Coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec: “En los últimos siete años han sido asesinados cerca de 60 dragoneantes”

En lo corrido del 2023 han sido asesinados seis guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y se han registrado 650 amenazas en los últimos siete años, una de las más recientes a través de una carta firmada por el grupo delincuencial La Oficina, que opera en Tuluá.

Por esta razón, El País habló con el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, quien explicó qué habría detrás de las amenazas a los dragoneantes y le realizó un llamado a la Fiscalía para que haya mayor celeridad en estas investigaciones. Además, habló sobre la crisis que sigue viviendo la cárcel de Tuluá y reveló por qué Andrés Ricci, presunto feminicida de la patinadora Luz Mery Tristán, fue enviado a un centro penitenciario fuera de la región.

¿Qué está pasando con la seguridad de los Dragoneantes del Inpec, hay muchos amenazados en todo el país y una de las ciudades críticas es Tuluá?

Han salido varias amenazas en esa zona del país, y también, desafortunadamente, asesinaron a uno de nuestros funcionarios en Valledupar. Cuando se presentan estas amenazas, lo primero que revisamos es la procedencia y veracidad de la información, porque también nos hemos dado cuenta de que muchas veces hay otros intereses que se aprovechan para generar intimidación.

Con respecto a la salvaguarda de la vida de nuestros servidores penitenciarios, creamos un Plan Integral de Prevención Penitenciario a partir de estadísticas y un análisis durante los últimos siete años, donde se encontró que se asesinaron alrededor de 60 y 65 guardianes y se presentaron aproximadamente 650 amenazas que están documentadas.

¿En qué consiste el Plan Integral de Prevención Penitenciario?

Consiste en buscar articulaciones y capacidades de otras instituciones como la Policía, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que le podamos dar garantía de seguridad a nuestros servidores penitenciarios, entendiendo que en el Inpec no hay una unidad de inteligencia que pueda prevenir ese tipo de situaciones, entonces el Ministerio de Justicia se articuló con Ministerio de Defensa para que la Policía preste este servicio.

¿Cómo se llevará a cabo este plan?

Identificamos los establecimientos que han tenido antecedentes de atentados en zonas semirurales como Jamundí, Popayán, Valledupar, Girón o Tuluá; aunque este último está en el casco urbano, ha generado riesgos. Ahora estamos identificando esos sitios y vamos a hacer una ruta para que la Policía pueda acompañar constantemente y brindar seguridad en los desplazamientos, especialmente cuando salen de servicio, que es cuando se han presentado los atentados.

Los miembros del Inpec denuncian falta de investigaciones en casos de amenazas y homicidios, ¿cómo están avanzando este tema?

Le estamos pidiendo a la Fiscalía mayor celeridad o que nos cuente más sobre el estado de las investigaciones sobre las amenazas y los atentados contra los guardianes, para de esta manera tener certeza de los autores y tener esclarecimiento de los hechos. Con la UNP vamos a revisar cuáles son las medidas de protección y, con la Policía, vamos a hacer campañas de autoprotección para nuestros servidores.

¿Existe corrupción en el Inpec?

Se han detectado malas prácticas en varios aspectos del sistema penitenciario, entre esos la corrupción. Hay funcionarios que actúan con transparencia, con contundencia y control, pero hay otros que no lo hacen y se comprometen con actores criminales, poniendo en riesgo la vida de sus demás compañeros.

¿Están los dragoneantes más expuestos a sufrir atentados en el Valle luego de las amenazas del grupo delincuencial La Oficina de Tuluá?

No podemos determinar en dónde están más expuestos, entendiendo que en todo el país tenemos 126 establecimientos de orden nacional, de los cuales 12 tienen pabellones de alta seguridad y hay estructuras criminales que delinquen en todo el país. Hay un antecedente, el año pasado se presentaron varios hechos en el Valle del Cauca, entre Cali, Tuluá y Buga, pero la amenaza es latente en todo el país.

