Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle: “Con el gobierno de Gustavo Petro estuvimos solos”

La seguridad seguirá siendo uno de los principales desafíos para el Valle del Cauca durante los próximos meses. La expansión de los grupos armados ilegales, el fortalecimiento de las economías criminales, la disputa por corredores estratégicos y la incertidumbre sobre el futuro de Buenaventura mantienen al departamento en permanente alerta.

A un año y medio de concluir el actual Gobierno Departamental y con el cambio en la Administración central, la Gobernación espera que exista una mayor articulación con la Nación para enfrentar una amenaza que, según sostiene, desbordó la capacidad de las administraciones regionales durante los últimos años.

En conversación con El País, el secretario de Seguridad y Convivencia del Valle, Guillermo Londoño, analizó el panorama del departamento, habló de la presencia del Clan del Golfo, cuestionó la política de seguridad del Ejecutivo nacional saliente y explicó cuáles serán las prioridades para los 18 meses que restan de la administración de Dilian Francisca Toro.

También respondió a las críticas que ha recibido la estrategia de seguridad de la Administración en la comarca, defendió las inversiones realizadas para fortalecer la Fuerza Pública y sostuvo que, aunque el reto sigue siendo enorme, el Valle del Cauca contará, al finalizar el actual Gobierno Departamental, con una institucionalidad más preparada para enfrentar las distintas expresiones de la criminalidad.

Durante los últimos cuatro años la Gobernación del Valle, el Alcalde de Cali y de la mayoría de los otros municipios del departamento solicitaron más presencia de las Fuerzas Militares y de la Policía. ¿Cree que con el Gobierno Nacional que comienza el 7 de agosto habrá una intervención más directa para enfrentar a los grupos ilegales?

Sí, estoy completamente seguro. Con el gobierno Petro realmente estuvimos solos. El esfuerzo institucional de las gobernaciones y de las entidades territoriales, no solo del Valle del Cauca, sino también de Antioquia, Tolima, Meta, fue evidente. Estábamos en una puja permanente por intentar correr la cerca de los grupos armados organizados.

En el último cuatrienio estos grupos crecieron más de un 33 % solamente en el Valle del Cauca. Mire, por ejemplo, las revelaciones que acaban de conocerse sobre el Clan del Golfo. En el año 2022 esa organización tenía presencia en 145 municipios y para el 2025 ya supera los 330. Pasó de tener cerca de 4900 integrantes a alrededor de 9900 hombres. Son cifras de centros de estudios especializados que miden este fenómeno.

Es decir, hubo un crecimiento exponencial del control territorial de estos grupos y, claramente, las entidades territoriales tenemos capacidades limitadas para enfrentar una amenaza de esa magnitud.

Por eso, creemos que con el nuevo Gobierno Nacional debe existir un compromiso mucho mayor para recuperar el control del territorio.

Usted habla precisamente del crecimiento del Clan del Golfo. ¿Hoy existe presencia de esa organización armada ilegal en el Valle del Cauca? ¿Ha aumentado y dónde está ubicada?

Sí hay presencia del Clan del Golfo en el Valle del Cauca, aunque no con la misma magnitud que tiene el Estado Mayor Central, estructura que depende del bandido ‘Iván Mordisco’, ni como las disidencias de las Farc.

Hay presencia en el norte del departamento y también se han registrado intentos de expansión. Incluso se han presentado enfrentamientos entre el Estado Mayor Central, el ELN y el Clan del Golfo, no solamente en el norte, sino también en el Pacífico, particularmente en el Bajo Calima.

Allí han existido disputas por controlar ese corredor estratégico, que es una frontera internacional en Buenaventura y conecta al Valle del Cauca con el departamento del Chocó, en lo que se conoce como el Cañón de las Garrapatas.

Sí ha existido presencia de este grupo, pero, sobre todo, un intento permanente por ingresar a zonas que actualmente están en disputa con otras organizaciones armadas.

Otra de las preocupaciones de los últimos años ha sido la presencia de organizaciones criminales internacionales. Se han capturado integrantes de organizaciones brasileñas. ¿Cómo está hoy esa situación en el Valle del Cauca?

Las estructuras criminales terminan diversificando su portafolio, no solamente en lo que venden y cómo lo venden, sino también en con quién comercializan.

Generan una especie de outsourcing, contratando microbandas que operan a nivel local en los municipios, pero también establecen relaciones que traspasan las fronteras.

Estos grupos terminan comercializando el negocio ilegal con organizaciones mexicanas, europeas y de otros países. Si bien esas estructuras no controlan territorio en el Valle ni tienen una capacidad directa de daño en el departamento, sí poseen rutas, canales, protección y logística que facilitan el negocio criminal.

Por eso existe una conexión entre unos y otros, aunque no con la misma magnitud que esas organizaciones tienen en sus países de origen.

La Gobernadora solicitó durante varios años que la zona rural de Jamundí fuera incluida en un plan de erradicación de cultivos ilícitos, pero eso no ocurrió. ¿Cree que ahora sí será posible intervenir ese corredor que conecta con el Naya?

