Fiscalía ratifica decisión de no suspender órdenes de captura de integrantes del Clan del Golfo

Luego de una reunión con el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, la fiscal general Luz Adriana Camargo ratificó su decisión de no suspender, por ahora, las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, pese a la solicitud hecha por el presidente Gustavo Petro para facilitar el avance de una eventual mesa de diálogos con esa organización armada.

La fiscal Camargo explicó que la suspensión de las órdenes no está prevista antes del 25 de junio, fecha en la que se espera realizar una revisión detallada del listado de miembros del Clan del Golfo que participarían en el proceso de negociación.

Entre las conclusiones del encuentro, que se extendió por cerca de cinco horas, quedó definido que la lista no incluiría personas con solicitudes de extradición, como alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla del grupo, requerido por Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico.

En ese contexto, se prevé que en los próximos días continúen las reuniones para definir el alcance de este proceso. El tema cobra relevancia luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara, durante el consejo de ministros del pasado miércoles, que autorizó a la Consejería Comisionada para la Paz a trasladar integrantes de grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), con el propósito de avanzar en las negociaciones con estas estructuras.

Una de las principales líneas rojas trazadas durante las conversaciones interinstitucionales es la situación de las personas solicitadas por tribunales internacionales.

La Fiscalía enfatizó de manera categórica que bajo ninguna circunstancia se incluirá en estos beneficios a ciudadanos extraditables, lo que excluye de forma automática a alias Chiquito Malo, el máximo cabecilla de la organización criminal que es requerido por la justicia de los Estados Unidos debido a delitos de narcotráfico.

Los argumentos técnicos plasmados por el organismo judicial en un comunicado de ocho puntos aclaran que para proceder con un beneficio de tal magnitud se requiere, de forma obligatoria, la plena identificación de los 29 sujetos.

La entidad advirtió que el Estado no puede fundamentar sus decisiones exclusivamente en los datos suministrados por la propia estructura criminal, sino que debe operar un sistema de verificación independiente, rastreable y riguroso.

Adicionalmente, la institución judicial exige muestras claras y contundentes de desmantelamiento antes de modificar sus actuaciones penales.

El listado de condiciones básicas incluye la suspensión total de actividades delictivas, el abandono definitivo de economías ilegales como la extorsión, la entrega inmediata de todos los menores de edad reclutados de forma forzosa, y el aporte de información verídica sobre personas desaparecidas en sus zonas de influencia.