Jorge Alfredo Vargas enfrenta contundente pronunciamiento de tres comunicadoras en su proceso penal; esto expresaron

En un pronunciamiento público, tres periodistas vinculadas como víctimas en la investigación penal contra Jorge Alfredo Vargas aclararon los motivos de su postura procesal.

La manifestación se conoció horas después de la audiencia judicial en la que se le imputaron cargos al reconocido comunicador por el delito de acoso sexual. Las profesionales enfatizaron que nunca formalizaron una denuncia penal y que su intención era resolver la situación por las vías corporativas correspondientes.

Según el documento emitido por la firma de abogados BES, las comunicadoras expresaron que no se puede renunciar a un proceso judicial en el cual jamás solicitaron figurar activamente.

Explicaron que tras acudir a los canales de denuncia interna en Caracol Televisión, consideraron que la empresa adoptó las medidas de verdad, justicia y seguridad requeridas para garantizar la no repetición de las conductas investigadas.

Las afectadas relataron que la Fiscalía General de la Nación insistió constantemente a través de llamadas, correos y mensajes para sumarlas al expediente penal.

Aunque reconocen que por normativa legal este tipo de delitos deben seguirse de oficio, señalaron que el insistente llamado institucional ha terminado por generar un escenario de revictimización y exposición no deseada.

Las comunicadoras enfatizaron que su lejanía de las audiencias no obedece a una retractación de los hechos ni a un cambio en sus relatos iniciales sobre agresiones denigrantes.

Argumentaron que su resolución busca priorizar su salud mental, intimidad y estabilidad familiar, y recordaron que la investigación interna concluyó previamente con la terminación contractual del hoy imputado con la compañía de televisión.

El texto también denuncia que la gestión realizada por los entes judiciales las ha expuesto a un contexto de acoso mediático y judicial no buscado.

Recordaron que durante una inspección realizada por el Ministerio del Trabajo a las instalaciones del canal, los funcionarios requirieron los expedientes confidenciales de Gestión Humana, documentos que posteriormente terminaron en poder de los fiscales asignados.

Invocando el artículo 11 de la Ley 906 de 2004, las profesionales demandaron el respeto a su dignidad, autonomía e identidad reservada. De igual forma, solicitaron formalmente a la Judicatura y a la sociedad no ser juzgadas ni cuestionadas por la forma en que deciden afrontar esta difícil situación.

Paralelamente, la actuación penal continuará su trámite correspondiente ante los jueces competentes. El proceso judicial sigue en marcha debido a que la cuarta denunciante permanece vinculada a la causa, mientras que la representación legal de la acusadora solicita mantener el secreto sumarial de sus datos personales dentro de la causa.