Alcalde de Toribío, Cauca: “Los niños no pueden ir caminando a la escuela porque son reclutados por grupos armados”

Por Anderson Zapata Reyes / Editor de Orden

Luego del asesinato, el sábado pasado en Toribío, de la líder indígena Carmelina Yule por parte de integrantes del Estado Mayor Central de las Farc, el presidente Gustavo Petro decidió suspender el cese al fuego que había pactado con este grupo armado.

En entrevista con El País, Jaime Díaz, alcalde de Toribío, explicó qué consecuencias podría traer el fin del cese al fuego para la seguridad de su municipio y contó cómo los grupos ilegales están reclutando a los niños cuando los menores se desplazan caminando a las escuelas debido a que no ha podido contratar un transporte para que los lleve.

¿Cómo está la situación de orden público en Toribío, hubo información que señalaba que la caravana fúnebre de la líder social Carmelina Yule fue atacada por disidentes?

La caravana que venía de Cali ingresó a Toribío en horas de la noche, me dicen, porque yo no estuve allí, que en la parte de la despensa hicieron unos disparos para amedrentar a la población. Nuestros indígenas ya llevan muchos años sufriendo y padeciendo esta violencia. Es muy aberrante que estos personajes hagan ese tipo de ataques a la población civil.

¿Después de estos hechos el orden público en Toribío se encuentra estable?

En estos momentos hay una especie de tensa calma y nos encontramos en la velación del cadáver de Carmelina. Afortunadamente hoy podemos atender al público en las oficinas de la Alcaldía y estamos haciendo diferentes actividades en las veredas de Toribío.

¿Cómo tomó la decisión del presidente Gustavo Petro de romper la tregua que había con el Estado Mayor Central de las Disidencias de las Farc?

Este territorio de Toribío, durante la década del 2000 al 2010 y hasta el 2014, año en que se establecieron los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc, fue un campo de batalla. Toribío tiene 15 tomas guerrilleras, más de 500 hostigamientos, es decir que estos hechos violentos s-e presentan constantemente en nuestra zona.

Usted decía que la violencia que se está viviendo hoy en Toribío no podría ser peor. ¿Por qué?

Es que nada puede ser peor de lo que ya está pasando, pues esto es una muestra de que a gran parte de los firmantes del Acuerdo de Paz no les cumplieron y volvieron a las armas.

¿Qué tan complejo está el panorama del reclutamiento en Toribío y en su zona rural?

El reclutamiento se genera por la capacidad de persuadir a estos niños que en sus hogares padecen problemas económicos. Nosotros tenemos una crisis cultural y estamos metidos en un sistema de consumismo, pues un joven solo con ofrecerle un buen celular puede ser persuadido para ser reclutado por grupos ilegales.

Otro es el mecanismo forzado y este ocurre cuando los menores son abordados en las carreteras del municipio por sujetos armados que buscan llevárselos. Con esta problemática tengo una gran limitante y es que yo no tengo con qué pagar el transporte escolar.

Cuando yo estudié podía caminar una o dos horas por el pueblo y no pasaba nada, pero hoy en Toribío no puedo enviar caminando dos kilómetros a un niño porque ya está siendo interceptado por un grupo armado para ser reclutado.

¿Cuántos niños son los que usted necesita transportar desde sus casas hasta las escuelas?

La matrícula nuestra está por encima de los cinco mil niños al año y el transporte escolar tiene un costo de $1680 millones. El Sistema General de Participaciones con el que cuenta el municipio solamente dejó $400 millones, dinero que solo nos alcanza para operar 53 días y la jornada escolar del año tiene 180 días.

En estos momentos no he podido contratar el transporte para los niños porque hay un proceso jurídico en curso y estamos avanzando en ese paso.

Como si fuera poco, ninguna de las empresas de transporte se quiere presentar para transportar los niños porque dicen que, en medio del recorrido, deben pagar una vacuna.

Aquí hay nueve instituciones educativas que están ubicadas en tres resguardos indígenas, por lo que hay diferentes rutas y en todas hay alto riesgo de que los niños sean abordados por integrantes de estos grupos armados.

El pasado 6 de enero desapareció una comunera indígena. ¿Qué se sabe del paradero de la mujer?

Ella es una joven mayor de edad, pero ese día parece ser que salió al pueblo y no regresó. Esa era una de las preguntas que la comunidad le estaba realizando a los hombres armados que los atacaron el 16 de marzo.

