Defensoría del Pueblo exige justicia tras el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta

El asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta, Norte de Santander, ocurrido este sábado 6 de junio de 2026, ha generado una profunda conmoción en el país y un fuerte llamado de las autoridades a esclarecer el atroz crimen sobre el comunicador.

Herrera, reconocido por su trayectoria en el cubrimiento de hechos judiciales y de orden público en el diario La Opinión y por su labor reciente como asesor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cúcuta, fue interceptado por hombres armados en motocicleta cuando salía de la vivienda de unos familiares en el barrio Quinta Oriental, cerca de la Universidad Francisco de Paula Santander.

Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones, provocando su muerte inmediata en el lugar. El periodista, egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, también gestionaba un portal informativo digital y hacía parte de la Junta Directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que lo había designado como corresponsal en Norte de Santander.

En cuanto a su enfoque, se centraba en temas sensibles como crimen organizado, corrupción, impunidad y la situación del Catatumbo, lo que lo convirtió en una voz clave para visibilizar realidades de violencia y denunciar a los responsables de entramados criminales. Según información preliminar, Herrera había denunciado amenazas contra su vida y contaba con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Incluso, en el pasado debió exiliarse en Chile debido al avance de las intimidaciones.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación y conformó un grupo especializado de la seccional Norte de Santander para esclarecer los hechos y determinar si las amenazas previas guardan relación con el asesinato.

Además de que la Policía Metropolitana de Cúcuta, por su parte, anunció la creación de un equipo especial de la Sijín y el Sipol, para analizar grabaciones de cámaras de seguridad y recoger testimonios que permitan identificar la ruta de escape de los responsables.

La Defensoría del Pueblo condenó el crimen y advirtió que el asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura, pues genera miedo, propicia la autocensura y afecta el derecho de las comunidades a recibir información.

En su pronunciamiento, pidió a la Fiscalía celeridad en la investigación y subrayó que la vida de Herrera estuvo en riesgo por su oficio, a pesar de las medidas de protección que no lograron evitar su muerte. “No vamos a permitir que este hecho quede en la impunidad”, señalaron sus voceros.

Desde la Alcaldía de Cúcuta se emitió un mensaje de condolencias a familiares, amigos y colegas, condenando los ataques a la libertad de prensa en medio de la coyuntura electoral que atraviesa el país.

La Flip calificó el asesinato como una pérdida irreparable para la sociedad colombiana y recordó que cada periodista silenciado por la violencia representa un golpe devastador para la democracia.