Fiscal Luz Adriana Camargo anunció una investigación para esclarecer si funcionarios favorecieron a Carlos Ramón González

Como una situación “delicada” calificó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el hecho de que Carlos Ramón González, prófugo de la justicia, fuera visto en una fiesta de la embajada de Colombia en Nicaragua, según se especula.

Por este motivo, la fiscal manifestó que la Fiscalía General de la Nación abrirá una investigación para determinar si miembros del cuerpo diplomático de Colombia en Nicaragua favorecieron a González, quien es buscado por ser uno de los señalados responsables del entramado de corrupción al interior de la Ungrd.

Camargo aseguró, además, que hasta el momento se desconoce si la fiesta se realizó en las instalaciones de la embajada colombiana en dicho país, pero que si este es el caso habrá consecuencias penales.

“No tengo claridad si esa parranda vallenata fue en la embajada. Si fue en la embajada, pues a mí me parece muy delicado, sobre todo porque él es una persona que está siendo buscada por nosotros, tiene una circular roja de Interpol y sabemos que él tiene una condición de asilo en Nicaragua”, declaró la Fiscal General.

En ese sentido, sostuvo que tendrá que evaluar cuáles son las consecuencias de esos hechos que recién han sucedido, “pero en principio me parece muy delicado”, agregó.

La fiscal destacó que, si se llega a comprobar que González contó con la complicidad de funcionarios del Gobierno durante la parranda, se trataría de una señal muy negativa.

“Entendemos que hay un asilo que le otorgó el gobierno de Nicaragua, pero también entendemos que la sede de la embajada de Colombia en Managua es territorio colombiano para todos los efectos jurídicos, entonces vamos a revisar el asunto”, dijo.

Y concluyó: “¿Cuáles fueron los funcionarios de la cancillería y de la embajada que estaban ahí? ¿Se podría decir que tenían alguna responsabilidad de reportar a Cerro Ramón en la fiesta? Eso es lo que tenemos que evaluar”.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para establecer qué servidores públicos autorizaron y facilitaron la fiesta.

El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, explicó que las sedes diplomáticas funcionan como “una extensión sagrada” del territorio nacional, por lo que cualquier funcionario que haya permitido el uso de estas instalaciones para fines personales debe responder ante la ley disciplinaria, sin importar que el protagonista del festejo ya no sea servidor público.

El jefe del ente de control advirtió que la investigación busca nombres propios para determinar quién dio la orden, quién cursó las invitaciones y quién manejó la logística de la celebración.

La entidad ya pidió a la Cancillería los registros oficiales para saber quién estaba al mando de la misión en Nicaragua y bajo qué criterios se permitió el ingreso de los asistentes, advirtiendo que podrían venir suspensiones provisionales si se intenta obstaculizar el proceso.

*Con información de Colprensa.