Cauca: el dolor y los estragos que deja la intensa guerra entre las autoridades y las disidencias de Iván Mordisco

La situación de orden público en el departamento del Cauca atraviesa una nueva escalada de violencia, marcada por reiterados ataques contra la fuerza pública, explosivos instalados en zonas de alta movilidad y el uso de drones adaptados para lanzar explosivos de fabricación artesanal.

Es que las comunidades asentadas en esta zona del país no salen de una semana marcada por los reiterados ataques, combates y hostigamientos, muestra de la intensidad de la guerra que ahora libran las autoridades colombianas contras las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

De ahí que los hechos violentos se han registrados durante los últimos días en municipios como La Sierra, La Vega, Timbío, Miranda, Cajibío, Santander de Quilichao, Toribío, Popayán, Inzá y otros, clara miestra de la complejidad del escenario de seguridad que enfrentan las autoridades y las comunidades, más cuando amplios territorios del Cauca están aún poder de los disidentes.

Claro, y sin temor en caer en exageraciones, pero en un solo día se presentaron tres ataques contra el Ejército con carros acondicionados con explosivos, situaciones que se presentaron en plena vía Panamericana y en medio de los coductores.

Uno de los episodios más graves ocurrió durante la mañana de este lunes 12 de octubre, cuando un vehículo acondicionado con explosivos fue detonado en inmediaciones del peaje de El Bordo, en el sector de La Depresión, sobre la vía Panamericana. La explosión destruyó gran parte de la infraestructura y obligó a suspender el tránsito por este corredor estratégico que comunica a Popayán con el sur del país. Tres civiles resultaron heridos.

La acción fue atribuida inicialmente a integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc asociadas a alias Iván Mordisco. Tropas de la Brigada 29 llegaron al lugar para asegurar el área, mientras personal especializado adelantaba verificaciones ante la posibilidad de que existieran otros artefactos explosivos en el sector.

La emergencia también generó graves afectaciones a la movilidad. La destrucción de la estructura y las labores de inspección obligaron a mantener restricciones en la Panamericana, una carretera fundamental para el transporte de pasajeros, mercancías y productos agrícolas del suroccidente colombiano. Las autoridades debían descartar nuevas amenazas antes de avanzar en la recuperación de la infraestructura y el restablecimiento seguro del paso vehicular.

Un soldado murió en ataque con dron en La Vega

La violencia también cobró la vida de un integrante del Ejército Nacional durante la noche del sábado 10 de octubre, en el sector de Altamira, zona rural del municipio de La Vega, en el sur del Cauca.

La víctima fue identificada como el soldado profesional Luis David Arrieta Osorio, quien participaba en operaciones militares del Batallón de Montaña No. 4 cuando las tropas fueron atacadas con artefactos explosivos lanzados desde un sistema aéreo no tripulado.

La Tercera División del Ejército atribuyó preliminarmente la acción a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La institución rechazó el uso de drones para lanzar explosivos y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del uniformado fallecido.

Este ataque vuelve a poner en evidencia los desafíos que representa el uso de aeronaves no tripuladas adaptadas para transportar explosivos. Estos dispositivos permiten a los grupos armados atacar posiciones militares a distancia y dificultan las labores de protección de las tropas y de las comunidades que habitan cerca de las zonas de confrontación.

Enfrentamiento en Mi Bohío dejó un suboficial muerto

Otro de los hechos más graves se registró el viernes 9 de octubre, hacia las 7:40 de la noche, en el sector de Mi Bohío, sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Timbío.

En ese punto, integrantes de la Fuerza Pública fueron atacados con armas de fuego y explosivos. El enfrentamiento dejó como víctima mortal al sargento primero Ángel David Ordóñez Ortiz, integrante del Gaula Militar Cauca. También se reportaron dos policías heridos, de acuerdo con información publicada por medios regionales y nacionales.

Tras el ataque se desplegaron unidades militares y policiales para controlar la situación, atender a los lesionados y adelantar procedimientos judiciales. Los reportes iniciales también dieron cuenta de capturas de personas presuntamente relacionadas con los hechos, aunque las cifras divulgadas variaron entre medios y reportes preliminares.

La muerte del suboficial se produjo en un corredor vial de importancia estratégica para la región y volvió a interrumpir la circulación entre Popayán y Timbío. El caso se sumó a la cadena de acciones armadas que han afectado a las unidades de seguridad y generado temor entre los usuarios de la carretera.

Miranda: explosivos lanzados desde una volqueta

En el norte del Cauca, el municipio de Miranda también fue escenario de una acción de alto riesgo. Durante la madrugada del jueves 8 de octubre, una volqueta acondicionada para lanzar artefactos explosivos fue utilizada contra una instalación militar situada en el barrio El Porvenir.

Según los reportes conocidos, los explosivos fueron lanzados desde el vehículo hacia las inmediaciones de la base. Aunque las detonaciones generaron temor entre los habitantes, inicialmente no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades señalaron que el ataque puso en riesgo a los residentes de varios barrios cercanos y a la comunidad educativa del sector.

La amenaza no terminó con las primeras explosiones. Durante las labores posteriores, unidades especializadas del Ejército neutralizaron más de 250 kilogramos de explosivos y 12 medios de lanzamiento improvisados. Cerca de 100 personas, entre ellas niños, niñas y adolescentes, tuvieron que ser evacuadas temporalmente mientras se adelantaban los procedimientos técnicos de seguridad. La acción fue atribuida preliminarmente a la estructura Dagoberto Ramos, vinculada a las disidencias de las Farc.

Cajibío e Inzá, bajo presión de los grupos armados

Los hechos recientes se suman a otros ataques registrados en el departamento. El 6 de septiembre, la subestación de Policía del corregimiento de El Carmelo, en Cajibío, fue atacada con drones cargados de explosivos y ráfagas de fusil. Tres policías resultaron heridos por esquirlas, mientras que en Inzá se reportó un hostigamiento contra una instalación militar, sin lesionados confirmados en ese segundo episodio. La Defensoría del Pueblo advirtió entonces sobre el deterioro de las condiciones de seguridad y el riesgo que enfrentan las comunidades.

En días posteriores también se conocieron alertas por explosivos en el corregimiento de Ortega, Cajibío. El Ejército informó el 2 de octubre sobre el hallazgo y destrucción de 33 cargas explosivas improvisadas que, según inteligencia militar, habrían sido preparadas para un ataque contra la población. Los artefactos fueron atribuidos preliminarmente a la estructura Jaime Martínez.

Un escenario de seguridad cada vez más complejo

La sucesión de atentados, hostigamientos y operaciones militares muestra que el Cauca continúa enfrentando amenazas de diferentes estructuras armadas ilegales, con modalidades que incluyen carros bomba, ataques con fusiles, drones explosivos y vehículos acondicionados para lanzar cargas. Es la guerra que ahora libra el gobierno de Abelardo de La Espriella contra las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

Los efectos van más allá de las instalaciones militares o policiales atacadas: la población civil queda fácilmente expuesta a explosiones, evacuaciones y restricciones de movilidad, mientras transportadores, comerciantes y viajeros enfrentan interrupciones en corredores importantes para la economía regional, como es la Panamericana.

Las autoridades mantienen operaciones para asegurar las zonas afectadas, investigar los hechos y establecer responsabilidades; mientras que las comunidades se autoprotegen, alejándose las estaciones de Policía y unidades militares.

Mientras tanto, la situación exige medidas de protección precisamente para esa población civil y una coordinación efectiva entre alcaldías y fuerza pública , con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos ataques y evitar que las personas queden en medio de esta guerra, que se intensificó en las últimas semanas.