Crecieron las extorsiones y la zozobra en Buenaventura; comerciantes están acorralados por las bandas delincuenciales

Aunque en las últimas semanas se presenta una marcada disminución en los homicidios y en los enfrentamientos armados entre las bandas criminales conocidas como Shottas y Espartanos, la comunidad de la ciudad de Buenaventura continúa viviendo en un ambiente de incertidumbre y temor.

La aparente tregua entre estos grupos delincuenciales no se ha traducido en tranquilidad para los habitantes del principal puerto del país, que siguen siendo víctimas de intimidaciones y amenazas constantes de parte de los integrantes de estos bandos.

Según denuncias de líderes sociales y comerciantes de esta parte del Pacífico, los integrantes de estas estructuras ilegales han dejado de enfrentarse abiertamente en las calles, pero han intensificado las extorsiones, especialmente contra el sector comercial. A tenderos, dueños de restaurantes, comerciantes y empresarios se les exigen altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra su vida, la de sus empleados o sus establecimientos.

Esta situación llevó al obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, a elevar un llamado urgente al gobierno nacional y a los responsables de la mesa de negociación que aún se mantiene con estas bandas criminales.

El líder religioso alertó que el fenómeno de la extorsión se ha vuelto insostenible y está obligando a muchos bonaverenses a cerrar sus negocios o a operar bajo una presión económica asfixiante y extremadamente violenta.

“Hay comerciantes que pagan 20 millones de pesos mensuales, otros casi 50 millones. Y la mayoría paga entre cinco, dos y un millón de pesos. Una persona de un estrato bajo, que tiene una tienda pequeña, debe pagar entre 300.000 y 400.000 pesos cada mes. Prácticamente, trabajan para los delincuentes; así nadie resiste”, denunció monseñor Jaramillo.

De acuerdo con información conocida en la última semana, dos reconocidos restaurantes del distrito cerraron definitivamente sus puertas como consecuencia de la presión de los extorsionistas. A esto se suma que al menos ocho establecimientos del sector pesquero estarían evaluando la posibilidad de suspender sus actividades, ante la imposibilidad de seguir asumiendo los pagos exigidos por los grupos delincuenciales.

Comerciantes afectados también denuncian que, pese a la reducción de hechos violentos visibles, la presión criminal se mantiene e incluso se ha vuelto más silenciosa, lo que genera un ambiente de miedo permanente. Muchos optan por no denunciar por temor a represalias, mientras otros consideran abandonar esta localidad en busca de condiciones más seguras para trabajar.

A raíz de este panorama, la comunidad y líderes religiosos insisten en la necesidad de acciones contundentes por parte de las autoridades, no solo para reducir los homicidios, sino para desmantelar las redes de extorsión que siguen afectando la economía local y el tejido social de Buenaventura. Entretanto, el llamado es a que los procesos de diálogo con estas bandas produzcan resultados reales que se traduzcan en garantías de seguridad y dignidad para las comunidades asentadas en el principal puerto sobre el Pacífico.