Fiscalía logra condena contra uno de los intervinientes en el escándalo de corrupción conocido como ‘centros poblados’

La contundencia de las pruebas recaudadas por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que Juan José Laverde Martínez, mediante preacuerdo, aceptara de manera libre y voluntaria su participación en el entramado de corrupción que permitió el direccionamiento y apropiación de recursos del millonario contrato que pretendía llevar Internet a escuelas rurales del país.

En ese sentido, una juez penal del circuito de Bogotá lo condenó a cuatro años de prisión como responsable de los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.

Asimismo, estableció que deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad de 30 meses para ejercer funciones públicas.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en articulación con un equipo de investigadores y peritos financieros – contables, estableció que Laverde Martínez, en su condición de representante de una compañía de seguros, entregó la póliza falsa que permitió a la unión temporal ‘Centros Poblados’ respaldar su oferta ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic), y quedarse con el contrato de conectividad que ascendía a un billón de pesos.

Adicionalmente, se determinó que el hoy sentenciado también aportó tres garantías bancarias que indujeron a error a funcionarios del Mintic que aprobaron el desembolso de un anticipo por 70.000 millones de pesos.

En virtud del preacuerdo, Laverde Martínez reintegró 186′739.959 de pesos, que corresponderían a los dineros que recibió por su intervención. La juez de conocimiento le reconoció al sentenciado la suspensión condicional de la pena.

Sanciones a exfuncionarios del MinTic

Cabe recordar que, en mayo, la Procuraduría General de la Nación anunció las primeras sanciones contra exfuncionarios del Ministerio de las Tecnologías y a dos contratistas por las conocidas irregularidades del caso de Centros Poblados y la contratación por el valor de $1.072.552.301.475, para conectar a internet a más de 7.000 comunidades rurales.

Según informó el ente de control, los servidores afectados con la decisión disciplinaria de primera instancia fueron la exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez; el exdirector de Infraestructura del MinTIC, Camilo Alberto Jiménez Santofimio; y la exsecretaria General del MinTIC y exdelegataria de la contratación, Adriana Vanessa Meza Consuegra.

Asimismo, los contratistas sancionados fueron el exrepresentante legal de la UT Centros Poblados 2020, Luis Fernando Duque Torres; y la exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, Paola Andrea Izquierdo Rivera.

En lo que respecta a la exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC fue destituida e inhabilitada por el término de nueve años y un mes, “por no verificar de manera diligente, antes de dar su aprobación, las garantías de cumplimiento del contrato que la UT Centros Poblados, los cuales se presentaron de forma extemporánea y que resultaron falsas”.

En el caso del exdirector de Infraestructura del MinTIC y estructurador de la licitación, fue suspendido nueve meses por permitir que se modificaran, sin sustento, las recomendaciones del consultor TELBROAD-PROFIT, relacionadas con reducir el requisito del indicador patrimonial habilitante a los proponentes de la licitación del 18% del presupuesto oficial al 10% del presupuesto de las regiones a adjudicar.

El Ministerio Público también suspendió por cinco meses a la exsecretaria General del MinTIC y delegataria de la contratación por incluir una cláusula con la figura del amigable componedor en el pliego de condiciones de la licitación, esto sin haber sido avalada por el Comité de Conciliación de la entidad, con lo cual cometió una falta gravísima a título de culpa grave.

Por incurrir en el delito de falsedad en documento privado al firmar y utilizar ante el MinTIC las garantías de cumplimiento del contrato, a sabiendas de que habían sido falsificadas, también se sancionó al exrepresentante legal de la UT Centros Poblados Colombia 2020 con 90 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV) para la época de los hechos e inhabilitado para ejercer empleo o función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este por el término de 15 años. La falta fue calificada como gravísima a título de dolo.

Finalmente, la exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, quien ejerció la interventoría del cuestionado contrato, fue multada con 50 SMLV e inhabilitada para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este durante 11 años, “por omitir la verificación y validación del cumplimiento de requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario en el que se autorizó la utilización y pago del anticipo por valor superior a 70 mil millones de pesos”.

“Teniendo en cuenta que Jiménez Santofimio y Meza Consuegra no son servidores públicos actualmente, las sanciones que les fueron impuestas se convertirán en salarios mínimos de acuerdo con el monto de lo devengado al momento de cometerse la falta”, resaltó la entidad.

La Procuraduría agregó que remitirá copias de este fallo a la Fiscalía General, a la Contraloría General y a la Agencia Nacional de Contratación a fin de que adelanten las actuaciones conforme a sus competencias. al ser decisiones en primera instancia, los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los cinco disciplinados serán resueltos por la Sala Ordinaria de Juzgamiento.

Con información de El País y Colprensa