Justicia podría colapsar por libertad de presos en el país

Esta semana empezaría la salida de miles de presos de las cárceles, cifra
que podría oscilar entre 7.000 y 12.000, debido a que no se les ha resuelto su situación jurídica. Así lo establece la ley 1786 de 2016, la misma que fue prorrogada por un año, pues debía haber entrado en vigor el 6 de julio de 2015.

Y la polémica que ha generado esta salida masiva va más allá de la libertad de los miles de reclusos. Fuentes consultadas aseguran que desde hoy se puede esperar un colapso de los jueces de Control de Garantías, que deben resolver la avalancha de solicitudes de libertad.

En toda Colombia, según el Inpec, de los 115.950 presos que se encuentra en las 136 cárceles, 33.922 están sindicados. Aunque no hay claridad de cuántos de estas personas podrían pedir su libertad, hay cálculos que dicen que la cifra podría llegar a 12.000.

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El propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, llamó la atención acerca de esta salida masiva. “Sin atender la realidad procesal del país, se establecieron normas en las que las medidas de aseguramiento no deben tener más de un año”, fue el cuestionamiento hecho por el funcionario en claro rechazo a la posibilidad dispuesta con dicha normativa.

“El número de jueces en 1994, cuando yo era Ministro de Justicia, es prácticamente el mismo que existe hoy, 23 años después”, dijo Martínez.

Actualmente, en todo el país, hay más de 100.000 audiencias que están represadas por cuenta de la falta de alternativas del sistema judicial.
Cuando se creó esta ley, que se aplazó en un año en su entrada en vigencia, se hizo por la crisis carcelaria y el hacinamiento en el país, que llega al 46 %.

Para el abogado penalista Carlos Hernán Escobar, la crisis de la justicia se debe a que no hay una verdadera política criminal, que involucre tanto a la Fiscalía, al sistema carcelario y a sistema judicial. “Vemos que hay más fiscales que jueces, que colapsan ante la cantidad de casos que deben atender”, indicó.

Además, explicó que en esta Ley 1786, pueden estar cobijados desde personas detenidas por homicidios (que no sean investigadas por fiscales especializados) hasta extorsiones de menor cuantía, hurtos calificados y agravados.

“Pueden salir (libres) desde el atracador que le quita el celular en un semáforo, o el que lo roba con un cuchillo en un bus o el sicario que comete un asesinato. Los fiscales de los casos de corrupción o los delitos sexuales pueden pedir una prórroga de un año más”, dijo.
Sin embargo, el exministro Yesid Reyes, impulsor de la ley, quienes podrán recuperar su libertad serán los señalados de incurrir en delitos catalogados como leves; entre ellos, el hurto, el microtráfico, el maltrato, la injuria, la estafa y la usurpación, entre otros”.

Según Reyes, el objetivo de la misma no era otro que “racionalizar el uso de detención preventiva con el fin de sostener la presunción de inocencia que tiene cada interno”. Y es que según el penalista, es inadmisible que un colombiano dure privado de la libertad más de cinco años sin que se pruebe su culpabilidad.

Un fiscal de Cali, quien pidió omitir su nombre, explicó que en la ciudad se dio una directriz desde hace varios meses de solicitar las prórrogas en casos especiales que lleva la justicia especializada, pero que en otros procesos no se han solicitado.

El funcionario coincidió con el ex ministro Reyes que no se puede tener por años personas privadas de la libertad, sin una condena por aplazamientos y problemas de la justicia. “Esas demoras hacen que cuando años después salen libres demanden al Estado”, dijo.

Aunque aclaró que se debe tener en cuenta que los términos se suspenden en los casos en los que sean los propios abogados los que con maniobras dilatorias, demoren los juicios.

Por su parte, el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, explicó que frente a la problemática que tenemos en Colombia a causa del hacinamiento carcelario, tuvo la oportunidad de pronunciarse cuando fue Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

“Manifesté entonces que efectivamente se debía atacar la problemática de fondo, generando medidas de descongestión al interior de la Rama Judicial, no sólo para dar solución a la sobre población carcelaria, sino para evitar que se vulneren derechos fundamentales de las personas que han sido sometidas al poder punitivo del Estado, que en muchas ocasiones resultan ser víctimas de errores judiciales”, dijo Ruiz.

Claro está, agregó, que la medida también puede beneficiar a algunas personas que son realmente responsables de infracciones penales, pero que por las debilidades del sistema saldrán de los centros de reclusión, generándose impunidad e injusticia.

“Motivo por el cual es importante hacer un llamado de urgencia a los jueces de la República que manejan y tienen bajo su responsabilidad los temas más sensibles y de trascendencia, para que revisen los casos en concreto y de tomen las decisiones correspondientes en justicia y equidad”, afirmó.

Tal como se ha planteado en sí misma, no es la gran solución a la crisis.

Sin embargo, no debemos desconocer que puede aliviar en algo la problemática de hacinamiento, pero tal vez, si no se maneja de manera responsable, seria y cara a la debida y real administración de justicia, puede convertirse en un caos desde el punto de vista jurídico, teniendo en cuenta que podrán quedar asuntos de interés nacional pendientes de resolver y de definir como justicia.