Si bien las comunidades indígenas del Cauca han tenido que convivir, ya sea por miedo u otras circunstancias, con estos grupos armados, ¿por qué se rompió esa tregua de no agresión que había entre ellos?

En la década del 80 aquí aparecen muchos grupos guerrilleros, las Farc, el EPL, el Ricardo Franco, el M19 y hasta allí ellos no se metían con la organización indígena, pero desde los años 90 iniciaron a intervenir en la parte política de la organización indígena y buscaban casi que suplantar el ejercicio de autoridad tradicional.

Como la comunidad indígena no se dejó someter a esto y en el 2001, producto de la minga en resistencia trazada en el norte del Cauca cuando se instauró el Plan de Seguridad Democrática, entonces se organizó la guardia indígena como un sistema de alerta temprana. Desde ese momento los grupos guerrilleros encontraron en la guardia indígena un obstáculo para someter a la población y esa resistencia es la que ha generado la confrontación directa con las organizaciones indígenas.

Aquí en Toribío todos somos indígenas y hay tres cabildos: Tacueyó, Toribío y San Francisco. Sin embargo, hay unos que estamos con la organización de los tres cabildos indígenas y otros que decidieron unirse a las organizaciones armadas.

¿Cuál es hoy su principal preocupación?

La preocupación es que la comunidad dependía, los últimos 12 años, del cultivo de uso ilícito que si bien ha sido el mayor causante de esta descomposición social, a algunas familias sí les servía para solucionar problemas mínimos de alimentación.

Mi preocupación es que ahora me van a venir a solicitar apoyo económico desde mi Gobierno Municipal y no tenemos dinero. No lo tengo por una sencilla razón y es que somos categoría sexta y los recursos de Toribío son de $51.000 millones al año, de los cuales $41.000 millones son destinados a la salud, entonces me quedan solo $10.000 millones y de allí hay que sacar $2.000 millones para el funcionamiento, por lo que me quedan disponibles solo $8.000 millones, dinero que no me alcanza ni siquiera para hacer un acueducto en una vereda.

Sumado a eso nosotros tenemos derecho al Predial de los Resguardos Indígenas que me lo debe girar la Nación, pero hasta el momento y desde el 2019 no lo han hecho. Ellos alegan que nosotros somos un resguardo de origen colonial y que por lo tanto no nos reconocen.

¿Qué le pide hoy al Gobierno Nacional?

Que es necesario un plan de contingencia con una respuesta rápida de corto, mediano y largo plazo. Es necesaria una inversión social que todavía requieren las comunidades en el sector recreativo, en vías de acceso, en infraestructura y deportes. Hoy no tenemos recursos ni para formular un proyecto.

¿Se está dando acompañamiento del Ejército a la comunidad?

Decir acompañamiento es una situación que te coloca en objetivo militar. Aquí la comunidad indígena siempre ha tratado de defenderse por sus propios medios a través de la Guardia Indígena y la movilización en minga.

El tema de la presencia militar es un asunto constitucional que ellos lo tienen que hacer de acuerdo a su conocimiento, estrategias y la capacidad que tengan.

¿Usted siente que Toribío ha estado olvidado siempre por el Gobierno?

En Toribío hemos padecido un abandono histórico, recuerdo mucho la carta del padre Álvaro, asesinado en 1984. Él le envió un comunicado al Presidente de la República de esa época ya que había tanta pobreza que le escribió a Belisario Betancur para pedirle ayuda para la comunidad indígena.

Yo no puedo negar que aquí se ha hecho presencia estatal, pero falta mucho más. Nosotros apenas logramos llegar a la Constitución Política en el año 1991, es decir, 500 años después de haber sido conquistados. Entonces desde que ingresamos a la Constitución, que fue hace un poco más de 30 años, un pueblo no puede cambiar tan rápido lo que ha pasado durante 200 años atrás en los que estuvieron totalmente abandonados.

Necesitamos que la Agencia Nacional de Tierras nos libere $10.000 millones porque son recursos propios que nos hemos ganado por ley. Si ellos me los liberan ya, podemos solucionarle a 200 familias un techo para que no se mojen ahora que viene la temporada invernal y darle apoyo a muchas iniciativas productivas que hay en la región.

¿Cuáles son esas iniciativas?

Tenemos seis líneas productivas muy fuertes e importantes. La primera de ellas es el cultivo de café, otra es el cultivo de Sacha Inchi, que es una semilla. También tenemos frutales, hortalizas, la ganadería y las especies menores.

En algunos casos hemos avanzado en la producción y la transformación, pero nos ha hecho falta saberlas comercializar.