La instrumentalización de jóvenes, una estrategia que cada vez más utilizan las disidencias de las Farc en el Valle

Tras semanas de investigación, la Policía Metropolitana de Cali logró la captura de alias Goliat, presunto integrante de una red de apoyo al terrorismo en Jamundí, Valle del Cauca. De acuerdo con las autoridades, este hombre sería uno de los encargados de pagarle a jóvenes para que pintaran grafitis e instalaran pancartas alusivas a las disidencias de las Farc, hechos que durante meses han generado zozobra en el área urbana y rural del municipio.

Para dar con este presunto delincuente, la Gobernación del Valle, la Alcaldía Municipal de Jamundí, la Tercera Brigada del Ejército y la Policía de Cali trabajaron en conjunto, y tras cuatro diligencias de registro y allanamiento detuvieron a ‘Goliat’ en el barrio Terranova.

En medio de los operativos fueron incautados 52 cigarrillos de marihuana, 250 gramos de marihuana, 37 papeletas de clorhidrato de cocaína, dos motocicletas, dos radios de comunicaciones y cuatro celulares.

“Esta persona está señalada de, presuntamente, a través de un consorcio criminal, instrumentalizar jóvenes para la realización de grafitis e instalación de pancartas alusivas a la disidencia Jaime Martínez”, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Carlos Oviedo.

Según el uniformado, este sujeto, presuntamente, también se encargaba de llevar a estas personas hacia la parte alta del municipio con el objetivo de que formaran parte de la estructura ilegal.

De la misma manera, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, enfatizó en la gravedad de los delitos de los que se le acusa a ‘Goliat’, puesto que, de acuerdo con la investigación, además de estar involucrado en los reclutamientos, “al parecer también está vinculado con la muerte de un oficial de Policía en el año 2014, en Nariño. Esta captura es muy importante porque era un dinamizador de la estructura Jaime Martínez, la cual está generando problemas en la zona rural de Jamundí”.

Iván Carvajal, consultor en Seguridad y experto en Inteligencia Estratégica, explicó que el reclutamiento e instrumentalización es una práctica que, lejos de desaparecer, es cada vez más utilizada por bandas delincuenciales, por lo general desde la infancia de sus víctimas.

“Estructuras dedicadas al microtráfico utilizan a menores de edad para transportar y comercializar pequeñas dosis, o en el caso de grupos armados ilegales, listan a los niños para el conflicto armado”, explicó.

Por ello, otro especialista en seguridad consultado por El País manifestó que para llegar a su público objetivo, militantes de organizaciones criminales se ganan su confianza en parques o a las afueras de instituciones educativas y poco a poco los adoctrinan para que accedan a pertenecer a sus guerrillas.

Según Unicef, el hecho de “ser víctimas de reclutamiento implica que sus vidas estén en riesgo permanente y todos sus derechos sean vulnerados”, sin importar si los afectados son menores o mayores de 18 años, quienes generalmente ceden a las exigencias de grupos como las disidencias de las Farc, por miedo, engañados o por promesas de mejorar sus condiciones de vida.

Con el objetivo de continuar con su accionar, de acuerdo con Carvajal, las asociaciones ilícitas buscan a terceras personas para que realicen sus actividades. Además, en el caso de los menores de 14 años estos no pueden ser imputados por los delitos cometidos, lo que favorece a los criminales.

“Este país es de leyes, y por ejemplo, la Ley 1448 de víctimas hace una protección especial a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que no sean incluidos en hechos victimizantes y mucho menos instrumentalizados”, por lo que las guerrillas ven en ellos una oportunidad para continuar con la criminalidad.

Por otro lado, el especialista en seguridad consultado por este medio de comunicación enfatizó en que las personas utilizadas por estructuras al margen de la ley también son víctimas del conflicto armado. “La mayoría están en situación de vulnerabilidad y son engañados bajo la promesa de un mejor futuro económico para sus familias o son obligados directamente a cometer estos actos”.

Es por esto que los expertos concluyeron que para evitar que los jóvenes sigan siendo instrumentalizados, el Estado debe llegar con todas sus capacidades a los territorios rurales, de esta manera, además de frenar los ilícitos, se podrán restituir sus derechos.