Actualmente, 15 miembros del Inpec están siendo investigados por la puesta en libertad de alias Hormiga, condenado a 60 años de prisión, ¿por qué se dio esta liberación?

Constantemente aquí llegan tutelas, desacatos y órdenes de jueces, entonces lo que se presentó fue la llegada de una boleta de libertad para una persona privada de la libertad que, en este caso, fue alias la Hormiga, pero mañana puede ser una persona que nadie conoce, porque es algo muy común ya que tenemos 100.000 personas detenidas.

Cuando llega una boleta de libertad de un juez, los jurídicos lo que hacen es realizar la sustanciación de la hoja de vida y preguntan a los demás juzgados si no tienen otros requerimientos, entonces la realidad es que no sabemos si hubo falla humana o de quién fue la falla, el hecho es que sale en libertad por esa boleta y luego otro juzgado lo requiere por otra condena que tenía activa. Cuando nos damos cuenta de eso comenzamos las investigaciones y estamos esperando para saber de quién fue la falla.

¿Y en el caso de la puesta en libertad de alias Gordo Lindo?

Igual. En este momento la Procuraduría abrió la investigación, entonces estamos a puertas abiertas para que investiguen y se determine si en efecto también hubo una falla, entonces estamos a disposición de los entes de control y de los entes judiciales para que determinen la responsabilidad en caso de que se haya dado.

Actualmente los centros penitenciarios y estaciones de Policía tienen altos índices de hacinamiento ¿Por qué pasan los años y esto no se soluciona?

Entre el 2016 y 2017 el Inpec tenía un hacinamiento del 150%, pero hubo un cambio a partir de la Ley 65 que establece que los condenados son responsabilidad de los entes territoriales y por eso se creó una brecha ya que el Inpec dejó de recibir sindicados y a la fecha solo tiene un hacinamiento del 24%, aunque hay unas cárceles como la de Valledupar que sí están bastante hacinadas.

El mayor hacinamiento se presenta en las estaciones y en las URI, que no dependen del Inpec, y donde desafortunadamente la Policía está cargando con ese lastre. Por esta razón se está articulando con los entes territoriales, que es su responsabilidad, para que ellos construyan cárceles municipales y poder asumir la prestación de vigilancia de todas las personas sindicadas, que son alrededor de 22.000 en todo el país.

La cárcel de Tuluá también presenta graves problemas. Hay deficiencias en la red contra incendios, en la alimentación y otros servicios básicos…

En la cárcel de Tuluá se están haciendo articulaciones con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que es quien maneja los recursos de todas las cárceles, para que a través de ellos se puedan adquirir todos los elementos necesarios para incendios y otras falencias en términos de infraestructura. Además, esta Unidad también se encarga de la salud y de la alimentación en todas las cárceles del país.

¿Por qué Andrés Ricci, presunto feminicida de Luz Mery Tristán, fue enviado a un centro carcelario en otro departamento?

Teniendo en cuenta el perfil de esa persona y su injerencia en el Valle del Cauca se decidió enviarlo para la cárcel La Picaleña (Tolima) y actualmente está allá. Además de evitar ataques contra él, ya que también es nuestra función constitucional salvaguardar la vida de las personas privadas de la libertad, también se quiere evitar que tenga algún tipo de beneficios de permanecer en el Valle.

¿Cuál es su mayor preocupación como director del Inpec?

Mi mayor preocupación es el personal, porque el activo más importante son las personas y me preocupan las amenazas, la integridad de sus vidas y también los hechos de corrupción que atentan a la transparencia.

Si los servidores penitenciarios se encuentran bien en términos salariales, pensionales y en jornadas laborales, prestan un mejor servicio y si se encuentran seguros de amenazas y de homicidios van a estar tranquilos, de esa manera se evita la corrupción. Estamos trabajando en el enfoque humanista, no solamente para las personas privadas de la libertad, sino también para los servidores penitenciarios que día a día están poniéndole el pecho a la reja.