Alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, denunció que su predecesor tendría vínculos con la banda La Oficina

La banda la Oficina de Tuluá, también conocida como La Inmaculada, se ha atribuido por medio de panfletos diferentes atentados terroristas, extorsiones y otros delitos, como el homicidio del concejal Eliecid Ávila, quien sufrió un atentado el pasado 31 de diciembre y falleció los primeros días de enero.

Según Vélez, esta organización criminal estaría recaudando entre $2.500 y $3 mil millones mensuales debido a su accionar delincuencial gracias a la ‘tolerancia’ por parte del exalcalde John Jairo Gómez Aguirre.

“Durante los últimos cuatro años adquirió un poder especial a través de un silencio cómplice de la administración saliente, que le permitió tener espacios al interior de la administración y que no desarrolló actividades para perseguir a los criminales ni los actos delincuenciales que estos ejercían. Entonces hoy esa banda criminal tiene los recursos para corromper cualquier sistema, el penitenciario, político, administrativo”, dijo Vélez a la FM Radio.

“La Inmaculada copó el poder durante el gobierno de John Jairo Gómez Aguirre (2020-2023), en el que tenían control sobre cuatro secretarías: de Movilidad, Planeación, Hacienda y Comunicaciones, según información recopilada por las autoridades”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en un tweet en el que citó el informe que el domingo pasado se publicó en el periódico El País titulado: Banda criminal La Inmaculada ‘cogobernaba’ en Tuluá. Manejaba cuatro secretarías.

La administración anterior, explicó el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, “tenía personas de esa organización ilegal (La Inmaculada) en todas las dependencias. Lo que pasa es que eran contratistas y todos salieron; quedó la gente de planta, y la gente de planta creemos que es gente buena. Además, el 60% o 70% de ellos los conocíamos de antes; pero tenían totalmente permeada la administración”.

El manejo de Movilidad les permitía controlar toda la ciudad. De esa forma estructuraron una red de la que hacían parte empresas de transporte, taxistas, motorratones y los propios agentes de Tránsito que eran utilizados para los propósitos ilícitos de la banda. Incluso, varios de ellos se encuentran presos, en juicio, muertos o prófugos por su pertenencia a la estructura.

“A través de Movilidad, la banda La Inmaculada o La Oficina de Tuluá sabía quién entraba o salía de la ciudad, por dónde se movía, qué carro matriculaban; o sea, hacían todo un ejercicio para controlar el territorio y le hacían seguimiento a la gente a través de los guardas de Tránsito”, explica un dirigente político tulueño.

Igualmente, se ha podido establecer que varios de los crímenes cometidos por esta estructura delincuencial, que tenía candidato propio a la Alcaldía, se hizo con ayuda de los mismos agentes de Tránsito, quienes se encargaron no solo de servir en ocasiones como informantes, sino de movilizar en los vehículos oficiales armas, drogas y servir de escoltas a los líderes de esta banda delincuencial.

“Vamos a hacer un rediseño institucional para que los agentes de Tránsito no sigan prestando ese servicio, y buscar un convenio con la Policía para que se encarguen de todo el manejo de movilidad. Los guardas por ahora los tengo como reguladores de tránsito y no tienen movilidad asignada para evitar que se presten para lo que hacían antes y los vehículos, motos y carros, están por ahora en custodia”, explicó el alcalde Vélez a El País.