Fallo de Corte Constitucional ordena mover y no retirar bases militares en Guaviare

La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Defensa devolver al resguardo indígena Jiw de Barrancón, en Guaviare, el territorio que ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina.

La Corte Constitucional aclaró este jueves los alcances de la decisión que tomó respecto de las instalaciones militares que tiene la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina en Barrancón, Guaviare, y señaló que no ordenó retirarlas, sino moverlas para devolver seis hectáreas de tierra al resguardo indígena Jiw o Guayabero.Resalta la Corte que en el Auto 173 de 2012 “no se ordena el retiro de dos (2) bases militares ubicadas en los departamentos de Meta y Guaviare, sino la devolución de seis hectáreas de territorio colectivo ocupadas actualmente (…), en el departamento del Guaviare” . Además, el alto tribunal enfatiza que la decisión “nada tiene que ver con otros territorios del país”.Y aclara que al Ministerio de Defensa le fueron adjudicadas 250 hectáreas en la zona, mediante Resolución No. 571 del 31 de mayo de 1988, expedida por el anterior Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, “que puede ocupar, sin poner en riesgo esas comunidades indígenas” .“En dicha área se identificaron 19 construcciones superpuestas con el territorio del resguardo, de las cuales 7 son permanentes: piscina, torre de observación, alojamiento y tanque elevado, planta de acueducto, escuela, dos salones de clase y dos pistas de comandos” , explica la Corte.A renglón seguido, sostiene que “la seguridad nacional no se verá comprometida con la reubicación de ninguna de estas construcciones, pero su permanencia sí compromete la existencia misma del pueblo indígena Jiw, asentado en el resguardo de Barrancón”.La Corte Constitucional recuerda que ordenó al Ministerio de Defensa la devolución del área del territorio colectivo, en un periodo no mayor a seis meses, “en atención a lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT, y a los principios de precaución, distinción y necesidad militar, y demás normas de DIH que hacen parte del ordenamiento nacional (artículo 93.1 de la Carta), a las normas legales vigentes y la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia” .Para la Corte, los pueblos indígenas Jiw y Nükak, asentados en los departamentos de Meta y Guaviare, están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente, a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección.“Pues, como se desprende de los diversos informes y pruebas referidos en el auto, las comunidades Jiw o Guayabero y Nükak se han visto profundamente afectadas por el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado y, en consecuencia, han sido despojadas del territorio propio, y buscan reubicarse en zonas donde puedan continuar lo que ellos llaman ‘modo de vida buena’ o cosmovisión”, añade el documento.Ejército acata falloEl general Sergio Mantilla, comandante del Ejército, aseguró que el asunto se resume en una situación de linderos que incluye un área de seis hectáreas y recordó que las tropas llegarón al lugar en 1975 y en 1988 el Incora les asignó esos terrenos.“Desde hace uno o dos años hemos estado en conversaciones con el propósito de solucionar esta situación de linderos”, dijo el oficial. “Una vez sale el fallo de la Corte, estamos empezando el procedimiento para retornar esas seis hectáreas con unas pocas instalaciones que tendrán que ser cambiadas”.“Es importante anotar que en el momento mantenennmos las mejores relaciones con los indígenas, nuestros hermamos, nuestros conciudadanos. La intención es mantener esas relaciones de armonía. A nosotros nos corresponde acatar los fallos”, concluyó.