Así funciona el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual

La violencia sexual es un fenómeno criminal reiterado que cada año afecta de manera drástica a cientos de mujeres, niños, niñas y adolescentes en Cali. Un problema que deja en las víctimas toda una serie de secuelas físicas, emocionales, económicas y sociales que deben afrontar. Para esto, existe el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caivas) que dirige la Fiscalía.

Esta unidad tiene como objetivo priorizar los casos de agresión sexual e intrafamiliar que se presentan en la ciudad por medio de un modelo de reacción inmediata, en el que las víctimas pueden acceder a rutas especificas en salud, protección y justicia.

Según datos del Caivas, en lo que va del año 2021 (de enero a julio) se han registrado 890 denuncias de violencia sexual donde alrededor de 649 pertenecen a Cali, 70 a Palmira, 44 a Yumbo y los 127 restantes están repartidas entre otros siete municipios del sur del Valle del Cauca.

Mientras que por agresión intrafamiliar se han recibido 3981 denuncias, en su mayoría de mujeres (3669), el año pasado habían sido 2916, lo que significa un aumento del 36% con respecto al 2020.

Jhon Freddy Encinales, director de fiscalías de Cali, asegura que desde la Fiscalía General de la Nación se ha optado por especializar las metodologías de investigación en justicia de género para que se atienda de forma rápida y cumplida.

“Las víctimas cuentan con un equipo especializado para su atención desde el momento de la denuncia. Manejamos unos estándares de análisis para determinar si esa persona se encuentra en un riesgo leve, grave o extremo, y de acuerdo a ese estándar podemos determinar en qué gravedad se encuentra la víctima y su entorno para efectos de su protección”, explica Encinales.

Cabe resaltar que el trabajo en Caivas funciona entrelazado con instituciones como Medicina Legal (para exámenes sexológicos y peritazgo); Defensorías y Comisarías de Familia (son los encargados de medidas de protección y acompañamiento); Bienestar Familiar (en favor de restablecer los derechos de menores) y las alcaldías o entes territoriales para efectos de apoyo psicosocial y económico que permita a las víctimas reconstruir sus proyectos de vida.

Los delitos sexuales están clasificados como actos urgentes, por lo que una vez ocurrido estos, la Fiscalía tiene abiertos diferentes canales a los que las personas afectadas pueden acudir a atención priorizada las 24 horas del día, como las salas de denuncia de la URI (Unidad de Reacción Inmediata) que atienden de manera presencial o la línea de apoyo 122 al igual que el correo electrónico atencionalusuario.cali@fiscalia.gov.co.

A partir de ese momento la unidad Caivas activa su aparato de indagación, investigación y juicio con la realización de entrevistas forenses, recolección de elementos materiales probatorios, verificación de lugares, testigos y orientación a las víctimas. Diversas labores para las cuales cuenta con 12 fiscales en violencia sexual y 5 en violencia intrafamiliar, funcionarios de Policía Judicial, CTI, 2 médicos, 2 psicólogos y un equipo de trabajadores sociales.

Una de las personas que recibió el apoyo de esta dependencia, y que pidió a El País la reserva de su nombre, cuenta que en el Centro de Atención Integral se dan las condiciones que necesita una víctima para demandar a cualquier tipo de abusador sin temor alguno.

“Desde Caivas van a proteger tanto tu integridad como tu identidad y todo el tiempo vas a estar acompañada. Jamás hay que dejar de denunciar por miedo. Manejan la comunicación necesaria para que uno esté enterado del avance de su caso y cumpla con un proceso de sanación al mismo tiempo”, expresa esta víctima, que además participó en las actividades de reconocimiento para identificar al sujeto, un abusador serial en el sur de Cali que fue capturado el año pasado.

“Lo más importante que la Fiscalía tiene en su radar es proteger a la víctima, alertar de un posible riesgo feminicida si se trata de una mujer, así como identificar y judicializar al agresor en pro de evitar la revictimización”, agrega Ángela Villaci Castrillón, asesora de atención al usuario de la seccional Cali, cuya responsabilidad pasa por humanizar los modelos de atención y acercar el servicio a la comunidad, en especial a las víctimas de estos delitos.

El 95 % de los delitos por violencia sexual se producen en hogares o centros educativos. El restante, en lugares públicos.

Este modelo de atención es replicado en varios municipios y para las víctimas de zonas rurales sin capacidad para trasladarse hasta Cali la Fiscalía organiza jornadas donde llevan a Medicina Legal hasta el territorio para que tengan la oportunidad de hacerse las respectivas valoraciones.

Los abusos cometidos que llegan a las oficinas del Caivas pueden tratarse desde un acceso carnal violento (penetración del miembro sexual del hombre), actos sexuales violentos (caricias o tocamientos en contra de la voluntad de la persona), o bien cualquiera de las anteriores en personas en estado de inconsciencia o inferioridad psíquica para resistir. También pueden configurarse sin necesidad de tener contacto corporal (acoso).

Por tanto, desde la Fiscalía se fijan la meta de responder a estos casos en 36 horas en relación a lo que tiene que ver con la recolección de la información. “En ocasiones, debido a que las entrevistas de las personas se complejizan tenemos una meta de diez días para que se completen los casos”, señala Encinales.

Cuando llegan las denuncias al grupo Caivas, lo máximo que se demoran en brindar respuesta a la víctima son 10 días.

De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía, se estima que más del 95 % de los delitos en violencia sexual se presentan en lugares privados, es decir, en hogares o centros educativos. Con respecto a la comunidad Lgtbiq+, se han presentado 17 casos de violencia sexual este año y 88 por violencia intrafamiliar.

“Las condiciones socioeconómicas de una ciudad como Cali, donde confluyen diferentes fenómenos migratorios, económicos, de condiciones pobres de escolaridad son ‘caldo de cultivo’ para que todas estas manifestaciones de violencia se materialicen en actos propiamente violentos”, manifiesta Ángela Villaci.

Así, las víctimas deben recibir la orientación pertinente para entender la relevancia de su participación dentro del proceso penal y el reconocimiento de los derechos que las entidades articuladas a la red de atención les deben garantizar.

Con los trabajadores sociales, acota Villaci, prestamos acompañamiento para que comprendan su interacción con la Fiscalía, cómo funcionan las otras instituciones y la importancia de hacerse la valoración médica siempre.

Entre los derechos principales de las víctimas están: pueden acceder a información sobre el estado de su proceso, protección de su intimidad y privacidad, no ser confrontada con su agresor, recibir un trato digno y asistencia médica y legal especializada gratuita.

Según la Ley 1257 de 2008, son los entes territoriales y las alcaldías los responsables de brindar el apoyo económico a las víctimas para que comiencen a crear un proyecto de vida.

La ley 1257 de 2008 establece que los entes territoriales como las alcaldías y las EPS deben prestar el apoyo psicológico y económico a las víctimas para brindar protección durante proceso judicial y para que comiencen a crear un proyecto de vida.

Informan que 3669 mujeres denunciaron violencia intrafamiliar en lo que va del año en Cali.