Destituyen a jueza de la población de El Bordo, Cauca, por acoso y maltrato laboral

La Jueza Primera Promiscua Municipal de la población de El Bordo, municipio de El Patía, Cauca, Verónica María Pedraza Piedrahíta, fue destituida e inhabilitada por diez años para ejercer cargos públicos.

La decisión se tomó luego de ser hallada disciplinariamente responsable de los comportamientos de acoso y maltrato laboral contra varios de sus subalternos, determinación que se da a través de un fallo de primera instancia. Se espera que en los próximos meses se presente la respectiva apelación.

La medida fue adoptada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cauca, que calificó la conducta de la funcionaria como una falta gravísima cometida a título de dolo, en aplicación de la Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral y del Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019.

El proceso disciplinario inició a partir de las quejas interpuestas por los funcionarios Luis Manuel Anacona Valencia y Luz Dary Ordóñez Samboní, quienes denunciaron gritos, humillaciones y presiones para renunciar a sus cargos, todo por el trato despectivo y violento de la funcionaria contra las personas que laboraban con ella.

El expediente revela que al menos siete empleados abandonaron sus cargos durante el periodo de gestión de Pedraza Piedrahíta debido al ambiente laboral altamente tóxico que reinaba en el despacho. Por eso, las víctimas optaron por denunciar ante las autoridades competentes.

Entre los testimonios más relevantes está el de la exfuncionaria Jheiny Catherine Chasoy Herrera, quien aseguró que su renuncia fue motivada por “el nivel de agresividad que presentaba la señora juez, más cuando trataba a sus subalternos”.

“Yo salí aniquilada profesional y personalmente”, señaló la denunciante durante la audiencia contra la funcionaria.

Las pruebas incluyen grabaciones en las que se escuchan expresiones despectivas utilizadas por la juez hacia sus funcionarios, entre ellas frases como “la vieja” o “es más loca que una cabra”.

El fallo también señala que, pese a las directrices del Consejo Superior y de la Judicatura Seccional durante la pandemia, la juez obligaba a sus subalternos a presentarse presencialmente a trabajar, incluso cuando existían incapacidades médicas o recomendaciones de trabajo en casa.

“Ella no tiene horario, casi no viene, solo llama, grita y da órdenes alzando la voz”, se lee en uno de los testimonios incorporados al expediente.

A las denuncias de acoso se sumaron reportes de negligencia en la gestión judicial, con mora en audiencias de garantías, conocimiento y apelaciones, afectando el derecho al acceso a la justicia de los usuarios del despacho.