Contrato de $33 mil millones del DPS bajo la lupa: Fiscalía imputa a exfuncionarias cercanas a Gustavo Bolívar

Un contrato por $33 mil millones adjudicado desde el Departamento de Prosperidad Social (DPS) está en el centro de una investigación de la Fiscalía que involucra a exfuncionarias cercanas a Gustavo Bolívar. El convenio fue firmado con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), una entidad señalada dentro de los llamados “contrataderos” que han manejado millonarios recursos públicos en el actual Gobierno.

Las autoridades confirmaron la captura de nueve integrantes de Aremca y avanzan en un proceso de imputación por presuntos hechos de corrupción relacionados con más de un centenar de contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Entre ellos aparece el acuerdo firmado con el DPS en junio de 2025.

El objeto de ese contrato era desarrollar proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo de familias en varios departamentos del Caribe. Sin embargo, el proceso mediante el cual se adjudicó ha sido cuestionado por la Fiscalía, que advierte posibles irregularidades en la etapa precontractual.

De acuerdo con las investigaciones, desde el DPS el negocio fue impulsado por Jeraldin Vera Ortiz, mientras que la firma estuvo a cargo de la entonces secretaria general Diana Carolina Martínez. Ambas habían llegado a la entidad durante la dirección de Gustavo Bolívar, quien asumió el cargo en 2024.

El ente acusador anunció que imputará cargos a Martínez por haber suscrito el convenio sin atender alertas y sin aplicar los principios de planeación exigidos. Según lo expuesto en audiencias, el contrato no se habría adjudicado mediante un proceso competitivo, sino de forma directa, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia.

Uno de los aspectos que más llama la atención en el caso es la rapidez con la que se estructuró el contrato. En un lapso cercano a 24 horas se habrían elaborado estudios previos, análisis del sector, certificaciones presupuestales y demás documentos necesarios para viabilizar el acuerdo con Aremca.

Este proceso acelerado coincidió con un momento de transición en la dirección del DPS, cuando ya se había anunciado la llegada de un nuevo director tras la salida de Bolívar. Durante ese periodo, el trámite del contrato avanzó de manera ágil hasta concretar su firma.

Previo a la adjudicación, la entidad había enviado invitaciones a varias organizaciones para ejecutar el proyecto. Sin embargo, algunas rechazaron participar por limitaciones técnicas o por los tiempos establecidos. Aremca fue la única que aceptó las condiciones, argumentando tener la capacidad necesaria.

Pese a que el contrato contemplaba beneficiar a cerca de 6.900 familias, su ejecución ha presentado retrasos. Aunque se giró un anticipo de $9 mil millones, el avance reportado meses después apenas superaba el 30 %, lo que obligó a ampliar los plazos inicialmente previstos.

Las dificultades aumentaron cuando las investigaciones contra Aremca se intensificaron. Tras allanamientos y nuevas evidencias, el DPS planteó la posibilidad de terminar el contrato, pero la organización se negó, argumentando compromisos contractuales vigentes.