Gobierno presenta política contra delitos que afectan la libertad

Gobierno dice que se mejorarán las condiciones para los familiares de los secuestrados y de las víctimas de desaparición forzada en cuanto pago de impuestos y acceder a créditos bancarios.

Una política del Gobierno Nacional para contrarrestar los delitos que afectan la libertad de las personas fue presentada este miércoles en Arauca.Al respecto, se conoció que la estrategia tiene como aspecto novedoso la inclusión de la desaparición forzada y de la trata de personas, entre los delitos a combatir además del secuestro y la extorsión.La inclusión de ambos delitos que, tradicionalmente no se tenían en cuenta en este tipo de políticas, se basó en su impacto durante 2010.La idea de fondo es que la desaparición forzada y la trata de personas tienen como base la privación de la libertad e implican conductas criminales similares por parte de grupos delincuenciales.La política fue presentada por el ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, en compañía del Jefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Militares, general Luis Paredes; del subdirector del DAS, Jaime Polanco; el subdirector de la Policía, general Rafael Parra; el director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia y la directora de la Fundación País Libre, Olga Lucía Gómez.Cabe recordar que Colombia ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en el 2005 y que, en materia de trata de personas, en 2007, el Estado ya había adoptado una estrategia para combatir la explotación.La estrategiaLa política, que busca orientar la actuación de las autoridades sobre el tema, está basada en cinco ejes fundamentales: -La prevención de las conductas.-La disuasión para que no sean actuaciones criminales ‘rentables’.-La desarticulación de las estructuras ilegales. -La judicialización -La asistencia a las víctimas.Se trata básicamente de crear condiciones de seguridad que hagan cada vez más difícil y costoso para los grupos ilegales cometer delitos como el secuestro y la extorsión para que “abandonen paulatinamente estas prácticas” Para combatir cada delito, la estrategia elaborada en conjunto por organismos de inteligencia del Estado, la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Defensa, define parámetros para aumentar la cooperación entre las autoridades y la ciudadanía a través de las autoridades locales y brindar mayores elementos tecnológicos a las Fuerzas del orden y la investigación criminal, entre otros aspectos.La política que se quiere implementar estima como necesario el “fortalecer el Centro Nacional de Datos de la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, como instancia articuladora de la información oficial” , al igual que “incrementar la capacidad de los Gaula, de los componentes de la Fuerza Pública y de la policía judicial” y entregar medidas de seguridad para que la gente denuncie conductas delictivas.En cuanto a los Gaula (de la Policía y el Militar), se definirá un modelo que unifique su accionar a fin que se evalúen los cambios en las potenciales amenazas, se evite que se repitan las acciones y ser más eficientes.Igualmente, se buscará tomar medidas ejemplarizantes para luchar contra la impunidad, intensificar las recompensas y focalizarlas para obtener información valiosa, fortalecer la capacidad de las agencias del Estado para “identificar, caracterizar y anticipar las amenazas contra la libertad personal, así como para sustentar las operaciones contra los responsables de los delitos” .La Política dispone la creación de un Centro Integrado de Inteligencia para la Defensa de la Libertad personal (CI2-DLP) que estará a cargo de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía con apoyo de la Jefatura de Inteligencia de las Fuerzas Militares. Este Centro servirá para identificar, caracterizar y "anticipar" las amenazas contra la libertad de las personas.Igualmente, se buscará fortalecer la capacidad de investigación forense, la interceptación de comunicaciones por orden judicial, aumentar la cooperación internacional, la seguridad de los jueces y fiscales, brindar asistencia psicosocial a las víctimas y asesorarlas para que accedan a los derechos de verdad, justicia y reparación.Por delitoDesaparición forzadaEn este caso, la Política incluye “necesariamente un esfuerzo sistemático para determinar el paradero de las víctimas” , garantizar la protección de “potenciales víctimas” y establecer dispositivos de protecciones a “grupos de población vulnerable” .Entre los lineamientos que plantea esta propuesta se encuentran mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades cuando jueces y fiscales lo requieran, respecto del mecanismo de Búsqueda Urgente, fortalecer los recursos de la unidad especial sobre el tema de la Fiscalía y apoyar a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.Igualmente -dice la iniciativa- se buscan mejorar las condiciones para que los familiares puedan enfrentar el pago de impuestos y préstamos bancarios por medio de la reglamentación de “un sistema de información e inscripción en el Registro Único de Beneficiarios (RUB) basado en la articulación de instituciones a nivel municipal y nacional” .Frente a este delito, el Gobierno dice comprometerse a contribuir en los análisis que permitan entender la metodología de los victimarios, identificar “el número real” de casos, “impulsar la identificación de las víctimas” y mejorar la coordinación entre los distintos agentes estatales que se encargan del tema.En este sentido en el país existe el Registro Nacional de Desaparecidos, el Registro Nacional de Personas Capturadas y Detenidas, el Plan Nacional de Búsqueda y el Conpes 3590 de 2009.SecuestroLa política tuvo en cuenta la organización que requiere la realización de un secuestro selectivo, por parte de las Farc, el ELN, las bandas criminales y las agrupaciones delincuenciales en su orden, así como de la ‘sorpresa’ de un secuestro colectivo en el que no necesariamente el fin es económico y el llamado ‘secuestro exprés’, para fijarse como objetivo reducir a los mínimos posibles su ocurrencia, “liberar a las personas que siguen en cautiverio, judicializar y condenar a los secuestradores y asistir a las víctimas y propender por sus derechos", señala la propuesta. En 2010 el ministerio de Defensa registró 1.352 casos de microextorsión, principalmente en Bogotá, Antioquia, Valle, Huila, Santander, Tolima y Nariño. Para este caso, la Política dispone incrementar recursos al área de investigación a fin de incrementar las operaciones, el desarrollo de nuevas metodologías e indicadores para “determinar la dimensión de la extorsión en sus distintas modalidades”, además de diseñar un “Plan Nacional” en su contra que tenga programas de interlocución con ONG, los ganaderos, comerciantes, agricultores, los empresarios mineros y los profesionales, entre otros.En materia judicial, se buscará enfrentar la microextorsión como si fuese una “empresa para delinquir” que permita ser tipificada como el delito de concierto para delinquir con fines extorsivos y así poder obtener mayor pena. Igualmente, se buscará coordinación con el Inpec para reducir la extorsión desde las cárceles.Trata de personasSegún señalan las autoridades, la estadística sobre este delito no es exacta "debido a que es raro que las víctimas realicen denuncias por imposibilidad física, miedo o amenazas contra ellos o sus familias". En el entendido del Estado este delito es poco visible lo que dificulta pensar en una estrategia.Según datos de la Policía Nacional en 2010 se presentaron 17 casos, 38 en 2009, 48 en 2008 y 22 en 2007. En este caso la estrategia va encaminada a la desarticulación de las estructuras pero, ante todo, a prevenir a los posibles blancos en las regiones sobre este tipo de organizaciones. Igualmente, se buscará “mejorar las atención las víctimas con asistencia jurídica y psicosocial” y hacer modificaciones legales para poder ser más efectivos a la hora de enfrentar un delito como este.