Nosotros estamos convencidos de que con el presidente electo Abelardo de la Espriella tendremos una oportunidad real para enfrentar este fenómeno.

En todos los escenarios le planteamos al Gobierno Nacional que entre el sur del Valle y el norte del Cauca existen cerca de 6.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Siempre dijimos que, sí había un lugar donde podía hacerse un piloto de erradicación, era esa zona, porque los alcaldes y la Gobernación estaban dispuestos a aportar recursos y herramientas.

Necesitamos erradicar las fuentes de financiación de estos grupos: los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el contrabando, la extorsión y el secuestro.

La Gobernadora incluso propuso utilizar drones como parte de esa estrategia. Siempre buscamos alternativas para golpear las finanzas de estas organizaciones.

¿Por qué es tan preocupante? Porque estamos enfrentando grupos que mueven enormes cantidades de dinero. Los presupuestos departamentales y municipales se quedan cortos frente a una amenaza como la del Estado Mayor Central.

La reciente incautación de 26 fusiles, 6 drones y más de 6000 cartuchos demuestra el esfuerzo institucional, pero eso realmente no representa un golpe significativo para una organización que obtiene enormes recursos mediante la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión.

Mientras nosotros hacemos grandes esfuerzos para invertir en sistemas antidrones, tecnología y capacidades, seguimos quedándonos cortos. La Nación tiene que tener la determinación de enfrentarlos, pero lo que ocurría era que esa determinación no existía.

Mientras nosotros intentábamos impedir que estos grupos se tomaran la zona rural de Jamundí, ellos estaban jugando a los congelados con el Gobierno Nacional. Eso nos parece inaceptable.

Otra preocupación es el futuro de Buenaventura después del proceso con los Shottas y los Espartanos. Existe el temor de que vuelva la violencia. ¿Qué puede hacerse para evitarlo?

Lo primero es que el nuevo Gobierno ha sido claro frente a las políticas que aplicará en materia de seguridad.

En el caso de Shottas, Espartanos y Chiquillos, es evidente que deben ser enfrentados con toda la capacidad del Estado. Pero eso no es lo único. Lo que siempre le reclamamos al Gobierno Nacional fue claridad: si iban a negociar, ¿en qué condiciones?, ¿cuál era el piso jurídico?, ¿con quién iban a negociar?, ¿qué iba a ofrecer el Estado? y ¿qué iba a recibir a cambio? Eso nunca quedó claro.

Mientras tanto, seguíamos enfrentando episodios de violencia que obligaban a realizar planes de choque. En muchas ocasiones la Gobernadora encabezó personalmente operativos y llevó a todo el gabinete para impulsar inversiones en Buenaventura.

El Gobierno Nacional también debe cumplir con la inversión social. Tuvo cuatro años y no fue capaz de darle el acueducto a Buenaventura. ¿Cuándo van a cumplirles con oportunidades reales?

Nosotros siempre hemos dicho que el Estado debe tener toda la capacidad para enfrentar a estos grupos, capturarlos y ponerlos ante los jueces de la República, pero también debe ofrecer oportunidades para que los jóvenes no encuentren en esas estructuras armadas una alternativa de vida, porque detrás de Chiquillos, Shottas y Espartanos hay muchas otras bandas que siguen reclutando jóvenes.

A esta Administración del Valle le restan 18 meses. ¿Cree que al terminar les podrá decirles a los vallecaucanos que se avanzó de manera importante hacia un departamento más seguro?

En estos 18 meses esperamos haber cumplido el Plan de Desarrollo. Pero más allá de cumplir indicadores y metas, creemos que estamos construyendo un legado, trazando un camino y dejando las bases para que los vallecaucanos tengan un departamento más seguro.

Un Centro de Atención de Emergencias y Seguridad como el que hoy tiene el Valle muy pocos departamentos del país pueden exhibir. Estamos dejando una institucionalidad robusta y fortalecida, donde la gestión del conocimiento y las decisiones basadas en evidencia sean una realidad.

También estamos fortaleciendo la Fuerza Pública con capacidades que nunca había tenido. Solo este año hemos entregado radios Harris de última tecnología. Son costosos, dicen algunos críticos, pero es lo que necesita nuestra tropa.

¿Por qué nuestros soldados tienen que cargar 60 kilos de peso con radios de hace 25 años y no pueden utilizar equipos satelitales? ¿Por qué nuestra Policía debe seguir comunicándose con tecnología de la época en la que enfrentaba al Cartel de Cali? Si para eso se creó la tasa de seguridad, debemos invertir esos recursos en dotarlos de mejores herramientas.

Yo creo que vamos a dejar un camino trazado para los vallecaucanos: la seguridad debe ser uno de los bienes más preciados de cualquier ciudadano.

Todos tenemos derecho no solamente a estar seguros, sino también a sentirnos seguros, a vivir en una región pujante, con una institucionalidad fuerte, capaz de responder cada vez que alguien pretenda imponer el miedo o el caos.

Así como lo hicimos el domingo pasado, luego de la segunda vuelta presidencial, vamos a responder con toda la autoridad para demostrar que existe una institucionalidad robusta y fuerte, dispuesta a defender a los vallecaucanos.