra de estas organizaciones, con la dificultad que se renuevan constantemente. En el posconflicto que se avecina, el control sobre esos grupos tendrá una influencia definitiva para el éxito de ese proceso. Lea también: "Vamos a focalizar nuestros esfuerzos para combatir las bandas criminales", dice Santos

Según un informe presentado por la fundación Ideas para La Paz, el Gobierno Nacional tiene como principales desafíos evitar las alianzas de estas bandas con grupos, desmovilizados o activos, de las Farc y del ELN, e impedir la trasferencia de miembros entre grupos subversivos y bandas, pues estas maduran rápidamente y evitan el enfrentamiento entre ellas.

Además, el aumento de las áreas con cultivos ilícitos, de la extorsión y de las actividades de minería ilegal, se debe en mayor medida a la acción de bandas criminales.

Las bandas criminales nacieron tras la desmovilización de 31.000 miembros de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006 bajo el gobierno de Álvaro Uribe. Este fue un proceso en el que la falta de poder regional del Estado hizo que muchos de estos grupos siguieran delinquiendo y mantuvieran su control armado y económico.

 El año pasado, según cifras del Ministerio de Defensa, habían sido neutralizados 2879 miembros de las Bacrim, en todo el territorio nacional.

Según la Defensoría del Pueblo, en 2014 había presencia de bandas criminales en 27 de los 32 departamentos. La más grande llamada el ‘Clan Úsuga’ y con menor entidad: ‘Autodefensas Gaitanistas’, ‘Los Rastrojos’, ‘La Empresa’, los ‘bloques Meta y Libertadores del Vichada’, ‘La Oficina de Envigado’ y otros que delinquen bajo el nombre de las ‘Águilas Negras’ y ‘Los Paisas’.

Para diciembre del año pasado, según cifras del Ministerio de Defensa, habían sido neutralizados 2879 miembros de las Bacrim, en todo el territorio nacional; 100 menos que en 2014. Mientras que, según cifras de la fundación, hay 3500 integrantes en estos grupo ilegales.

Para la fundación, uno de los principales problemas es que grupos al margen de la ley, como las Farc o el ELN, están asociadas a estas bandas por medio de narcotráfico; es decir, que los grandes grupos se encargan de mantener el poder en territorios donde hay cultivos ilícitos y las Bacrim están a cargo de la producción y comercialización de drogas.

La Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito afirmó que durante el 2014 hubo 69 mil hectáreas de coca cultivadas, 21 mil más que en 2013; siendo la región Pacífica la más afectada por este flagelo. 

El problema que representa este aumento en el posconflicto es que “seguramente muchos de los desmovilizados se van a dedicar a este tipo de negocios ilícitos, si no hay un seguimiento constante del Gobierno Nacional en todos los desmovilizados que van a haber”, afirmó Juan Carlos Ruiz director de la maestría en estudios políticos e internacionales de Universidad del Rosario.

Al aumento de los cultivos ilícitos se le suma la diversificación que estas bandas han tenido con respecto a su economía. Según la Fundación, en regiones como el Bajo Cauca no hay cifras exactas de la minería que maneja el Estado, mucho menos se sabe exactamente qué cantidad de bandas criminales o frentes de las Farc manejan de manera directa las actividades ilegales o si solo se limitan a extorsionar a los mineros que extraen los recursos.

Además, Ruiz confirmó que “no hablaría de la minería ilegal como un todo manejado por un solo grupo, sino que siendo esta una entrada grande de dinero, muchos se están usufructuando desde criminales de poca  monta, hasta emporios multinacionales”.

Por otro lado, la transferencia de miembros de las Farc que no se asocien al proceso de paz, a las bandas criminales o incluso, a las filas del ELN; es otro aspecto que según el informe, el Gobierno tal vez deba enfrentar.

Esta es una tendencia que, de acuerdo con la Fundación, se evidencia en el reciente aumento de las acciones del ELN, pues aseguran que tiene que ver con una transferencia directa de miembros de las Farc.

Por el contrario, el excoronel de la Policía Nacional y experto en temas de conflicto y violencia, Carlos Velásquez, sostiene que será muy poco el porcentaje de miembros de las Farc que se conviertan en parte de grupos criminales o del ELN, pues confía en que todos los frentes del grupo guerrillero se desmovilizarán completamente.

La extorsión por parte de estas bandas criminales y grupos armados al margen de la ley es un tema alarmante, pues, según Ruiz, “es el peor escenario que puede tener una sociedad y un fenómeno que ha crecido como una bola de nieve sin que el Gobierno Nacional haya podido frenarlo”.

La solución principal que plantea la fundación es una intervención del estado, no solo militar, sino que integre tanto a la población civil víctima de las bandas y los integrantes. De manera que se judicialicen eficazmente los criminales y que los pobladores no recurran a la economía ilegal para sobrevivir.

Respecto a esta solución el excoronel Velásquez afirmó que “es una buena idea y va al centro de gravedad del problema, porque la solución tiene que ser complementaria”. Sin embargo, Ruiz considera que estas políticas deben ir acompañadas de la lucha contra la corrupción en las autoridades regionales. La fundación también plantea que, en el marco del posconflicto, la intervención del estado no debe estar solo ligada al despliegue militar y a la ocupación esporádica del territorio; sino que haya una consolidación del estado permanente; creando una instancia especifica que luche contra el crimen organizado.

Contra la minería Para enfrentar la minería ilegal, lo ideal sería replantear la guerra  “con una estrategia diferenciada que permita la formalización de aquellos que quieren pasar a la legalidad y que enfoque la estrategia represiva en aquellos que no se acogen a los beneficios”, propone el informe. La definición de las labores  específicas que deben cumplir las Fuerzas Armadas y  la Policía Nacional es un aspecto que, según Carlos Velásquez,  siempre ha sido problemático y sería bueno corregirlos; pues para judicializar las bandas criminales se requiere que los militares tengan facultades de policía judicial y que su investigación continúe.

 

Conecta con la verdad. Suscríbete a elpais.com.co
VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad