Fiscalía impone medidas cautelares a bienes de Óscar Iván Zuluaga por presunta financiación de Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre tres inmuebles que, según la investigación, harían parte del patrimonio del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar y de su entorno familiar, en el marco de las pesquisas por la presunta financiación internacional de su campaña presidencial de 2014 por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Las propiedades, avaluadas en conjunto en más de 3.664 millones de pesos, incluyen un apartamento y la tercera parte de una vivienda en Bogotá, además de un inmueble en Pensilvania, Caldas. La decisión busca garantizar la disponibilidad de bienes que podrían responder por eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de la investigación.

El caso se originó en el trabajo del Grupo de Tareas Especiales creado para el expediente Odebrecht, que recopiló elementos materiales probatorios sobre transferencias y pagos que, según la hipótesis investigativa, habrían beneficiado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que Odebrecht habría asumido el pago de 1.610.740 dólares por servicios de publicidad en favor de esa campaña, montos que no habrían sido reportados en los balances ni informados a las autoridades electorales. Al tratarse de recursos provenientes de una persona jurídica extranjera, la investigación considera que se configuraría una fuente de financiación prohibida para campañas políticas en Colombia.

Según la Fiscalía, los recursos comprometidos fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y vinculada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti. En aquel momento, los giros equivalían a más de 3.000 millones de pesos.

Además, la ruta de los dineros y la intermediación a través de estructuras societarias en el exterior son elementos centrales en la hipótesis que investiga la entidad, que busca establecer la existencia de aportes no reportados y la posible responsabilidad de quienes los recibieron o facilitaron.

Cabe recordar que, las medidas cautelares son una herramienta procesal preventiva, no constituyen una condena ni determinan culpabilidad, sino que aseguran bienes mientras avanza la investigación y, en su caso, un eventual proceso judicial.

En este expediente, la Fiscalía argumenta que la afectación de los inmuebles es necesaria para evitar la dilapidación o el ocultamiento de activos que podrían ser objeto de reparación o sanción si se acreditan responsabilidades.

Parte de las propiedades objeto de las medidas, según la investigación, habrían sido transferidas mediante donación en junio de 2023 a integrantes del círculo familiar del excandidato, un hecho que la Fiscalía examina para determinar si hubo maniobras destinadas a eludir eventuales embargos o afectaciones patrimoniales.

“La afectación busca evitar que los activos sean vendidos, enajenados o comercializados mientras se surte el trámite de extinción de dominio”, precisó la Fiscalía General de la Nación en su comunicado.