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Defensoría del Pueblo insiste en que se decrete la emergencia carcelaria

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora entregó este jueves a la Corte Constitucional un informe sobre la grave problemática que se vive al interior de los penales en el país.

11 de septiembre de 2014 Por: ElPaís.com.co | Colprensa

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora entregó este jueves a la Corte Constitucional un informe sobre la grave problemática que se vive al interior de los penales en el país.

Una vez más el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, solicitó al Gobierno Nacional que decrete la emergencia social carcelaria. Otálora entregó este jueves a la Corte Constitucional un informe sobre la grave problemática que se vive al interior de los penales en el país, como el hacinamiento y la falta de acceso de los internos a servicios públicos y a la salud. “Yo he dicho que la única alternativa que nosotros observamos es declarar la emergencia social carcelaria, para que el Gobierno con la firma del presidente y de todos sus ministros genere unos recursos adicionales y se tomen decisiones frontales para enfrentar esta problemática”, señaló. A la salida de su visita a la Corte Constitucional, Otálora cuestionó que los parques de la ciudad de Bogotá estén sirviendo como parte de las Unidades de Reacción de Inmediata y dijo que esto se debe al grave hacinamiento. “Tenemos un hacinamiento de más de 40 mil internos sin contar que ya los parques los están habilitando como centros de reclusión, y eso es una violación a los que están privados de la libertad y a los niños que tiene falta de acceso a los parques para disfrutar”, apuntó. En ese sentido, el Defensor señaló que es necesario replantear el sistema, “no hay que poner tanta medida de aseguramiento, porque aquí se priva de la libertad a las personas y finalmente un juez declara su inocencia. Para Otálora, la medida de aseguramiento debe imponerse solo para delitos de alto impacto para la sociedad como homicidios, secuestro y violaciones. “Pero hay un grupo importante de delitos que con medidas restrictivas como que le quiten el pasaporte, le prohíban salir del país, que se presente ante un funcionario judicial permanentemente y que se garantice con una fianza, enfrente el proceso penal y, solo si al final del proceso es vencido en juicio, pues que se haga efectiva una condena como tal y no que se prive a una persona meses y años y finalmente se le diga que es inocente”, puntualizó.

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