Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra senador Alirio Barrera por presunto acto sexual violento

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador Alirio Barrera por el delito de acto sexual violento, con base en una denuncia que ingresó al alto tribunal el 6 de marzo y que involucra al congresista del Centro Democrático en hechos que habrían ocurrido en 2016, cuando se desempeñaba como gobernador del Casanare.

La denunciante, identificada por la revista Cambio con el nombre ficticio de Sandra, accedió a hacer público su proceso con la condición de mantener en reserva su identidad. Según su relato, en 2016 era empleada de la Gobernación del Casanare y también hacía parte de una iglesia que organizaba campamentos para jóvenes en el departamento.

“Mis compañeros me pidieron que gestionara con el gobernador alguna ayuda para esas actividades, porque antes ya nos habían colaborado con carpas o recursos. Por eso le pedí a la persona que manejaba su agenda una cita y me la dio”, relató Sandra.

La mujer narró que subió al séptimo piso del edificio de la Gobernación, entre las 2 y las 3 de la tarde. Luego de esperar mientras Barrera atendía a otras personas, fue recibida en el despacho.

“Él no dijo nada y me agarró de la mano, muy duro, y luego de la otra. Me acercó hacia él y me besó a la fuerza. Yo no podía gritar, solo hacer el sonido de que no quería eso. De repente me soltó y se alejó”, relató.

Sandra describió que, tras reclamarle al entonces gobernador, este se desplazó al otro lado de la oficina y le pidió que le explicara el motivo de su visita. “Yo le expliqué que iba por unas ayudas para la Iglesia; él sacó una maleta y de ahí me dio 400.000 pesos”, indicó. Barrera, según ella, le dijo: “Tome, para los muchachos”.

“Salí de esa oficina pálida, temblando, y lo primero que pensé fue: ‘Esto no lo puede saber nadie’”, sostuvo la mujer, quien explicó que el miedo a perder su empleo, a represalias del mandatario y a la reacción de su familia la llevaron a guardar silencio durante una década.

Sandra señaló que esperó durante diez años a que Barrera perdiera poder político para poder denunciar sin riesgo.

“Siempre me dije que debía esperar a que este señor perdiera su poder. Pensé que cuando terminara su periodo como gobernador eso iba a pasar y podría denunciar sin tanto miedo. Pero en diez años lo que ha hecho es escalar, a senador y otra vez senador. Yo no podía seguir callada”, declaró.

En febrero de este año, acompañada de su familia, la mujer presentó la denuncia ante la Fiscalía Regional del Casanare. Semanas después, el despacho fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia, al ser ese tribunal el juez natural de los congresistas.

Sobre las pruebas, Sandra admitió que no cuenta con grabaciones, pues al ingresar al séptimo piso de la Gobernación les retiraban el celular a los visitantes. “Están mi testimonio y los videos de las cámaras o los testimonios de quienes trabajaron ahí. Esa fue la primera y última vez que yo entré al despacho del gobernador”, manifestó.

La mujer también describió las consecuencias del episodio en su vida: “Cada vez que un hombre se me acerca entro en alerta y siento miedo. Yo nunca he recibido atención psicológica”. Dijo que la decisión de denunciar la tomó, en parte, pensando en su hija.

El equipo del senador Barrera fue notificado por la Corte Suprema del proceso el 26 de marzo, según informaron. Desde allí calificaron la denuncia como “una persecución de campaña en Casanare” y atribuyeron los señalamientos a Jorge Enrique Ortiz, conocido como ‘Segurito’.

“Lo más probable es que sea una persecución de campaña en Casanare [...] es una persecución de ‘Segurito’. Estamos tranquilos porque sabemos que es para hacer bulla. Al senador lo van a seguir atacando por su cercanía a Paloma Valencia”, comunicó el equipo del congresista.

El equipo jurídico de Barrera precisó que “el proceso se encuentra en etapa inicial bajo la Ley 600. No hay acusación, no hay decisión de fondo y no existe definición de responsabilidad”, y añadió que “una denuncia por sí sola no constituye prueba” y que “a la fecha no existe evidencia objetiva conocida que corrobore los hechos mencionados”.