Centro de Memoria Histórica afirma que la desaparición forzada es un delito que no se ha menguado

En más de 800 municipios de los 1.102 de todo el país, denunció la entidad, se han contado casos de desapariciones forzadas.

Con motivo de la Semana Internacional contra la Desaparición Forzada, que se celebra entre el 25 y el 31 de mayo, varias organizaciones a nivel nacional realizarán eventos para conmemorar a las víctimas de este flagelo, así como exigir una respuesta por parte de los organismos del Estado en este sentido. De acuerdo con el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, “el objetivo central de esta semana es poner a los ojos de toda la sociedad e institucionalidad colombiana, la forma de victimización quizás más atroz y la más invisible que ha existido en la historia del conflicto colombiano”. Sánchez recordó, además, que una de las principales quejas que tienen las organizaciones de víctimas de este tipo de crímenes es que “el Estado y la sociedad han estado muy dispuestos a poner sobre la arena pública los hechos, cuando la responsabilidad recae sobre la insurgencia, pero cuando se trata de responsabilidades que caen sobre agentes del mismo Estado no se asume el mismo esfuerzo”. Por esta razón, afirma el director del Centro de Memoria Histórica, “lo que hacemos nosotros es asumir una responsabilidad frente a una deuda histórica y social muy grande con estas víctimas”. En este sentido, los eventos que integrarán la Semana Contra la Desaparición forzada “tendrán el fin de dar voz a las organizaciones de víctimas de este flagelo, que nunca han tenido la palabra”. Según Sánchez, esto servirá para crear conciencia entre la población colombiana “sobre las dimensiones que tiene este flagelo”, sobretodo cuando se compara al número de víctimas de hechos similares en América Latina, durante las dictaduras que hubo en Argentina, Chile y Uruguay. “Si sumamos todos los desaparecidos de las dictaduras del Cono Sur, tenemos casi la tercera parte de las cifras que hemos registrado en Colombia”, aseguró. Una de las razones por las cuales esto ocurre, es que “este tipo de crimen en Colombia se realiza con el fin estratégico de su invisibilización”, afirmó Sánchez. Por esta razón es que él afirma que, “a pesar de las cifras exorbitantes en Colombia, nosotros no nos sentimos tocados, no nos sentimos vinculados con el tema”. Esto pasa, según él, porque en Colombia “si bien ha habido grandes masacres, estos crímenes suelen presentarse 'a cuentagotas', de modo tal que se genere miedo entre las personas relacionadas para evitar que realicen cualquier tipo de denuncia. Otra cosa particular que hace notar el director del Centro de Memoria es que, a diferencia de otros países, donde hay focos geográficos claros donde desaparecen a la gente, en Colombia este fenómeno está muy disperso. “Tenemos datos de más de 800 de los 1.102 municipios que tiene el país, la situación está muy distribuida en el territorio nacional”, afirmó. En la actualidad, el flagelo se sigue presentando con mucha fuerza en las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, así como en el Pacífico Sur de Colombia, entre los municipios de Tumaco y Buenaventura. "La indiferencia es parte de la impunidad"Sobre este tema habló Gloria Luz Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos – Asfaddes, quien asegura que “siguen habiendo casos de desaparición forzada, de total impunidad, una falta de voluntad política para buscar rápidamente a las personas, rescatarlas con vida y devolverlas a sus hogares”. En este sentido, critica el hecho de que, en su opinión, “la insensibilidad sigue siendo la constante de la sociedad”. Según ella, “la sociedad no se compromete a apoyar la lucha de los familiares, mucho menos a solidarizarse con esta justa lucha”, por esta razón afirma que “la indiferencia es parte de la impunidad”. Así, lo que se busca con la conmemoración de las víctimas en la próxima semana es “que la sociedad salga a repudiar este atroz delito y, aún más, a respaldar la lucha por la verdad, por la justicia y por la reconstrucción de la memoria como una acción de la reparación”. La activista asegura que el subregistro de los casos de desaparición forzada “es algo que históricamente siempre ha existido en Colombia”. Según ella, “desafortunadamente no hay voluntad política en lograr que las familias denuncien, porque se sigue teniendo temor a la persecución, a los señalamientos, porque en nuestro país quien denuncia es amenazado, es perseguido, es señalado, es asesinado o es desaparecido”. Otro factor que, según ella, contribuye a eso es la falta de confianza en las autoridades. “Esto tiene mucho que ver con la falta de responsabilidad y la falta de respuesta por parte de éstas”, asegura y explica que “no hay investigaciones eficaces que den con los responsables, que den con las circunstancias de tiempo, modo o lugar en que desaparecieron las personas, pero sobre todo no hay una voluntad política de buscar rápidamente a quienes son denunciados como desaparecidos”. Una propuesta para La HabanaJaneth Bautista, directora de la Fundación Nydia Érika Bautista, asegura que “desde varias organizaciones de familiares de víctimas estamos proponiendo que, de la Comisión de la Verdad que se llegue a establecer con la firma del acuerdo de paz, se forme una subcomisión que se dedique de manera exclusiva a la investigación de los desaparecidos en Colombia”. Según ella, “la idea es que al final presenten un informe sobre quién, cómo, cuándo y por qué se llevaron a nuestros seres queridos y los desaparecieron”. Esto implica también que haya un mecanismo operativo de verificación que se encargue de buscar a los desaparecidos, porque “la incertidumbre, sobre lo que pasó con ellos es lo que nos está matando a muchas de nosotras”. La directora de la Fundación habló también sobre otra ley que prometía revelar la verdad sobre muchas de las víctimas, que resultó un fracaso. “La ley de Justicia y Paz fue la primera ley de justicia transicional en Colombia y la experiencia ha sido absolutamente negativa”, contó y explicó que “los paramilitares se negaron a decir dónde están los desaparecidos y las fosas comunes que entregaron, las entregaron sin decir quiénes estaban allí”. Basándose en esta experiencia, Bautista asegura que “tenemos mucho miedo de que ocurra lo mismo ahora con los acuerdos de paz, vamos a ser veedoras y estamos exigiéndole al Gobierno Nacional que haya mecanismos reales que lleven a la verdad y a la justicia, nosotras no cesaremos en ese intento”. En este sentido, aseguró que “nosotras hemos hecho llegar a La Habana, a través del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, nuestro llamado al Gobierno Nacional y a las Farc, firmado por 20 organizaciones de familiares de desaparecidos, y no hemos recibido ninguna respuesta ni hemos visto ningún interés”.