“Jamundí no puede enfrentar solo un problema tan grande”: Alcalde Andrés Felipe Ramírez

“Desde Jamundí quiero expresar mi desacuerdo con la decisión tomada por el Alto Comisionado para la Paz, de no incluir a nuestro municipio en las Mesas de Diálogo y Negociación de Paz, entre el Gobierno Nacional y las Disidencias Farc. Nosotros estamos en el corazón del conflicto”, manifestó hace una semana, en medio de la impotencia, el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez.

En entrevista con El País, el mandatario local explica por qué afirma que Jamundí no es prioridad para el Gobierno, dice que su principal preocupación es la zona rural y cuenta que en corregimientos como La Liberia, donde viven 750 personas, hay inscripciones de otras 700 nuevas cédulas para votar, por lo que investigan un constreñimiento electoral.

¿Cuál es el punto más crítico de Jamundí en materia de seguridad?

Tenemos una preocupación bastante álgida por la situación en la zona rural, especialmente en los corregimientos de La Meseta, La Liberia, Ampudia, Villa Colombia y Timba, que tienen una acción delictiva histórica por parte de los grupos al margen de la ley.

Siempre le hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional, no solamente al presidente Gustavo Petro, sino al hoy expresidente Iván Duque con relación a que Jamundí tiene que tener una mirada distinta a cómo se ha entendido el conflicto.

Jamundí no puede solo enfrentar una problemática que es muy grande y que recibe todos los problemas que vienen desde Nariño, atraviesan el Cauca, llegan hasta nuestro municipio y pasan hacia el Pacífico.

Jamundí tiene que estar en todas las apuestas, pero no hemos sido tenidos en cuenta en los acuerdos de paz y en ninguna de las estrategias que se han generado para poder desescalar este conflicto y que nuestro municipio no sea ese enclave estratégico con relación al tráfico de estupefacientes.

¿Por qué hace dos semanas dijo que Jamundí no es prioridad para el Gobierno Nacional?

Quisiéramos que Jamundí esté en una apuesta integral. Se atiende el Cauca y esas problemáticas afectan a nuestro municipio y, si no se maneja de manera integral esta situación, esto nunca va a parar.

Esto genera angustia porque queremos poder participar, tenemos elementos, estrategias y proyectos que se están generando en los territorios, pero que con nuestros recursos no es suficiente. Debido a esto necesitamos la atención del Gobierno en una política pública, en una mirada estratégica con relación a esta situación y poder, junto con la Nación y la Gobernación, enfrentar tres problemáticas.

La primera de ellas es fortalecer la justicia, y eso significa pasar de juzgados promiscuos a tener circuitos de justicia y poder contar con juzgados penales, administrativos y de familia. Allí podemos, de alguna forma, resolver muchos problemas, fortalecer la Fiscalía y el CTI.

El otro punto es la apuesta social y la inversión en los territorios ya que nosotros hemos generado inversiones como nunca antes. Por ejemplo, en La Meseta se han generado inversiones por más de $1000 millones y eso, para un municipio como nosotros, es demasiado recurso.

También se ha invertido en La Liberia, Villa Colombia y San Antonio, porque hemos volcado las capacidades a esos territorios que han sido abandonados.

Tenemos estudios de diseño para que sean viabilizados y estas comunidades puedan transitar de estos cultivos de uso ilícito a procesos de transformación social, como las rutas turísticas, cascadas y demás.

Finalmente, hay que hacer control territorial por parte de la Fuerza Pública. Ellos hacen un esfuerzo enorme para poder lograrlo, pero no pueden ser ellos solos.

¿Es insuficiente el número de militares en la zona rural de Jamundí?

Sé que todas las instituciones están redoblando esfuerzos para lograr contrarrestar esto. Lo que nosotros queremos sentir y escuchar del Gobierno Nacional es una estrategia clara y precisa de cómo se van a atender los problemas.

Claro que significa más fortalecimiento de la Fuerza Pública, pero creo que hay que generar más colaboración entre las unidades militares que están en el Cauca y las que están en el Valle.

Si hay una situación en el Cauca con relación a vulneración de derechos humanos, casi que toda esa población migrará a Jamundí porque es el centro poblado más cercano que tienen, pero nosotros no tenemos las capacidades para poder atender esas situaciones.

¿Por qué dice que falta colaboración entre el Ejército que está en el Cauca y los que están en el Valle?

Yo creo que los grupos al margen de la ley no tienen fronteras, por lo que la estrategia militar tiene que ser sin fronteras y debe ser una apuesta de territorio. No se trata de atender el Cauca sin pensar en las consecuencias que se trasladan a Jamundí. Entender eso hará posible resolver los problemas estructurales y sociales de Buenos Aires, Suárez, Timba y todos los que tenemos en este sector que limita con nosotros.

