Denuncian malas condiciones en centros de reclusión de menores

La Defensoría del Pueblo visitó 18 centros transitorios de detención para adolescentes, entre ellos Valle del Lili y el Buen Pastor en Cali, y aseguró que en dichos lugares se evidencian síntomas de violación a los derechos fundamentales.

La Defensoría del Pueblo  visitó 18 centros transitorios de detención para adolescentes, entre ellos Valle del Lili y el Buen Pastor en Cali,  y aseguró que en dichos lugares aún se evidencian síntomas de violación a los derechos fundamentales de quienes se encuentran privados de la libertad dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, SRPA.

En las visitas a los centros, en ocho ciudades, los  funcionarios de la Defensoría del Pueblo entrevistaron  a 260 jóvenes.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez,  aconsejó el cierre y demolición de espacios donde se han presentado atropellos. Esos espacios son los sitios considerados como celdas de castigo para los menores con problemas de comportamiento. 

El estudio advierte malas condiciones de salubridad, infraestructura deficiente que no cumple con los estándares mínimos internacionales, utilización de casas de vivienda como centros de detención, antiguas construcciones y celdas de castigo como mecanismo de aislamiento y sanción, así como falencias en la prestación de los servicios públicos.

En los centros visitados de Cali, Bogotá, Villavicencio, Ibagué, Neiva y Cartagena, los funcionarios de la Defensoría pudieron establecer “problemáticas relacionadas con la atención en salud, hacinamiento, falta de dotación para la resocialización, escasez de programas efectivos de formación académica, ocupacional y recreativa; y en algunos casos puntuales, situaciones de maltrato durante la captura y estadía en el centro por personal de la Fuerza Pública y el Inpec”.

El informe también señala que “no hay plenas garantías para la defensa en condiciones óptimas, ni para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a la vez que advierte déficit en la intervención terapéutica inpidual y familiar, incumplimiento de los manuales de convivencia, y fallas en el seguimiento y la gestión post- egreso de los adolescentes”.

La presentación del informe llamado  ‘Violaciones a los derechos humanos de adolescentes privados de la libertad: Recomendaciones para enfrentar la crisis del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes’, se realizó con la participación de Cristina Plazas, directora del ICBF; Vivian Limpias, representante de Unicef en Colombia, y Emilio García Méndez, autoridad internacional en justicia adolescente y juvenil.

En su intervención, Otálora también solicitó a las autoridades garantizar los Derechos Fundamentales de los adolescentes y “establecer claramente los mecanismos de defensa e intervención para los detenidos”. 

Frente a esto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se comprometió a establecer los mecanismos y lineamientos encaminados a garantizar la protección y el goce efectivo de los derechos de los jóvenes privados de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.