Las amenazas que persisten pese a baja en homicidios en Colombia

El homicidio en Colombia actualmente presenta la tasa más baja de los últimos 20 años, 23,66 por cada 100.000 habitantes, esto por cuenta del proceso de desmovilización de las Autodefensas y de haber alcanzado un Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc.

No obstante, la realidad innegable de la disminución de la violencia que se comete por cuenta del conflicto revela dos situaciones: la preocupación por las acciones violentas del crimen organizado y las muertes de líderes sociales, así como la persistencia de la violencia por intolerancia, peleas familiares, abusos sexuales y el suicidio.

El informe Forensis revelado por el Instituto de Medicina Legal, entidad que clama por más recursos para su funcionamiento, indica que en Colombia se producen diariamente 32 homicidios, 6 suicidios, 8 muertes accidentales y 20 por accidente de tránsito.

Según el reporte, diariamente se producen 342 lesiones por violencia interpersonal, 214 por violencia intrafamiliar, 126 por accidentes de transporte y 59 por violencia sexual, teniendo en cuenta que todavía hay subregistro por falta de denuncia de estos hechos.

La radiografía de la violencia que hace el Forensis advierte que “el proceso (de paz) ha dejado algunos vacíos que no permiten bajar la guardia para el logro de una paz estable y duradera”.

“Específicamente dos amenazas derivadas del acuerdo firmado requieren de una imperante y cuidadosa revisión: la primera, el velado, pero sistemático incremento de asesinatos de líderes sociales y activistas. La segunda, el control territorial por las zonas ocupadas históricamente por las Farc-EP”, dice el informe.

Sobre el primer punto, se trata de 127 líderes asesinados según las Naciones Unidas el año pasado y otros 12 hasta febrero de este año, lo que para el Instituto está lejos de ser algo aislado. “(…) No parecen hechos aislados, todavía más cuando se tiene la experiencia del exterminio sistemático de los militantes de la Unión Patriótica durante las décadas de 1980 y 1990 en circunstancias semejantes y después del fallido proceso de paz del presidente Betancourt; homicidios que la Fiscalía General de la Nación investiga con preocupación”.

Sobre el segundo punto, el informe advierte la acción de las bandas emergentes, llámense Clan Úsuga, del Golfo, Urabeños, Erpac, Los Paisas, Oficinas de Cobro, Águilas Negras o Rastrojos.

Es preocupante, de hecho, cómo para el Instituto si bien el homicidio ha bajado, los factores de riesgo que lo provocan siguen, y el hecho de ser consumidor de droga o campesino son factores de vulnerabilidad: “lo cual puede obedecer a la recomposición de las bandas criminales y emergentes como consecuencia de la recomposición territorial de los actores armados por la retirada de las Farc-EP de zonas históricamente ocupadas por ellas”.

La recomendación es clara: el Estado tiene que llegar a los territorios dejados por las Farc antes que la criminalidad organizada.
Ahora bien, el Forensis también incluye un apartado, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz, que señala que la existencia de otras violencias diferentes a la de la guerrilla es un riesgo a largo plazo, incluso para las 19 Zonas Veredales y 7 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) en donde las Farc se instalaron para dejar las armas e iniciar la reincorporación a la vida civil, ubicadas en 25 municipios.

Al comparar el descenso en los homicidios en esos 25 municipios, por cuenta del conflicto con otros tipos de violencia, la Fundación ideas para la Paz (FIP) señala que la segunda tiene un incremento importante desde 2013 y un repunte significativo a partir de 2015 que tiende a ser constante hasta 2016 principalmente por la violencia interpersonal, la violencia intrafamiliar y la sexual.

“No obstante, si se observa el comportamiento municipal de los homicidios es posible evidenciar que el aumento en las muertes violentas asociadas a otros tipos de violencia no es generalizado. Este está jalonado por tres municipios: San Andrés de Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de Santander) y San Vicente del Caguán (Caquetá). Solo estos tres municipios representan el 66 % de los homicidios asociados a otros tipos de violencia, siendo Tumaco el de mayor aporte con un 51 % de estas muertes entre 2014 y 2016”, dice el reporte.

La advertencia sobre estas zonas de concentración al Gobierno consiste en un desafío para la seguridad por: presencia del crimen organizado y el ELN en las regiones en donde están ubicadas, la persistencia de economías criminales (coca y oro), presencia de corredores de tráfico ilícito, proximidad con zonas de frontera y presencia de grupos disidentes y desertores.

Otra de las advertencias que deja el Forensis pasa por la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto, dado que se tiene un registro de 120.104 casos desde 1938 a la fecha, de los cuales 25.102 son presuntas desapariciones forzadas. Además, está la necesidad de depurar las bases de datos existentes para que “el Registro Nacional de Desaparecidos contenga la información proveniente de entidades y organizaciones que hasta la fecha han mantenido sistemas de registro alterno”.