Fiscalía archivó investigación contra Yahir Acuña por $487 millones incautados en 2015

La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar la investigación preliminar contra Yahir Fernando Acuña Cardales, actual alcalde de Sincelejo, Sucre, por el caso de los $487.421.000 en efectivo que las autoridades le incautaron durante un operativo en octubre de 2015. La decisión se conoció el sábado 17 de octubre de 2026 y se fundamentó en la ausencia de elementos que permitieran establecer la existencia de conductas punibles relacionadas con el dinero.

La determinación también cobijó a Milene Jarava Díaz, quien era esposa de Acuña para la época de los hechos, y a los ciudadanos Uriel de Jesús Botero Zuluaga y Yesith Rafael Prens Martínez.

El expediente se originó el 23 de octubre de 2015, cuando las autoridades interceptaron una camioneta en la vía que comunica a Sincelejo con Calamar. En el vehículo se movilizaba Acuña, entonces dirigente político de Sucre, y durante el procedimiento fueron encontrados $487.421.000 en efectivo.

La cantidad de dinero motivó una investigación para establecer su procedencia y determinar si estaba relacionada con alguna actividad ilegal. En ese momento, las autoridades adelantaron diligencias para verificar los documentos aportados como respaldo de las operaciones comerciales e inmobiliarias que, según la explicación presentada por los involucrados, permitían justificar el origen de los recursos.

Once años después, la Fiscalía concluyó que los elementos recopilados durante la indagación no permitían vincular el efectivo con conductas delictivas.

Las pruebas que revisó la Fiscalía para tomar la decisión

Durante el desarrollo de la investigación se examinaron documentos relacionados con negocios inmobiliarios que fueron presentados para sustentar la procedencia lícita del dinero.

Entre las operaciones analizadas figuraron la venta de un apartamento ubicado en el edificio Verona, en Sincelejo, y la negociación de un predio rural identificado como Villa Ángela o Las Sofías. Según la información divulgada sobre el expediente, esas transacciones contaban con documentos y escrituras públicas tramitadas ante notarías de Sincelejo y Corozal.

La investigación incluyó análisis grafológicos, verificaciones financieras, inspecciones de archivos notariales y estudios patrimoniales realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Estas diligencias buscaban establecer la autenticidad de los documentos aportados, comprobar las operaciones comerciales referidas y determinar si existían inconsistencias que permitieran relacionar el dinero con actividades ilegales.

El organismo fundamentó su determinación en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, disposición que regula el archivo de las diligencias cuando la información disponible permite concluir que no existen motivos o circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia de un delito.

Otro de los aspectos relevantes del caso es el destino que tendrían los recursos incautados en 2015. De acuerdo con la información divulgada sobre la decisión de la Fiscalía, se estableció que el dinero estaba destinado a cubrir gastos logísticos pendientes de la campaña de Acuña a la Gobernación de Sucre de ese año.