El sur de Colombia, una zona de alto riesgo para líderes sociales

El panorama de los líderes sociales en Colombia durante el 2023 es lamentable. A corte del 16 de diciembre del año en curso, 183 defensores fueron asesinados, siendo los departamentos de Cauca (34), Antioquia (21), Nariño (17), Valle del Cauca (16) y Córdoba (11), los más afectados por este flagelo de acuerdo con las cifras reveladas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

No es casualidad que entre los departamentos más afectados se encuentren Cauca, Nariño y Valle del Cauca, en el sur del país, en los que hay mayor presencia de grupos al margen de la ley como las disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo, entre otros, que buscan tomar el control de los territorios a través de la violencia, vulnerando los derechos de los habitantes.

Sobre el tema, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional ante la violación sistemática de los derechos fundamentales de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, ordenando que “el Estado colombiano, las autoridades de todos los órdenes territoriales y la ciudadanía, tienen el deber de asegurar que la situación en curso se detenga. La indolencia, el silencio o la negligencia no son admisibles bajo una Constitución como la que actualmente rige en Colombia”.

La Corte también expuso que “esa violación de derechos fundamentales se ha dado por la actuación de grupos al margen de la ley; la incapacidad estatal de cumplir el deber de protección de su vida e integridad; la ausencia de capacidad para coordinar a las diferentes entidades públicas y las limitaciones presupuestales a efectos de garantizar la oferta de la totalidad de medidas de protección de la población afectada”.

El caso más reciente en el sur del país ocurrió en Toribío, Cauca, uno de los municipios más afectados por la violencia y donde el pasado 16 de diciembre fue asesinado en su casa Marino Paví Julicue, un líder comunitario de la Guardia Indígena Kiwe Thegna del resguardo San Francisco. Paví era dinamizador de su lengua natal, el Nasa Yuwe, y estudiante de pedagogía, artes y conocimientos ancestrales de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural.

Un analista en inteligencia y líder comunitario consultado por El País, aseguró que mientras el Estado no tome en serio su labor de protección hacia los defensores de diferentes luchas en Colombia, los homicidios continuarán.

Y es que de acuerdo a la Unidad Nacional de Protección, 4019 personas han pedido protección, 1990 de ellos eran líderes sociales y comunitarios.

El analista sostuvo que además de la seguridad permanente a los solicitantes, es fundamental que el Estado llegue con ofertas integrales a las zonas más afectadas, solo de esta manera habrá una reducción significativa de muertes.

En el Valle del Cauca el panorama no es mejor, pues en lo corrido del año 16 líderes fallecieron a manos de los violentos en el departamento. Camilo Osuna, un joven ambientalista fue asesinado el Día de las Velitas en Cali, ciudad en riesgo extremo para los defensores.

Además, Shaina Vanessa Pretel, defensora de los derechos LGBTIQ+; Luis Alberto Quiñones, líder afrodescendiente; y Lisandro Vallecilla, músico y dirigente cultural del pacífico, fueron asesinados en la capital vallecaucana en 2023.

“No basta con identificar los liderazgos, lo que las autoridades deben hacer es realizar visitas periódicas y diseñar un esquema de seguridad de ser necesario. Es triste que muchos de los asesinados nunca habían recibido una visita para verificar su nivel de riesgo”, indicó el experto.