Financiación de la campaña Galán a la alcaldía de Bogotá desata tormenta legal por supuesto quiebre de topes; estos son los contratos

El panorama político de la capital experimenta un fuerte remezón institucional luego de que se confirmara una acción oficial contra la máxima autoridad del Distrito, el alcalde Carlos Fernando Galán. El Consejo Nacional Electoral (CNE) formalizó la apertura de una indagación preliminar enfocada en la campaña que llevó al actual mandatario a ocupar el segundo cargo de elección popular más importante del país.

La mira de la corporación judicial electoral se centra directamente en rastrear el origen y la distribución de los recursos económicos captados durante la contienda.

El proceso formalizado busca determinar si existió una estrategia coordinada para vulnerar los límites establecidos por la ley electoral colombiana, lo cual ha encendido las alarmas en el Palacio Liévano.

Esta determinación institucional no surge de un control de rutina, sino que es el resultado directo de una detallada denuncia interpuesta formalmente. Las evidencias que desencadenaron la intervención del tribunal proceden directamente de los despachos de la misma administración local, bajo la autoría del concejal de Bogotá, Angelo Schiavenato.

De acuerdo con el expediente, que ya reposa en los despachos de los magistrados, el cabildante aportó documentación detallada que recopila las transacciones efectuadas por importantes conglomerados financieros. La tesis principal de la denuncia apunta a que múltiples aportes económicos habrían sido segmentados para evitar activar las alertas de los organismos de control.

El núcleo de la indagación gira en torno a las operaciones contables de dos gigantes del sector corporativo nacional. Las auditorías recopiladas indican que Mercantil Colpatria efectuó un desembolso directo tasado en los 250 millones de pesos, una cifra considerable dentro del balance consolidado de la aspiración política.

De manera simultánea, la fiscalización señala de cerca los movimientos provenientes del Grupo Bolívar, cuyas firmas filiales habrían inyectado un monto conjunto de 100 millones de pesos. La cercanía matemática de estos montos con los techos presupuestales legales permitidos despertó las suspicacias inmediatas de los investigadores del cabildo capitalino.

El debate jurídico que ahora procesa la autoridad electoral radica en la naturaleza de los donantes y su vinculación corporativa. El concejal denunciante argumenta que la fusión existente entre una de las entidades y Davivienda pieza fundamental del engranaje del Grupo Bolívar consolidaría un único bloque de interés empresarial.

Al unificar las cifras de las corporaciones bajo una misma matriz de financiación, el acumulado final superaría el umbral del 2% fijado por la normatividad vigente. Dicho exceso, según la advertencia del demandante, generaría de manera inmediata una serie de severas restricciones de contratación con los organismos del Distrito.

Frente al impacto de la apertura del expediente, la respuesta desde el Ejecutivo local no se hizo esperar a través de los canales institucionales. Mediante un comunicado de prensa, el alcalde Carlos Fernando Galán defendió la transparencia de los recursos invertidos en la carrera electoral del año 2023.