¿Cómo es su relación con la gobernadora, Clara Luz Roldán?

Cordial, yo creo que hemos avanzado y presentado muchos proyectos de cofinanciación con la Gobernadora, pero desafortunadamente en muy pocos hemos logrado coincidir como en El Sena, en la ampliación de la Vía Chipayá y otros importantes.

Hay un diálogo respetuoso y trabajamos muy fuerte con el Tren de Cercanías. Creo que pudimos haber generado más sinergias.

Este es un año electoral y muchos de los alcaldes prefieren pelear y decir cosas, pero lo que nosotros estamos haciendo es seguir construyendo. Le agradezco sus gestos de buena voluntad y considero que pudimos haber avanzado en muchos proyectos más.

¿Cree que esta relación se vio afectada por la disputa entre la Gobernadora y el congresista Duvalier Sánchez, quien es muy cercano a usted?

Duvalier y yo somos como siameses en la política, somos hermanos en este mundo y hemos caminado juntos.

Los proyectos los presentamos en el 2020 así que eso no tiene nada que ver. Nosotros somos una institución, una Alcaldía que representa a una comunidad que busca generar procesos de transformación en el bien común y, si podemos construir un proyecto como El Sena, donde nosotros colocamos los recursos, logramos obtener otros del Gobierno Nacional y la Gobernación poner otros, pues no es a Andrés Felipe Ramírez ni a Duvalier Sánchez el que está beneficiando, sino a una comunidad que también la eligió y donde viven 220.000 habitantes.

No creo que eso haya afectado a Jamundí porque nos hemos mantenido en el marco del respeto y hemos tenido diferencias, pero se han tramitado institucionalmente de la manera correcta.

Hace casi un mes fue asesinada la lideresa y candidata al Concejo de Jamundí, Claudia Ordóñez. ¿Qué tan efectivas son las garantías de seguridad?

El 4 de junio de este año, por primera vez en Jamundí se generó un comité de garantías electorales donde se convocó a la Gobernación y a entidades nacionales por las problemáticas que se podían generar.

Las alertas están activadas y esperamos que las autoridades garanticen la seguridad de los candidatos y los comicios. Se han redoblado esfuerzos para la seguridad de ellos.

Tenemos una situación bastante compleja, que ya se ha denunciado, y es un posible constreñimiento electoral en la zona rural ya que hay una inscripción masiva de cédulas en varios corregimientos.

Por ejemplo, en La Liberia hay 750 habitantes y hay inscripciones de otras 700 nuevas cédulas para votar en este lugar. Eso nos genera una alerta con relación a posibles injerencias de grupos al margen de la ley presionando a personas para que voten por determinado candidato. Esa alerta la hemos elevado al Ministro de Defensa y del Interior y esperamos que en la Comisión Nacional Electoral actúe y depure estos censos.

El panorama es muy delicado en La Liberia, La Meseta, Villa Colombia y Ampudia. Allí tenemos inscripciones de cédulas que en algunos casos doblan la población que vive en estos territorios.

Jamundí es el municipio con más cultivos ilícitos del Valle. ¿Cómo está el panorama actualmente?

Yo creo que el informe que se acaba de publicar respecto al año 2022 muestra una realidad y es que la guerra contra esto fracasó, que la política tiene que cambiar con relación a la sustitución de cultivos de uso ilícito.

En Jamundí hemos construido, con nuestras capacidades, un equipo que va al territorio a conversar con las personas que viven esa guerra absurda día a día. Hemos trazado un camino que tiene resultados y está validado en el territorio.

La misma comunidad consolidó y construyó una política pública y que tiene una ejecución de 10 años. Tenemos que darle herramientas a la comunidad para que ellos nos devuelvan las políticas publicas que no se construyen en los escritorios, sino en las comunidades para que sean operativas, generen resultados y transformen la vida de la gente y no de los políticos.

Pero, ¿es usted partidario de que mientras la propuesta antidrogas del Gobierno se implementa, hay que erradicar esos cultivos ilícitos?

En el informe más reciente que tenemos, que es del 2019, se informó que habían cerca de 1200 hectáreas de coca en Jamundí, pero con los datos a nivel nacional entregados recientemente, este número ya debió haberse incrementado.

Lo que está haciendo el Presidente, de poner en la opinión publica ese tema y tratar de romper el paradigma de lo que se ha venido haciendo, está bien. Nosotros nos opusimos a la fumigación con glifosato porque eso a largo plazo tiene unos resultados que no son buenos ya que se genera más violencia, desplazamiento y dolor. Los cambios inician por pequeñas acciones y en Jamundí hay un ejemplo de cuál podría ser una de las salidas a esta crisis global que tenemos con las sustancias ilícitas.