¿Cómo frenar a las pandillas en el oriente de Cali?, expertos en seguridad responden

Los vecinos del barrio Andrés Sanín, en el oriente de Cali, viven una compleja situación de seguridad ya que, según ellos, pandillas de jóvenes de distintos barrios de la comuna 7 y del Distrito de Aguablanca se encuentran en diferentes zonas para enfrentarse a golpes, e incluso, con armas blancas y de fuego.

Uno de los casos más recientes se presentó en la Terminal del MÍO que lleva el mismo nombre, cuando varias personas irrumpieron y comenzaron a pelear.

De acuerdo con información que la Policía Nacional entregó a El País, sobre las 8:15 p.m. comenzó el altercado. “Hubo una riña en el lugar e informaron a las unidades de Policía y en el momento en que llegaron, como se puede observar en el video que circula en redes sociales, las personas salen corriendo del lugar”, indicaron.

De la misma manera, resaltaron que no se presentaron lesionados dentro de la estación y aclararon que no se trató de un tiroteo, como se ha mencionado, sino de una pelea entre jóvenes que, mientras estuvieron dentro de la Terminal, no utilizaron armas de fuego.

Lo que llamó la atención es que no había presencia de uniformados en el lugar y la Veeduria Ciudadana Proactiva Cali DDHH y Prensa Alternativa del Sitm-MÍO, le aseguró a este medio que aunque este tipo de peleas no son frecuentes dentro de la estación de Andrés Sanín, luego de una inversión de $4.425 millones se esperaría que en todas las instalaciones del sistema de trasporte haya una seguridad fuerte permanentemente.

Además, se añadió que la llegada del cuadrante de la Policía no fue oportuna, pues “se precisó su retardo para atender la situación de riesgo”.

Miriam Ramírez*, quien vive en el barrio hace más de 50 años expresó que las disputas entre pandillas son hace mucho tiempo uno de los problemas de más graves que enfrenta el sector. Si bien la situación no es tan crítica como hace décadas, continúan afectando.

“La estación del MÍO sí ha traído seguridad, pero es muy poca porque los vigilantes están allá adentro y no es que protejan a los vecinos del barrio. La Policía también llega es a la estación, pero a veces pasan por las cuadras haciendo ronda y eso desalienta a los delincuentes porque si ven a los motorizados ya saben que no se pueden acercar con sus armas a hacer maldades”.

Para ella, los adolescentes de esta generación tienen más oportunidades de salir adelante gracias a la educación, pero muchos no van a estudiar. “Un muchacho que se la pase el día desocupado vienen los malandros y le ponen oficio. Es muy triste ver que hay niños vendiendo drogas y andando en malos porque las mamás se van todo el día a trabajar y no hay quien le ponga cuidado a los hijos”, dijo.

Juan Miguel Gómez, politólogo magíster en Defensa y Seguridad Nacional, explicó que estos fenómenos se presentan por diferentes factores, entre ellos la vulnerabilidad. “Los estudios arrojan que son menores de edad entre 10 y 14 años, dependientes de estupefacientes y pertenecientes a estratos 1 y 2 con bajos niveles de escolaridad y unos entornos socioeconómicos complejos en términos de violencia intrafamiliar”.

Y es que para controlar el negocio de la venta de drogas, uno de los más rentables para los grupos criminales que instrumentalizan niños y adolescentes, se realizan límites que separan barrios o cuadras, las cuales no pueden ser cruzadas por otras pandillas.

“Las fronteras invisibles pueden entenderse como aquellas áreas geográficas o territorios que separan áreas de influencia controladas por organizaciones criminales de carácter urbano, las cuales se ganan o mantienen a partir del ejercicio de la violencia y el control de actividades ilegales, especialmente del microtráfico, el hurto y la extorsión”, explicó el experto.

Por esto, muchas de las disputas entre los jóvenes se dan luego del cruce de estas fronteras, lo que abona a la inseguridad no solo de Andrés Sanín sino también de otros barrios del oriente de Cali.

Si bien el panorama parece desalentador, María Isabel Gutiérrez, directora del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, aseguró que con intervención social e institucional las personas cambian de mentalidad y se disminuyen los homicidios, riñas y disputas entre bandas, como quedó evidenciado en las dos Alcaldías inmediatamente anteriores.

El proyecto Tratamiento Integral de Pandillas Jóvenes sin Fronteras fue un gran ejemplo, explicó Gutierrez. Durante los cuatro años que se llevó a cabo el trabajo financiado por la Secretaría de Gobierno, ahora llamada de Seguridad y Justicia, se disminuyeron los índices de delitos en el 30% de las 103 pandillas diferenciadas por la Policía, esto gracias a un abordaje de inversión social responsable y con una metodología descrita en artículos científicos.

“La intervención a estos ciudadanos de alto riesgo se hizo desde todos los aspectos del ser humano como la educación, salud física y psicosocial, atención al consumo de drogas, a la vulnerabilidad de las familias y en la consecución de un trabajo”, indicó, añadiendo que para todos estos planes hace falta el apoyo de la Alcaldía.

Los especialistas concordaron en que el trabajo comunitario y social trae cambios positivos en la vida de los jóvenes y su entorno, sin embargo, deben tener continuidad.

“No se trata de temas políticos, es la vida de las personas, si se inicia un proyecto y en cuatro años cuando llega un nuevo alcalde terminan, los procesos no van a ser igual de beneficiosos y eso fue lo que pasó con la actual Administración”, explicó la experta.

“Los gobiernos locales no han comprendido que este tipo de problemáticas son un desafío a largo plazo que no solo implica el diseño y desarrollo de estrategias sostenidas en el tiempo, sino del concurso de múltiples actores no solo institucionales, sino del sector productivo, privado y académico de la ciudad. Por ello, es importante que Cali desarrolle una verdadera Política Pública de Seguridad Ciudadana, que establezca las bases de acción para enfrentar este tipo de problemáticas”, concluyó Gómez.

*Nombre cambiado por seguridad