Colombianos presos en China: familias piden repatriación; el Estado guarda silencio

Imagine la escena: un familiar suyo viaja a China para comprar mercancía —jeans, relojes— y revenderla en Cali. Ya lo había hecho antes, así que parecía un viaje más. Pero pasan los días y no hay noticias sobre su paradero. No responde los mensajes por WhatsApp. Apenas aparece un chulo gris. En el hotel donde iba a hospedarse responden que jamás llegó. El desespero se extiende durante dos semanas de intensa búsqueda. Hasta que, tras acudir a Interpol, recibe una noticia devastadora: su familiar está preso en Shanghái por contrabando de narcóticos. Solo un año después podrá comunicarse con él para saber cómo está, entender qué pasó, preguntar cómo se sobrevive en una cárcel al otro lado del mundo.

Ese es el drama de la familia de Joan Sebastián Guerrero Fernández, un caleño detenido en China desde el 28 de abril de 2011, hace catorce años. Solo hasta enero de 2012 su hermana, Sandra Viviana Guerrero, instrumentadora quirúrgica, pudo volver a escuchar su voz.

—Para ese momento en que pude hablar con mi hermano, ya estaba condenado a pena de muerte. Por su edad —tenía 21 años—, la condena fue conmutada a cadena perpetua. Después le pusieron un abogado que logró reducir la pena a 18 años. Desde entonces le han hecho rebajas mínimas por su buen comportamiento, de solo unos meses —dice Sandra, mientras se dirige a un plantón de familiares de presos colombianos en China que piden repatriarlos. No para que les borren su condena, sino para que puedan terminarla en su país; en el caso de Joan, cerca de su padre, quien sufre de deterioro cognitivo y ya no recuerda el rostro de su hijo.

—Según lo que nos contó en una carta, una organización que sabía de sus viajes a China para traer mercancía lo usó como carnada. Mientras detenían a mi hermano, otra persona pasaba con más droga. Lo presionaron con amenazas de hacernos daño para que accediera a viajar con la droga. Él era joven, no midió las consecuencias, y eso también influyó. No tenía necesidades económicas para hacer algo así. Vendía mercancía en el centro de Cali y ayudaba a cuidar a mi papá, que tiene una condición médica especial —continúa Sandra.

Joan está recluido en la prisión de Qingpu, y su salud se ha deteriorado. Hace unas semanas le aparecieron manchas en la piel, cerca de la rodilla. No ha logrado saber si se trata de algo benigno o no, y Sandra se muestra preocupada: es frecuente que los presos en China desarrollen cáncer. No se sabe si es por el estrés, la alimentación o la depresión. El mejor amigo de Joan en la cárcel, también colombiano, murió de cáncer allí.

—Mi hermano me cuenta que la comida que les dan es muy deficiente, y ya no les permiten trabajar dentro de la cárcel como antes, lo que le impide comprar alimentos adicionales. Solo les dan lo básico para llenarse, pero no para alimentarse. Se le ha dañado la piel, el pelo, la vista. Tiene que comprar huevos y suplementos, pero eso cuesta. Si no le mandamos dinero, además, no puede llamar. Y las llamadas son escasas: dos veces al mes, diez minutos si tiene dinero. Si no, una sola llamada de cinco minutos. La comunicación es muy compleja —relata Sandra.

Durante el juicio en su contra, Joan pasó días encerrado, con solo pan y agua. Le ponían música fúnebre y lo presionaban psicológicamente. En ese momento no hablaba mandarín, y no le asignaron traductor.

—Hoy, que ya entiende algo del idioma, se da cuenta de las groserías que le decían —continúa Sandra, quien, a sus 32 años, debe simular ser “la fuerte” en la familia.

Su padre, quien dependía de Joan para ir a citas médicas y se acompañaban mutuamente, está diagnosticado con demencia. Aunque le muestren fotos, no logra recordar a su hijo. Su madre cayó en una depresión profunda. Un hermano menor se desvió hacia caminos equivocados.

— Él dormía con Joan, era muy apegado. Todo se desmoronó —dice Sandra.

—Mi mamá se fue para España. Quiere trabajar para poder ayudar a Joan cuando salga. Sueña con que rehaga su vida en Europa. Yo me mantengo fuerte, porque si me caigo, se cae todo.

La familia ha enviado múltiples derechos de petición al Ministerio de Relaciones Exteriores. En 2025, enviaron dos más. Nadie respondió. Durante años se dijo que China no aceptaba repatriaciones. Pero, según la familia, el Gobierno de ese país ya manifestó su disposición a negociar, siempre que Colombia pida oficialmente a sus presos.

El problema, afirman, es que el Gobierno no lo hace, alegando hacinamiento carcelario y falta de recursos para cubrir los tiquetes de regreso. Las familias incluso propusieron hacerse responsables de los costos.

—Hicimos una carta donde dijimos que nosotros pagaríamos la repatriación. No nos han respondido. No pedimos que le borren la condena, solo que la termine aquí, en su país. Que pueda ver a mi papá antes de que muera. En Colombia han perdonado a personas que han hecho cosas peores. Solo pedimos justicia y humanidad —dice Sandra.

El caso de Joan no es aislado. Como él, hay decenas de colombianos que llevan años en cárceles chinas, mientras sus familias en Colombia imploran al Estado por un gesto. De hecho, se estima que al menos 200 compatriotas están detenidos en ciudades como Shanghái, Beijing y Dongguan.

Entre ellos está Luis Leoncio Pérez Correa, el padre de Diana Pérez, quien se ha convertido en la líder de las familias que le piden al Gobierno colombiano que cumpla la ley: implementar el tratado de repatriación firmado con China, el cual permite que personas condenadas en uno de los dos países puedan cumplir su condena en su nación de origen, bajo ciertas condiciones.

— Lo que estamos solicitando de forma colectiva es plenamente legal, viable y respaldado por un tratado internacional ya en vigor. Pero, sobre todo, es un clamor humanitario. Nuestros seres amados merecen cumplir sus condenas cerca de su familia, en un entorno lingüístico, cultural y emocional que les permita preservar su dignidad humana y reconstruir su vida. Desde hace más de once años mi padre se encuentra cumpliendo una pena en prisión en un país lejano, en condiciones de aislamiento familiar y sin el acompañamiento emocional que su situación y estado de salud ameritan. A pesar de que el tratado de repatriación con China está vigente y operativo, no hemos recibido ninguna acción concreta del Gobierno colombiano que permita avanzar hacia su traslado al país —explica Diana.

Las familias de los detenidos en China aseguran, además, que, en la mayoría de los casos, se trata de campesinos, comerciantes y padres de familia que en Colombia no tenían antecedentes judiciales, como Joan. Los consideran, más bien, víctimas de una red de narcotráfico internacional que los usó como los eslabones más débiles.

—No pedimos impunidad, no. Pedimos compasión y la aplicación del tratado que permite su regreso a Colombia para cumplir sus condenas cerca de su familia —agrega Diana.

Hasta el momento, la respuesta de la Cancillería no satisface a las familias. Hablan de “notas” enviadas a las autoridades chinas solicitando la repatriación, con extensos radicados, números que no dicen nada. Y la angustia sigue.

—Si Colombia no se pronuncia, todos ellos seguirán cumpliendo condena en soledad, en un país extraño, olvidados por el Estado —dice Sandra, la hermana de Joan.

Ella aún no ha podido viajar a China. Pero no pierde la fe. Menciona que algún día lo verá libre. Que su padre, quizás por un instante, lo recordará. En la pancarta que llevó al plantón se lee:

“Pedimos perdón a China por nuestros familiares presos. Y rogamos clemencia por el traslado a nuestro país, porque están muy enfermos”.